Giuseppe Tomasi di Lampedusa escribió a principios del siglo pasado en la novela El Gatopardo la famosa frase: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. En castellano resulta una frase seca, acerada, terriblemente cínica, como lo describe el periódico Vanguardia en alusión a dicha obra (*). El exvicepresidente Germán Vargas Lleras anunció pomposamente hace dos semanas, en su columna en El Tiempo, su respaldo al proyecto de reforma a la salud, presentado al Congreso por el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, junto con la bancada del partido Cambio Radical. El nieto de Carlos Lleras Restrepo está reviviendo el fantasma del príncipe de Lampedusa al respaldar una reforma en la cual se le hacen retoques a la Ley 100 de 1993 para dejarle incólume su naturaleza privatizadora y profundizar la intermediación financiera a través de las EPS, incluso entregándole más prorrogativas al sector privado.
Una de las situaciones que ha permitido que la pandemia del nuevo coronavirus haga de las suyas y provoque grandes sufrimientos a la población, además de las políticas neoliberales y de libre comercio, y como parte de ellas, es la destrucción del sistema sanitario, el debilitamiento de las instituciones públicas y privadas de salud, la negación de los más mínimos derechos a sus más de ochocientos mil trabajadores vinculados, la falta de atención a millones de colombianos en cuanto a tratamientos, pruebas diagnósticas y suministro de medicamentos, para no hablar de la inexistencia de la prevención de las enfermedades. Pero el lucro a chorros es para los intermediarios financieros de las EPS, que tienen su peaje bien montado, de tal forma que cuanto menos servicios, tratamientos y medicamentos para los usuarios, más se multiplica el margen de utilidad para ellos.
La Procuraduría General de la Nación acaba de destapar las cifras gruesas de la inequidad en esta materia: las deudas con IPS públicas, privadas y mixtas ascienden a $40.1 billones; de los cuales las EPS activas deben $19.5 billones, y las EPS inactivas o en liquidación $4.6 billones (60% de la deuda total) (**).
Reforma de Vargas Lleras
La propuesta del nuevo aliado del presidente Duque mantiene la estructura de las EPS y crea el concepto de Alianzas Público Privadas (APP) en la salud para que “las entidades privadas puedan construir, dotar, operar y administrar en forma delegada hospitales públicos”. Establece un modelo laboral por contrato privado y crea un Fondo de Fomento que atenderá problemas de pagos entre aseguradores y prestadores. Habrá depuración de las 37 EPS, liquidando las insolventes. Es decir, el alma neoliberal de la Ley 100 de 1993 queda incólume: aseguramiento de los usuarios en las EPS por donde tendrán que seguir pasando los inmensos recursos de la salud por una intermediación que no se requiere en absoluto. No resulta difícil predecir que se perpetuarán los males crónicos que llevamos padeciendo desde hace casi treinta años.
Una de las principales enseñanzas de la pandemia es la necesidad de un replanteamiento total en el modelo económico del país, a fin de defender la producción nacional, la soberanía y los derechos democráticos de las mayorías a un trabajo digno y al bienestar social. Y en cuanto a la salud, se necesita un sistema que privilegie la atención primaria, como también la promoción y prevención en el territorio, en barrios, municipios y veredas. Se trata de llevar la salud a donde está la gente, en lugar de poner el acento, como ahora, en la hospitalización, la enfermedad, la facturación y el negocio. Un sistema sin intermediarios, con afiliación universal, sin aseguramientos perniciosos, de naturaleza pública y sin el móvil de las utilidades. El príncipe de Lampedusa pretendía cambiarlo todo para que no cambiara nada. Lo que Colombia necesita es un verdadero cambio, de raíz, sin eufemismos y sin los engaños a los que nos tiene acostumbrados Duque. El 21 de noviembre de 2019 fue el toque de clarín por estas exigencias, el cual volverá a retumbar en toda la nación.
* Que todo cambie para que todo siga igual
