Miren como pregonan tranquilidad…cuando nos atormenta la autoridad
Violeta Parra-
El pueblo colombiano no se recupera del dantesco espectáculo del pasado proceso electoral, donde la repartición de la mermelada embadurno la democracia colombiana, cuando ya enfrenta otro despropósito político del presidente Santos de no acatar las medidas cautelares sugeridas por la CIDH, a favor de Gustavo Petro. La resolución 5/2014 de la CIDH, conceptúa que el caso Petro reúne prima facie(a primera vista) los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Pretende el candidato-presidente, arropar las decisiones importantes del país con el manto de la política electoral. Esto, significa que no le importa las consecuencias de sus actos con tal de retornar al palacio de Nariño. Esta es la razón, por la cual la clase politiquera en Colombia no se encarreta con principios morales. Estos, se convierten en una talanquera para su accionar político que en más de una ocasión tienen un carácter delincuencial. No tienen “doble moral “es que carecen de ella. Con relación, a esta decisión del candidato – presidente, ha dicho el procurador Alejandro Ordoñez: “Eso era lo esperado, es un espaldarazo a la institucionalidad, es una respuesta clara respecto a la existencia de instrumentos jurídicos y constitucionales en el derecho interno, donde los colombianos podemos defender nuestros derechos y garantizar el cumplimiento y la protección de ellos”.
En estas declaraciones, se observa un cierto rasgo de cinismo, también se percibe un comportamiento perverso y un cierto dejo de arrogancia. Ante estas declaraciones, que dirán los familiares, amigos, vecinos y compañeros de militancia de la Marcha Patriótica que le han ultimado en los dos primeros años de existencia cerca de 28 de sus militantes. El caso del municipio de Buenaventura, donde las bandas criminales, narcotráfico y paramilitarismo mantienen a la población en una permanente zozobra, a pesar de la militarización. En lo que va del año 2014, han sido asesinadas 148 personas y se denuncia la existencia de casas de pique, donde se llevan a cabo macabros crímenes. Las autoridades colombianas, deben fijar su atención en el informe de la Human Rights Watch (sept-2013) donde se hace referencia a la grave situación de los campesinos reclamantes de Tierras, hostigados y perseguidos por el Paramilitarismo. O, que diremos de los asesinatos de los defensores de los derechos humanos que se ha incrementado en este gobierno. En el 2011(49) ,2012(69) y 2013(80) esa estadística demuestra en la práctica que el Estado colombiano, aún está lejos de garantizar lo más importante de un ser humano la vida. Menos le interesa, ser garante de las decisiones democráticas de un país…Menos aún, enviar mensajes de confianza a los diálogos que se desarrollan en la Habana – Cuba. ¿Quién castiga todos estos crímenes? ¿Dónde está la implacable justicia colombiana? ¿Por qué el paramilitarismo deambula por campos y ciudades?
El abogado y defensor de los derechos humanos de la Asociación Minga, Carlos Rodríguez, puntualizaba a medios de información, que Gustavo Petro llevaba más de dos décadas reinsertado a la vida democrática y que “ha cumplido a cabalidad con la sociedad”. A la burguesía no le basta eso, el problema es que no se toque sus intereses económicos. Fue, la derecha encamorrada la que tumbo a Gustavo Petro. A ella, le cabe todos los sinónimos de la palabra brutal.
El pueblo de Colombia, envió el 9 de Marzo, un mensaje público a todos los sectores de la sociedad: Estamos hastiados y cansados de una clase política implacable, con un apetito voraz. En las elecciones presidenciales, hay que darles una nueva lección democrática. Decirles en las urnas que no la tienen fácil y que no los queremos. Tres opciones utilizó el electorado-voto en blanco, abstención y votos nulo…quedaron preocupados, intentan minimizar el impacto. El ejemplo absoluto ya lo dio la isla de Barú.
