Si uno hace al ejercicio de preguntarle a sus amigos más cercanos "qué le aportas tú al país" se lleva la más grande sorpresa. Casi nadie tiene argumentos para responder, porque pocos saben que el Estado colombiano somos todos los ciudadanos, además de los territorios y riquezas de la nación, y las instituciones creadas por aquel instrumento cívico diseñado por la gente (poder constituyente primario u originario que generalmente delega en un poder constituyente derivado su elaboración) que se llama constitución nacional y que se expide con carácter jurídico-político para el correcto funcionamiento de la sociedad. A esa constitución quedamos sometidos por común acuerdo todos los ciudadanos y las autoridades que designamos para cumplirla, y hacerla cumplir.
Entonces, por voluntad popular, decidimos quién debe representarnos en el gobierno y en el legislativo, y en consecuencia, en la Justicia, en los organismos de control, en la organización electoral y demás instituciones por delegación constitucional a otras instancias, por lo cual, todas esas autoridades deben estar siempre al servicio exclusivo del ciudadano, y no al contrario, como lo ha aceptado la ignorancia colectiva.
El poder lo tiene es el ciudadano, que decide quién debe ser su mandatario (local, regional o nacional), no quien lo manda, sino lo contrario, porque mandatario es la persona que, mediante decisión de la gente acepta el encargo de representarla en todos los actos jurídicos, políticos y de administración pública, entre ellos, gestionar los recursos económicos que son aportados también por cada uno de sus electores, y demás ciudadanos que sin elegir también pagan impuestos, no solo por declaración de renta, sino desde el instante en que despierta para ir a una tienda a comprar un pan, hasta cuando, de nuevo, tiene que acostarse a descansar en un colchón por el que también tuvo que pagar impuestos para usarlo.
Por ejemplo, los colombianos le entregaremos a Duque para las inversiones del 2021, un promedio de 314 billones de pesos; los caucanos al gobernador Larrahondo, un billón 180 mil millones de pesos, aproximadamente; y a Lucy Amparo, la alcaldesa de Santander de Quilichao, mucho más de 100 mil millones de pesos. Es su obligación invertirlos exclusivamente en beneficio de los ciudadanos y a su vez, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad social de vigilar y exigir que esos recursos públicos se administren con total honestidad y transparencia en el beneficio social.
En este orden de ideas, el colombiano del común, en medio de su ignorancia, cree que es un determinado líder quien le debe resolver su vida y se entrega ciegamente a pedirle favores o limosnas, le entrega el poder, lo endiosa, y a veces, hasta se hace matar o mata por su interés en convertirlo en amo de todos, contrario a como debe funcionar una democracia, que es la organización social que todos decidimos, donde la titularidad del poder debe siempre pertenecer al conjunto de la ciudadanía.
Si la gente ignora esto y no sabe qué aportarle al país, a la nación, se va destruyendo la convivencia, se van imponiendo supuestos jefes que eliminan la separación de poderes, que absorben todos los organismos de control y hasta las fuerzas militares y de policía pierden su naturaleza nacional y pasan a ser organismos al servicio exclusivo de un grupo político, que inclusive, asume como propia la Justicia y la intenta reformar a su amaño y conveniencia. Lo más grave, que la gente no nota, es que luchan por todos los medios para mantener vigente esa ignorancia que los favorece, gracias a la pereza mental de los muchos ciudadanos que necesitaron que alguien piense y tome decisiones por ellos. Así es como se alimenta la corrupción porque los presupuestos y las riquezas nacionales, dejan de ser públicos para convertirse en botín de quienes ganan elecciones. Entonces, se “las reparten” según criterios excluyentes y estigmatizaciones generalizadas.
Es increíble el daño que puede hacer un ciudadano que resuelve no aportarle al conjunto social de la Nación, que no actúa porque dice que no le interesa la política, que es lo que necesitan quienes lo despojaron de su poder natural. Y esta situación se agrava porque la educación también la diseñan para “fabricar” burócratas profesionales al servicio de gobiernos inmorales o del gremio de contratistas que soportan a esa clase “privilegiada” sustraída del origen constitucional, del poder democrático.
Cambiar este ritmo de padecimientos que resiste Colombia no es imposible. Lo que hay que cambiar es el esquema mental y nuestra actitud frente a las responsabilidades cívicas. No se hace de la noche a la mañana porque no es fácil que la gente entienda y utilice su poder sin el producto del narcotráfico y la corrupción que compra de forma masiva votos en las elecciones. La ignorancia seguirá vigente si no nos proponemos superarla. Tampoco es con una violenta revolución armada, ni con guerrillas, ni con paramilitares, porque eso simplemente nos conducirá al cambio de amo. Menos, con las respuestas emocionales e irracionales que imponen los manipuladores de la conciencia ciudadana para conseguir resultados favorables a protervos intereses.
Desde 1819 (independencia), Colombia ha tenido 59 presidentes, casi ninguno auténticamente popular, lo que podría interpretarse como un desprecio absoluto del poder gobernante por el pueblo, por la gente, por las clases populares que son las que los soportan. Todos han dependido del poder económico, de las armas, del supuesto prestigio familiar o de la universidad que los fabrica… ¿pero que la gente haya hecho uso de su poder constituyente?, ¿de su verdadero poder democrático? Eso no ha ocurrido. Es decir, que las clases populares deben retomar sus obligaciones constitucionales y no seguir dejándolas en manos abusivas.
Ahora hay que enfrentar ese poder caduco con nuevas opciones. Yo pensaría, por ejemplo, que Elías Larrahondo Carabalí, primer gobernador afrodescendiente del Cauca, por su inteligencia, formación profesional, experiencia administrativa, contacto permanente con la gente, deseos inmensos de servir, verdadero arraigo popular, aprecio que ha sabido conquistar por su carácter, seriedad y responsabilidad social, juventud vital, respeto y capacidad de relacionarse con otros factores de poder nacionales e internacionales, y sobre todo, autoridad moral, y conocimiento de la economía nacional, podría ser en un futuro cercano un merecedor de la confianza pública nacional para llevarlo a la presidencia, y demostrarle al universo que la democracia no es solo una codificación desechable sino que es el poder de la gente decidiendo su propio futuro en perfecta armonía y aceptando todas las diferencias sociales, personales, económicas y hasta raciales, que nos permitan soñar con volver a hacer de Colombia un pueblo que perfectamente pueda ser feliz de verdad, con educación, capacidad para el trabajo independiente a partir de una verdadera formación profesional para la creación, con autonomía para los campesinos proveedores de alimentos para todo el mundo y en un país que respete sus riquezas naturales para poder garantizar calidad de vida para todos.
Ya les dimos la oportunidad (o se la arrebataron) 59 personajes que fungieron como presidentes de esta República, muchos sin las condiciones que acabo de enumerar, al contrario. Propongo este perspicaz ejercicio democrático para que nos demos cuenta de que sí tenemos opciones si hacemos uso de nuestra plena libertad. Tenemos que volver a repensar y trabajar por nuestro futuro y el de nuestras familias, sin exclusiones, ni estigmatizaciones.
