El protocolo de Kioto, adoptado en el año 1997, abrió un comercio global que impactaba directamente nuestros campos y ciudades. Aunque estaba disfrazado de un lenguaje verde, proteccionista y diminutivo, en su actuar era hostil con el medioambiente. Lo anterior como consecuencia de la lógica del mercado, que exige continuar renovando el discurso e innovando en las formas de ejecutar sus actividades, pero aun así no cambia su impacto dañino a nuestro planeta y, por antonomasia, a la sociedad civil.
Uno de los mecanismos que este protocolo avala es el tope y trueque o cap and trade, el cual permite distribuir licencias para contaminar a grandes industrias por medio de gobiernos u organizaciones intergubernamentales como la Comisión Europea. Ahora bien, causa mucha preocupación que el sistema jurídico esté amoldado a este tipo de acciones opuestas a nuestra salud y existencia como especie. El cambio climático es una realidad.
Así mismo, este protocolo da vía libre a otro mecanismo llamado sistema de compensación, estableciendo como en una balanza el daño causado y, por otro lado, la financiación de proyectos fuera del lugar donde realizan las explotaciones, específicamente por el programa de MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio); todos estos financiados por el Banco Mundial, el BID, empresas mineras, petroleras, consumidoras de energías fósiles, la mayoría con altos índices de contaminación con dióxido de carbono (CO2). Cabe recordar que las ganancias superan los 160 millones de dólares en Colombia, quedando en manos de industrias y transnacionales.
Adicionalmente, la siembra de monocultivos, como la palma africana multiplicada en miles de hectáreas, en áreas destinadas a la actividad agraria tradicionalmente es otra de las estrategias utilizadas. Por ejemplo, en la zona sur del país y en el Urabá surgieron grupos de reinsertados de filas paramilitares encargados de la protección a sangre y fuego de la efectiva ejecución del proyecto; violentando los derechos humanos de los pobladores y pequeños campesinos. Y ni qué decir de los líderes sociales, las cifras hablan solas, los asesinatos en el 2018, hasta la fecha, rondan los veintidós.
Pues bien, la solución a esta problemática desde la perspectiva global es compleja. No obstante, en los territorios puede estar la respuesta, siempre y cuando exista un gobierno que endurezca el ordenamiento jurídico, que suele ser extremadamente flexible con este tipo de intervenciones al ecosistema. Así mismo, hace falta aumentar la vigilancia y control a este tipo de mecanismos, brindando herramientas jurídicas que faciliten el cumplimiento de los derechos fundamentales, los cuales tenemos los ciudadanos, como la salud, alimentación y un medioambiente sano.
Las luchas sociales reflejadas en las consultas populares han dado buenos resultados, pero se necesita llenar los vacíos normativos que en muchos casos le permiten a las empresas explotadoras de hidrocarburos o energías fósiles salirse con la suya. Vale la pena echarle lupa a ese tema desde la ciudadanía, ya que se podrían producir cambios sistemáticos por medio de la presión comunitaria. En consecuencia, la presente generación debe actuar y la futura generación seguramente lo agradecerá.
