Sin lugar a dudas los sectores del Estado en cabeza de la clase dirigente opuesta al proceso de paz le han hecho "conejo" al mismo, al evidenciarse el incumplimiento sistemático de los aspectos fundamentales establecidos en los acuerdos de La Habana, una de cuyas evidencias lo constituye la renuncia del secretario de la Justicia Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa; que se dio en medio de serios cuestionamientos que los los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza hicieron en su debido momento con respecto al manejo de los cerca de US$200 millones que se deberían destinar al posconflicto.
La realidad es que ninguno de los proyectos productivos que contribuirían a fortalecer la economía agrícola y pecuaria y beneficiar a la población rural han despegado en ninguna de las denominadas zonas de normalización donde tienen asiento los insurgentes desmovilizados; por el contrario muchos de los exguerrilleros desertaron de estas zonas al no garantizarse las mínimas condiciones de seguridad para sus vidas y de sus familiares, probablemente engrosando las filas de los frentes de guerra disidentes de las Farc o las estructuras de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
El panorama actual es preocupante si se tiene en cuenta que es posible que nos encontremos frente a una situación de nuevo escalamiento de la guerra por parte de estas organizaciones disidentes, dado que muchos de sus miembros consideran un fracaso el proceso de paz a raíz de la ola de asesinatos que se han realizado contra los excombatientes y reclamantes de tierras y por supuesto, el incumplimiento por parte del Estado.
Al respecto el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria contabiliza en cerca de 295 líderes reclamantes de tierras asesinados a lo largo del país. De otro lado, la Fiscalía General de la Nación en un reciente informe presentado a la Vicepresidencia de la República señala que aproximadamente desde la firma del acuerdo de paz con las Farc han sido asesinadas 50 personas entre excombatientes, familiares de guerrilleros desmovilizados y otras personas cercanas al hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Con relación a esta situación surge la siguiente pregunta: ¿es posible lograr la paz sin que se materialicen los términos fundamentales de los acuerdos en torno al temas álgidos como la estructura agraria en Colombia, la tenencia y acceso a la tierra y el desarrollo del sector agropecuario en condiciones de justicia y equidad social?
