Señores concejales de Medellín:
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, presenta a consideración del Concejo un plan parcial de desarrollo, con desconocimiento de claras normas constitucionales y legales.
Y en un hecho sin antecedentes en la historia de Medellín, se disponen los concejales a impartirle aprobación al Proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo 2020-2023 sin la presencia en las barras de ciudadanos, expertos y conocedores del tema interesados en debatir los aspectos generales y estratégicos de dicha iniciativa. Lo anterior en abierta contradicción con el artículo 2 de la Constitución Política.
Ahora bien, el anteproyecto de Plan de Desarrollo presentado al Consejo Territorial de Planeación no solo es incoherente sino que no recoge en su plenitud el programa de gobierno radicado en la Registraduría. El radicado en la Secretaría del Concejo de Medellín es un mamotreto de 923 farragosas páginas con sus anexos, que no consulta o interpreta el momento que estamos viviendo por cuenta del COVID-19, y que desconoce que después de la pandemia la ciudad no será la misma, pues sus habitantes mirarán su terruño, el país y el mundo desde otra perspectiva.
A lo largo de todo el escrito se habla mucho del COVID-19, por lo que se constituye en el tema central, pero de manera inexplicable no se pone en el centro del debate al Instituto Metropolitano de Salud (Metrosalud), hoy comprometido en un escándalo por posibles actos de corrupción, ni a UNE, ni mucho menos a las Empresas Públicas de Medellín.
Si algo ha resultado evidente con la presencia del COVID-19 es la precariedad del sistema de salud y lo perverso que ha resultado su privatización. Las sucesivas administraciones municipales de Medellín han venido privatizando algunos de los servicios que presta Metrosalud. Y siendo esta la oportunidad para fortalecerlo y ponerlo al frente de la batalla contra la pandemia, que va para largo, no se tiene ninguna línea estratégica para mejorarlo y ponerlo fuera del alcance de las garras de la politiquería y la corrupción. El hecho de llevar de nuevo a la dirección de Metrosalud a Martha Cecilia Castrillón Suarez pone de presente el poder que tienen los corruptos en la ciudad.
Además, el COVID-19 también puso al descubierto que en Colombia existían muchas familias desconectadas de los servicios públicos domiciliarios, en especial del agua potable; por efectos de la pandemia se ordenó reconectar de nuevo el servicio de acueducto. Este hecho nos debería llamar a la reflexión en cuanto a este recurso natural indispensable para la vida y que pertenece a todos los habitantes del planeta. No debería existir en el mundo un ser humano sin este derecho.
Es cierto que cuando el alcalde Daniel Quintero Calle radicó el programa de gobierno y presentó el anteproyecto de Plan de Desarrollo no conocía la presencia del coronavirus, ahora —estando en pleno desarrollo de lo que algunos han denominado como una pandemia y teniendo conocimiento de que esto va para largo rato, con pérdida de muchas vidas y consecuencias económicas devastadoras— los efectos ya los estamos viviendo con el creciente número de desempleados, el empobrecimiento de población, la inseguridad y la demanda de servicios de salud. Esto sin hablar de que numerosas familias no tendrán con qué pagar los servicios públicos domiciliarios, lo que demandará subsidios. Hablando de esto, en el estudio del Plan de Desarrollo se debe servir sobre la mesa la discusión del pago del alumbrado público por parte del municipio de Medellín, ya que está asociado con la seguridad.
Para no hacerme muy largo y porque más adelante me volveré a ocupar de este tema, ya que pretendo demostrar que el proyecto presentado es parcial y no integral, cierro esta primera parte con lo que ha dicho el Departamento Administrativo de Planeación: “Desde el punto de vista normativo, el artículo 339 de la Constitución Política de 1991 define que habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional”. Como se ve, el DNP habla de las entidades públicas, no de la administración central.
Con todo esto en mente, los concejales de Medellín le deberían solicitar al presidente Duque que modifique la fecha perentoria del 30 de mayo para su aprobación.
