La educación es la vía que le permite a los ciudadanos alcanzar el desarrollo pleno de sus capacidades, del éxito de este proceso depende el progreso de un país. Este hecho, sencillo en su exposición, diáfano en su obviedad, se enturbia cuando existen intereses económicos o políticos de por medio. No es un secreto que la educación pública en Colombia no es una prioridad de este gobierno, que ya en poco tiempo ha demostrado ser lo que muchos temimos que fuera. Una de las medidas más tristes y absurdas, tiene que ver con el Programa Todos a Aprender, (PTA) el único que ha funcionado y ha mostrado resultados positivos. Este programa, que ya llega a su séptimo año, tiene como fin mejorar las practicas docentes de los profesores de educación básica en las áreas de matemáticas y lenguaje en los colegios públicos de todo el país. Las cifras demuestran su impacto, más de cien formadores, con un nivel de formación superior, maestrías y doctorados, formaron a cuatro mil tutores y juntos, desafiaron la intrincada geografía colombiana para mejorar el trabajo de 109 360 profesores y profesoras en 890 municipios. Lo que ha beneficiado a más de dos millones de niños y niñas.
De igual forma, se ha demostrado que gracias a este trabajo serio los niños y niñas han mejorado notablemente su desempeño en las áreas que trabaja el programa. Así entre 2014 y 2017, hubo una disminución importante de estudiantes de tercer grado calificados con insuficiente, tanto en lenguaje como en matemáticas. En el caso del componente de lenguaje, este bajo en 5,76 puntos porcentuales, mientras que en el componente de matemáticas, el descenso estuvo en 5,82. Otro logro relevante del programa ha sido su influencia positiva en las zonas rurales, históricamente marginadas, en ellas los resultados son sobresalientes en las pruebas Saber 3, en las cuales los estudiantes tuvieron resultados de 7,9 en matemáticas y 3,62 en lenguaje, los cuales se encuentran por encima de los resultados obtenidos por instituciones donde el programa no se puso en marcha. En este mismo sentido, los resultados en colegios urbanos son alentadores, con resultados de 3,18 y 1,14 puntos porcentuales en las áreas que enfoca el PTA, cuando se comparan a los resultados de las instituciones no asociadas al programa en las ciudades. Además de estas cifras y porcentajes, el programa ha sido seleccionado como una de las mejores experiencias en formación docente en el continente por la C.A.F y el Banco Mundial.
Esos datos, deberían ser suficientes para mantener la planta temporal de formadores que el Ministerio de Educación Nacional, en claro desacato con la Directiva de Austeridad #9 firmada por el presidente Duque, que señala, “se debe garantizar ahorro a costo cero en los procesos de contratación, así como la no creación de plantas temporales por inversión o funcionamiento”, planea eliminar al finalizar el año. Las razones, que el asesor de la ministra María Victoria Angulo González, el señor Hernando Bayona Rodríguez esboza son poco claras y la sospecha de que la intención de fondo sea tercerizar el programa crece, ya que hay varios ex funcionarios del ministerio quienes casualmente han ido conformado empresas como Enseña por Colombia o Alianza Educativa para seguir implementando el programa. Ahora bien, el problema es que, Todos a Aprender (PTA) se encuentra alineado y ejecuta un aspecto misional clave del Ministerio de Educación Nacional, a decir, "Mejorar la calidad de la educación, en todos los niveles, mediante el fortalecimiento del desarrollo de competencias, el Sistema de Evaluación y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad” con lo cual, la intención de tercerizar el programa viola la ley 1429 de 2010, que es clara en prohibir la tercerización de las actividades misionales.
Eliminar la planta temporal de formadores,
sería perder una importante inversión
realizada por el Estado colombiano durante siete años
A este hecho, se suman otros que generan preocupación, ya que eliminar la planta temporal de formadores, también sería perder una importante inversión realizada por el Estado colombiano durante siete años, en la formación de estos servidores públicos. Cómo es esto posible, cuando el gobierno habla de cuidar los recursos, de ser austeros. Resulta incoherente. Habría que investigar más a fondo qué es lo que está pasando en el Ministerio de Educación Nacional, quién se beneficia políticamente o se lucra de esto. No es acaso primordial garantizar el mandato de velar por la educación de calidad para los hombres y mujeres del futuro, que son precisamente esos niños que hasta ahora se han beneficiado de este programa. Es necesario, por el bien de la educación de nuestros niños y niñas que se explique con transparencia cuáles son los motivos que mueven a la doctora Angulo González y a su asesor, el señor Bayona Rodríguez a eliminar la planta temporal de formadores y con ello, primero, desobedecer la Directiva de Austeridad #9 y segundo, violar la ley 1429 de 2010. Son dos hechos graves que no deben pasar desapercibidos, que los padres y madres de familia de los niños a quienes este programa ha beneficiado y puede seguir haciéndolo no deben desconocer. Perder a esta planta temporal de formadores, sería un retroceso para el programa y bien puede condenarlo, sería un legado lamentable de este gobierno y un atentado contra el futuro del país que estos niños representan.
