Durante más de dos siglos se estuvo confundiendo lo público con el Estado y este organismo con lo público, haciendo pensar que solo lo del Estado es lo público. Sin embargo, desde los años ochenta para acá, cuando se sacó lo público del seno del Estado y se trasladó al mercado, se ha vuelto a retomar el concepto original de lo público que es tan antiguo como la humanidad misma. Lo público es lo de interés general que nos compete a todos.
Siendo así este concepto, el fútbol es un bien público por donde quiera que se le mire: si lo miramos con el enfoque de los precios, cumple los dos requisitos exigidos para los bienes públicos como son, el principio de no exclusión y el de no rivalidad; y si lo miramos con el enfoque del valor, cumple la regla básica de tener dependencia con la ley natural.
No obstante, el fútbol profesional colombiano ha estado siempre privatizado, en manos de unas mafias que no dejan de mostrar escándalo tras escándalo. Un presidente está preso en Estados Unidos y ya se está investigando al siguiente por el fraude en la venta de boletas para ver la Selección Colombia. Los futbolistas son manejados como mercancía para enriquecer empresarios y ahora resulta que tratan a las patadas al fútbol femenino, que le ha dado al país, mejor prestigio que el masculino. Las chicas súper-poderosas, que llaman, han tendido logros superiores a la selección masculina, pero el movimiento de capitales y sumas de dinero es menor en la rama femenina, de modo que los patanes de la dirigencia les dan trato de segundo nivel.
Es cierto y muy reconocido que los dirigentes de este deporte en Colombia son de muy mala calidad. A pesar de que el nivel deportivo de los jugadores se ha elevado y el fútbol colombiano está bien posicionado en la esfera internacional, estos guaches de la dirigencia son inferiores a las exigencias del nivel deportivo. Solo los mueven sus intereses monetarios y sacrifican el carácter público que tiene este deporte, sin ética pública y sin consideraciones sobre el interés general o bien público, que encierra la disciplina deportiva.
Como los fondos que se mueven alrededor de este deporte son aportados por todos los colombianos, la comunidad nacional tiene las competencias ciudadanas para exigir la intervención del Estado, buscando el ordenamiento, la racionalidad, la ética, la transparencia y la moralidad que debe tener la administración de los bienes públicos aunque estén en manos privadas. El atropello que han cometido con las mujeres futbolistas, acabando con la selección de mayores porque abrieron la boca y denunciaron a esos bárbaros, como ese presidente de un club que dijo que eran lesbianas, alcohólicas y que no producían ganancias, ya ha rebosado la copa y es hora de que, a pesar de las imposiciones de la multinacional Fifa por encima de los Estados y las leyes nacionales, el Estado colombiano deje la tolerancia y como responsable de regir los procesos públicos, reconozca que es hora de intervenir el fútbol profesional.
