El proceso de consolidación de las políticas públicas en América Latina no ha sido una tarea fácil, múltiples son los elementos y/o factores que han determinado, o más bien marcado, la ruta en la consolidación de las políticas públicas en los distintos países de esta región del plante tierra.
Las democracias latinoamericanas y sus sistemas gobiernos son relativamente jóvenes y han vivido unos períodos convulsos de crisis, caídas, guerras civiles, dictaduras, gobiernos de extremas, conflictos internos, etc. Además, otro cúmulo de situaciones ha marcado, sin lugar a dudas, la hoja de ruta en la consolidación de la política pública en nuestra región.
Es importante anotar que muy a pesar de estar en una misma zona geográfica, las realidades políticas de nuestros países son muy diferentes y cada una posee características que le son propias y que determinan la capacidad de sus gobiernos y de sus instituciones de consolidar y fortalecer procesos de formación, aplicación y evaluación de políticas públicas.
Son varios los retos que se presentan en América Latina en todo lo referido a las políticas públicas. El primero de ellos es el referido a la baja capacidad institucional de generar una conectividad con los gobernados. De esto resultan unos procesos de ingobernabilidad que anulan y/o aniquilan cualquier esfuerzo institucional, todo por la desconfianza ciudadana en las mismas instituciones.
Fruto u origen de la anterior situación se da en el proceso de consolidación de los gobiernos al momento de iniciar el proceso del ejercicio del poder. La expresión de que en campaña política todo vale campea libre en los procesos electorales de nuestra región. Por ello, los candidatos al momento de querer obtener el favor del electorado presentan propuestas de carácter populista, que una vez llegan al poder les resulta difícil materializar y por ende, cumplir. Así, de esta manera, empieza el proceso de deslegitimación ciudadana hacia el gobierno.
Ahora bien, otro elemento determinante en este proceso resulta ser “la incapacidad de las agencias del Estado para aplicar y diseñar las políticas, con personas capaces y la suficiente honestidad, o que cuentan con incentivos, y al haber también problemas de participación ciudadana y para informar sobre las necesidades de las capacidades locales” [1].
La capacidad técnica de los ejecutores de las políticas resulta muchas veces ser reemplazada por su capacidad política, la cual se determina o asocia a grupos de interés, componendas burocráticas, favores electorales, compadrazgos entre otros muchos factores, los cuales determinan que estos no resulten ser los hacedores y ejecutores de políticas más apropiados, lo que da al traste con el diseño y ejecución de una verdadera política pública.
Por último, y como tercer elemento dentro de los retos para las políticas públicas en América Latina, tenemos los cambios bruscos en los tipos de gobierno que regentan a los países de nuestra región. Es así como muy pocas veces el diseño de un política traspasa el periodo de un gobierno e incluso sufre variaciones considerables o cambios absolutos en los gobiernos subsiguientes al que implementó la política. Esto determina que el camino para que una política pública no sea solo de gobierno sino de estado no resulta fácil y por tanto tenemos políticas públicas con una filosofía definida de corta duración
Es en este contexto, el análisis del diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de algunos países de la OCDE resulta ser un insumo fundamental y de gran relevancia para el análisis de nuestras políticas públicas, ya que permite apropiarnos de elementos que sirven para tener unas mejores políticas públicas en nuestros países.
Con eso en mente, un primer insumo en este propósito lo encontramos en los centros de gobierno que poseen los países del OCDE, llámese oficina del Primer Ministro, jefatura de gabinete o cualquier otra designación. Son estos los que encabezan el proceso y normalmente están liderados por un técnico con profundo conocimiento de la cosa pública y por tanto, de las políticas públicas.
De otra parte, encontramos que los procesos de las políticas públicas en los países de la OCDE no son ajustados, más bien son complejos y llevan análisis minuciosos en su estructuración.
Igualmente tenemos que formulación de políticas en la OCDE está anclada en estructuras organizativas, mecanismos de coordinación y mecanismos de control. Las estructuras organizativas determinan quién realiza qué tareas y las jerarquías y límites organizativos establecen conjuntos de incentivos particulares.
Las estructuras de los ministerios sectoriales resultan ser bastante fuertes en los países de la OCDE y con una gran capacidad de iniciativa, departamentos especializados, fluidez financiera entre otros tantos elementos.
En esta misma línea encontramos el papel del legislativo en el diseño de las políticas públicas. En países como, por ejemplo, los EE. UU. el congreso tiene un fuerte capacidad de liderar e incidir en el diseño de las políticas públicas. Esto se debe en gran medida a la capacidad técnica de sus congresistas, a la vasta experiencia que adquieren en su recorrido. Estos se convierten en valores agregados que contribuyen de manera positiva en el diseño de las políticas públicas de este país.
Vistas así las cosas y con fundamento en las características antes esbozadas del diseño, implemenctación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en los países de la OCDE y su respectiva comparación comparación con los países de América Latina, consideramos que tenemos elementos suficientes para de manera paulatina ir apropiándonos de estas características a fin de poder ir consolidando unas políticas públicas con mejor estructura y diseño en nuestros territorios.
Claro está, el camino no es fácil, máxime cuando se trata de ir rompiendo con algunas costumbres técnicas y políticas incrustadas en el imaginario colectivo de nuestros territorios y que han permanecido ahí por largos periodos.
Para cerrar, ya se han ido dando pasos muy importantes que comprometen al ejecutivo, al legislativo y al judicial, que vinculan a la ciudadanía, a los organismos internacionales y a otros actores en el proceso. La tarea está apuntada a seguir avanzado en esta misma ruta para que finalmente tengamos unas políticas públicas coherentes, aplicables, realizables, medibles y que, ante todo, generen un impacto positivo en la ciudadanía.
