La convocatoria a un acuerdo nacional, que ya cuenta con el beneplácito de casi la totalidad de los movimientos políticos, sumado a los perfiles que se proyectan para conformar el gabinete, y la posición expresada por el Presidente electo en entrevista a la revista Cambio, afirmando que se distancia de los extremos y que gobernará sin sectarismos; son señales positivas, que en un ambiente de intensa incertidumbre, generan relativa tranquilidad y un asomo de confianza, el que debería irradiarse al interior de la Fuerza Pública, los Organismos de Seguridad del Estado y también en la Reserva Activa, la más escéptica. El mandato Constitucional es claro y el deber es cumplirlo, prevalece sobre prejuicios históricos, y el único camino es contribuir, sin ahondar las tensiones, y rechazando cualquier sentimiento o brote que conduzca al desconocimiento o sublevación ante el Primer Mandatario electo legítimamente por los colombianos, en el marco de nuestra Constitución.
La Política rige el camino de las instituciones, y la coyuntura actual reviste particular trascendencia, las posiciones públicas asumidas por las cabezas del gobierno elegido, sus aliados y de la oposición, transmiten un respiro de unidad: “si nos alejamos, nos aislan y perdemos”, aducen las partes por separado. No hay duda, existe amplia convergencia para construir y disentir en armonía, alrededor del gran acuerdo nacional, en un momento neurálgico para la democracia, que exige altruismo, contrapesos y precisa observancia con responsabilidad.
Venimos de un fatídico último cuatrienio, que mantuvo a la nación en constante zozobra, con un gobierno que no logró cautivar el diálogo nacional, atrapado en el afán mediático de los resultados operativos, prisionero de una protesta agresiva y violenta, y agobiado por los bajos índices de favorabilidad al término del período presidencial. Una oposición, que a partir del 7 de agosto es gobierno, y que en campaña solo contribuyó a aumentar el caos, a entorpecer la gobernabilidad, afectando a las autoridades y sus instituciones, y bloqueando la economía, en busca de conquistar masas electorales para acceder al poder, tal como ha sucedido. Pero el pasado es pasado, y deben reconocerse los beneficios de amnistía e indulto total, otorgados otrora, a quienes se alzaron en armas contra el Estado; tienen y gozan de derechos políticos, puede no estarse de acuerdo, pero es democrático respetar y acatar la investidura legítimamente alcanzada, más aún cuando se trata del Primer Mandatario de la Nación.
Para el escepticismo, que agobia a la mitad de los colombianos, está el reflejo de lo que sucede en Chile, ad portas de la aprobación de una nueva Constitución en un ambiente de profunda polarización. El Presidente Boric ha tenido que gobernar de la mano de la Fuerza Pública, la misma que enfrentó en las protestas y que ahora utiliza para restablecer el orden social, consecuencia de la violencia y criminalidad que azotan las calles.
Revisemos de otro lado, la experiencia de Uruguay, el país más seguro y con el menor índice de violencia y criminalidad de Latinoamérica que durante 15 años, de 2005 a 2020, fue gobernado por la izquierda logrando articular un “Frente Amplio”, idéntico al “Acuerdo Nacional” que propone el Pacto Histórico. Los resultados fueron buenos y malos; por ejemplo, en asuntos de seguridad y defensa conservaron su estado Constitucional, Institucional y doctrinal, los soldados y policías, mejoraron su escala salarial en un 40%, así como su sistema de salud y bienestar familiar. Se creó el Gabinete de Seguridad Ciudadana bajo el liderazgo del ministro de Gobernación, que articula la política criminal y de seguridad pública a la par con el sistema penitenciario y con dedicación prioritaria en los territorios, sin embargo no lograron ganarle la batalla al delito que alcanzó un histórico del 35 %. Otras reformas, vinculadas a los derechos humanos, el uso de la fuerza y los estatutos de carrera, se gestionaron en consenso, con especial responsabilidad, respetando las jerarquías, la doctrina, la disciplina, la experiencia, trayectoria, y los derechos adquiridos de los uniformados a todo nivel.
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Preocupación y expectativa en los sectores de seguridad y defensa ante el nuevo gobierno, por el origen y condición de un presidente que será comandante y jefe de las Fuerzas Militares y Policía, y que desde la clandestinidad confrontó al Estado
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Es natural el creciente escenario de preocupación y expectativa en los sectores de seguridad y defensa ante la llegada del nuevo gobierno en Colombia, lo que transcurre cada cuatrienio en un país como el nuestro con instituciones profundamente politizadas. Pero el actual, es diferente, no solo por el origen y condición de un presidente electo, que se convertirá en el comandante y Jefe de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y que desde la clandestinidad confrontó al Estado, sino también, por las sistemáticas e históricas agresiones que ha proferido la izquierda contra los soldados y policías de la patria; heridas que demandan, inobjetablemente, de un proceso paulatino de aceptación y adaptación.
La incertidumbre crece con la llegada del 7 de agosto. El comandante del Ejército ya anunció su retiro, el presidente electo aseguró que hará un relevo generacional de la cúpula y ratificó la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana y Paz, iniciativa que no comparte el Colegio de Generales de la Policía Nacional. Es innegable considerar más pronto que tarde la salida de la Institución Policial del Ministerio de Defensa, es acorde a su naturaleza y coadyuva a la convivencia ciudadana; sin embargo, estudios rigurosos independientes, realizados por expertos y por la misma Policía, concluyen que este paso sería un salto al vacío; mientras no se superen las graves amenazas que aún subsisten en el país, las principales generadoras de violencia y criminalidad.
También demanda especial cuidado la reforma anunciada para crear una única escala jerárquica y de ascensos en la Fuerza Pública; modelos como estos funcionan en algunos países desarrollados, pero en Latinoamérica son escasas las experiencias y sin logros comprobados. En Colombia, la legislación permite que soldados y policías, con méritos y competencias, puedan acceder al escalafón de oficiales y convertirse en Generales de la República, de hecho, muchos lo han logrado, entre ellos hijos de suboficiales y soldados que hoy son oficiales y Generales, algunos han sido comandantes de las Fuerzas. Es crítico entonces, evitar lo que ocurrió en Ecuador, cuando el presidente Rafael Correa en su intención populista de ganarse el afecto de las bases policiales y militares, los enfrentó con el generalato, ahondó el malestar e indujo a sendos brotes colectivos de rebelión en los cuarteles, que no tuvieron mayores consecuencias.
Finalmente, el nuevo gobierno requiere extrema cautela al momento de intervenir los Servicios de Inteligencia del Estado; el primer requisito debe ser respetar la Ley Nacional de Inteligencia, conocer que funcionan los comités de actualización, corrección y retiro de datos y archivos de inteligencia, y que existe la reserva legal de la información clasificada; grave error se comete entonces, al anunciar cambios radicales que advierten decisiones de tierra arrasada y que puedan conllevar crisis inmanejables. En su mayoría los hombres y mujeres de la Fuerza Pública y de los Organismos de Seguridad e Inteligencia del Estado, han sido seleccionados en procesos exhaustivos, son fieles a sus principios y valores, y han sido educados íntegramente, en una cultura de servicio, en función del bien público, y no de intereses partidistas, ideológicos y/o personalísimos.
LPNSN: Las poblaciones de Arica y Parinacota en Chile exigen al presidente Boric la declaratoria de emergencia para contener la inseguridad. Esta semana, el mandatario chileno se encuentra en la región, liderando las operaciones contra el crimen de la mano del Ejército, la Policía de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
