En las monarquías, especialmente absolutas o autoritarias, los miembros de la familia real disfrutaban de una serie de privilegios y beneficios especiales que les otorgaban un estatus superior de clase privilegiada sobre el resto de la población.
En el estado de derecho, estos beneficios están superados y toda persona de la familia del gobernante debe ser tratada como un igual, que recibe trato justo, es inocente mientras un juez o tribunal declare lo contrario en caso de faltas, recibe total respeto por su dignidad, honra y buen nombre.
En democracia la familia e hijos de los gobernantes y autoridades no pueden tener privilegios, ni mejores o peores garantías a derechos.
Desconcierta que, en Colombia, durante los 213 años de gobierno de las elites, estas aceptaran la dependencia de Estados Unidos, pero sin abandonar la condición de clase privilegiada rechazada allí en 1791.
Se mantuvieron como sí nada las costumbres, leyes, programas y empatía (por negocios o ideología entre medios y gobernantes), para reforzar los privilegios de pocos sobre los demás y naturalizar la idea de que los hijos y familiares de los gobernantes de élites, están destinados a gobernar, ocupar altos cargos del estado, educarse donde quieran, tener la mejor asistencia sanitaria, fundar empresas y seguir la arrogante regla del “usted no sabe quién soy yo” o “ser gente de bien”, que solo aplica para ellos, quien siendo de los “otros” quiera igualarlos recibirá odio, violencia.
Entre los privilegios más comunes de la monarquía (que parecen vigentes en Colombia) contaba tener riqueza y propiedades sin límites, grandes extensiones de tierras acumuladas a lo largo de generaciones con poder.
Estas propiedades podían ser otorgadas por el rey o heredadas por la línea de sangre. En este siglo XXI las élites se han acomodado este beneficio. RCN en 2013 señaló que “asesores del alto gobierno, como Néstor Humberto Martínez o José Leibovich, estarían impedidos para opinar sobre inversiones realizadas, puesto que han estado relacionados con Corficolombiana, sociedad que pertenece a Luis Carlos Sarmiento Angulo” poseedor de predios con antecedente de baldío en la Orinoquia, en medio de compras irregulares (pero legales), al tiempo que se advertía del despojo de más seis millones de hectáreas a campesinos por paramilitares y parapolíticos, y resultaba también señalado “el exvicepresidente, F. Santos en posesión de tierras baldías.
Otro privilegio real era el disfrute familiar de la Inmunidad legal, que los ponía a salvo de la cárcel, la sanción social y el delito, estaban exentos de ser juzgados por tribunales normales, no podían ser procesados ni castigados por la ley como cualquier otro ciudadano. La familia Pastrana fue cuestionada por “negocios turbios”.
El ministro consejero Pastrana Gómez en 1993 reconoció ante la DEA que “Yo estoy en capacidad de lavar unos dos millones de dólares semanalmente a través de bancos uruguayos, argentinos y colombianos” y su otra familiar Claudia Vanegas Pastrana fue capturada en 1988 con 13.803 gramos de cocaína, y su ministra de comercio Martha Lucia Ramírez, luego vicepresidenta de la seguridad democrática de AUV, no informó que había pagado una fianza de 150.000 dólares por su hermano preso por narcotráfico en USA.
El mismo padre y familia Uribe no escapan a privilegios de inmunidad, Tom y Jerry fueron señalados de servirse de viajes y despachos, por negocios con tierras compradas por 16.000 dólares y valorizadas por 1.6 millones de dólares, convertidas en zonas francas con mediación del ministro y posterior candidato presidencial O. Zuluaga y otros altos cargos (ABC, rápido enriquecimiento de los hijos de Uribe, mayo de 2009) y de quienes apenas adolescentes se presume que en menos de una década acumularon más de tres mil millones de dólares (R. Bejarano).
El presidente Uribe mismo fue reelegido a través de un delito que permitió el cambio la constitución de 1991, de sus hijos defendió los privilegios diciendo que no estaba de acuerdo con esos negocios y en intervención pública amenazante reafirmó la inmunidad.
Las familias reales a menudo estaban exentas de pagar impuestos, y en la evasión y elusión actual siempre aparecen las élites, igual que en la mayor parte de contratos del estado recibiendo elevadas sumas al inicio de las obras, cometiendo desfalcos, apropiaciones, detrimentos al estado y participando de los sistemas y redes de corrupción que superan pérdidas superiores al 20% del PIB.
Otro factor de privilegio era la entrega de títulos nobiliarios y honores especiales, recibidos por miembros de la familia real, que simulan un estatus superior en la jerarquía social. Esta práctica a discreción reitera mensajes de superioridad de la familia y de los “delfines”, herederos de cargos, posiciones y estatus (Pastranas, Uribes, Gavirias, Galanes, Valencias, Holguines, Gómez, Lleras, Char) quienes per-se, tienen asegurada su llegada a cargos políticos, militares, económicos y diplomáticos con preferencial acceso.
Los “delfines” de las élites son la sustancia del nepotismo y la consolidación del poder en su desarrollo político hereditario y de sucesión, a la manera de dinastías y clanes, que defienden el acceso al poder político reservado solo para ellos y sus familias, con inmunidad, sin ser evaluados, como el resto en sus condiciones y méritos individuales, en detrimento de igualdades, participación ciudadana y rendición de cuentas, con independencia del linaje familiar.
Los otros, nadies y excluidos del tratamiento privilegiado están vetados para “imitarlos”, si cometen errores no tendrán inmunidad, serán el menú del escarnio y la diversión. Así que jóvenes como Nicolas Petro, serán lapidados, inocentes o no, porque carecen del linaje de élites y su consecuente inmunidad (impunidad).
Nicolas es conejillo para la diversión y carnada para atacar al padre presidente y su familia, en ejecución de una técnica obsesiva de odios, que le hace daño al país, a la paz en curso y a las reformas basadas en derechos. La monarquía en su juego político envenenaba y aniquilaba contendores y hoy la acorazada “oposición” está destruyendo la unidad de la nación, creando la falsa idea sobre delitos de sangre inexistentes.
Colombia es una democracia y el presidente fue elegido para sentar las bases de un gobierno popular, basado en derechos, libre de herencias de poder y cargos, sin inmunidades, sin privilegios. Podrá haber escarnio, al hijo, pero el presidente es y seguirá siendo jefe del estado y del gobierno y merece respeto y apoyo por el bien y la paz del país.
