La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó la decisión de remitir los expedientes relacionados con Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, a la jurisdicción de Justicia y Paz. Este movimiento responde a una solicitud de la Procuraduría General de la Nación, aún con Margarita Cabello a la cabeza hasta el próximo 15 de enero, tras una reciente interpretación de la Corte Constitucional que ratificó que los paramilitares no son sujetos del acuerdo final de paz, por lo que su competencia recae en Justicia y Paz.
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El procurador delegado ante la JEP, Christian Wolffhügel Gutiérrez, fue quien presentó el requerimiento en octubre de 2024. En su argumentación, Wolffhügel destacó que la interpretación de la JEP sobre el posible ingreso de exparamilitares como Mancuso a esta jurisdicción, bajo el argumento de haber actuado como intermediarios entre agentes del Estado y grupos armados, había sido descartada por la Corte Constitucional. Según la solicitud, esto reafirma que Mancuso debe ser procesado en su jurisdicción natural, es decir, Justicia y Paz.
La Procuraduría también subrayó que los exparamilitares no pueden acceder a la JEP en calidad de terceros, ya que este estatus está reservado exclusivamente para civiles ajenos a los grupos armados que participaron en el conflicto. Esta posición, impulsada por Wolffhügel, busca garantizar que las competencias de la JEP no se desvíen de su propósito original, centrado en los actores directos del acuerdo de paz con las extintas FARC.
La entrada de Mancuso a la JEP se había dado en noviembre de 2023 por cuenta de los magistrados Heidi Baldosea (q.e.p.d.), Pedro Díaz y María del Pilar Valencia. Sin embargo, esta última tuvo sus reservas e incluso terminó salvando su voto asegurando que no le parecía correcto que la JEP no asumiera la competencia total frente a su investigación.
Con la remisión del expediente, la situación jurídica de Salvatore Mancuso será manejada exclusivamente por la Jurisdicción Especial de Justicia y Paz. Mancuso enfrenta múltiples procesos por crímenes cometidos como comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incluyendo homicidios, desplazamientos forzados y otras violaciones de derechos humanos.
