Los choques entre periodismo y sociedad civil no son nada nuevo, se han suscitado desde el siglo XIX quizá. La llegada del “cuarto poder” ha tenido defensores y detractores desde siempre, pero en Colombia lo ocurrido recientemente nos muestra unos grados de polarización y rompimiento de diques éticos sin parangón en nuestra historia.
Hay una confrontación que supera las barreras que marcaron las épocas de la prensa bipartidista (liberal y conservadora), alimentada desde los 60 con la aparición de los medios de cada partido o movimiento de izquierda (Voz, Tribuna Roja, etc.), hasta las organizaciones armadas ilegales distribuían sin mayores problemas sus publicaciones. La línea la marcaban los dueños del medio, que eran editorialistas y censores internos, aunque hipotéticamente no existiera la censura. Medios liberales y conservadores superaban diferencias para defender el gobierno de turno si ello implicaba la defensa del establecimiento; los medios de izquierda coincidían en el ataque al sistema político y fundamentalmente a alimentar el canibalismo entre las dispersas expresiones del marxismo-leninismo.
De ese periodismo partidista pasamos al periodismo militante, ese que se define como el que busca construir poder para incidir sobre la realidad y que abandona la objetividad en la búsqueda de la verdad para construir una verdad a partir de su interpretación subjetiva de la realidad sobre la que pretende informar. Por ello, diversos autores como Emilio Matei, o en Colombia Juan Gossaín, cuestionan con razón que la condición de periodista militante es antagónica con lo que debería ser parte del código de ética de la profesión.
Frente a los escándalos de corrupción o a las políticas de gobierno, el periodista militante asume partido desde su personal interpretación de los hechos o las propuestas, para defender a ultranza aquellas que se identifican con su propio pensamiento y descalifica con sectarismo las que le son contrarias, coadyuvando a crear ese clima de polarización del cual termina siendo víctima por obvias razones.
El periodismo actual parece haber hecho piedra angular de la tesis de Noam Chomsky que señala: "El concepto libertario es que la prensa debería ser independiente y, por lo tanto, un contrapeso del poder centralizado de todo tipo". Es allí donde se pierde la objetividad connatural al derecho a una información veraz e imparcial. Al respecto señala Matei: "Sé que el argumento que se ejerce en contra de esto es el de que la objetividad es inalcanzable. Pero el no poderla alcanzar no la invalida en absoluto. Véase si no al límite en sentido matemático. Es decir, lo que nunca se alcanza, pero siempre se puede aproximar un poco más. Si esta concepción de la objetividad no fuera cierta, no existiría la posibilidad de desarrollos tecnológicos basados, por ejemplo, en el análisis matemático. Dicho de otro modo, lo objetivo está definido por una aproximación teórica que solo la práctica puede confirmar y que casi siempre resulta acotada a una parte y jamás a la totalidad”. Ese absolutismo del periodismo militante constituye realmente un pseudo periodismo que traiciona conscientemente a la verdad en función de intereses particulares.
El problema se agrava cuando el periodismo militante se troca en periodismo al mejor postor, toda barrera de contención ética salta por los aires y el derecho a la información se anula por completo; el formador de opinión no crea poder a partir de su interpretación subjetiva, sino que construye poder para incidir en la realidad que el gobernante de turno o el poder económico quieren crear.
No es coincidencia que los cuestionados contratos de pedagogía de la paz que a manos llenas otorgó el gobierno de Juan Manuel Santos para dividir al país entre amigos y enemigos de la paz tengan a sus beneficiarios entre esa legión de medios y periodistas que descalifican y satanizan cualquier opinión contraria al modelo de paz con las organizaciones armadas ilegales que él quiso instituir como política de Estado y que se expresan incluso en banalidades grotescas como las que en estos días comprometieron a una cadena radial y a una de sus periodistas, convirtiendo hechos de la esfera íntima de las personas en comidilla vulgar de la galería, iniciados por el afán mediático de destruir a una persona y que terminaron envolviendo a otros, sin miramiento, ni consideración a terceros que injustamente se vieron afectados por el espectáculo.
Rechazamos dos trinos insultantes contra la periodista que aparecieron en el Twitter de la directora del Centro Democrático; pero esta presentó las debidas disculpas y el joven que los emitió fue cesado en sus funciones. En cualquier lugar del mundo civilizado, ello habría zanjado definitivamente el problema, pero la cadena radial, la periodista y el gremio que se solidarizó con ella encontraron en ese hecho un motivo para una cruzada mediática contra el partido político y contra su figura más significativa, azuzando una oleada de agresiones de uno y otro lado que no hacen ningún bien a la sociedad y dejan sin efecto el mandato del art. 20 de la Constitución sobre la responsabilidad social de quienes ejercen el derecho a difundir pensamientos y opiniones.
Fue mucho más grave el trino de un reconocido caricaturista, convertido en icono de ese periodismo militante, que invitaba a silenciar al expresidente Uribe, habida cuenta de los alcances que ese término tiene en un país violento como el nuestro; sin embargo, no hubo repudio alguno, no hubo advertencias de la FLIP, ni de otra organización de derechos humanos y todo quedó como si esa expresión violenta no tuviera mayor relevancia y su promotor incluso goza de esquema de seguridad porque se sintió amenazado cuando airadamente los ciudadanos respondieron su trino. Esa doble moral alienta esa polarización de la que se aterran nuestros respetados periodistas.
Ojalá, los llamados al autoanálisis y a la adopción de conductas éticas que se han hecho en los últimos años dentro del mismo gremio periodístico tengan alguna receptividad; pero no para consolidar ese periodismo militante, sino para recuperar la grandeza de la profesión respetando ante todo el derecho de todos los ciudadanos a recibir información veraz e imparcial como reza en la Constitución.
