El miércoles 24 de febrero el Presidente Santos visitó la Universidad de los Andes sin que los estudiantes uniandinos supieramos que así sucedería. Solo minutos antes de la llegada del Presidente, de manera ágil, algunos estudiantes elaboramos una pancarta cuestionando que el mandatario niegue la crisis económica que afronta el país mientras el grueso de colombianos la está viviendo y el gobierno ejecuta medidas que descargan sobre los hombros de las mayorías los costos de la crisis.
El desenlace de la protesta respetuosa y pacífica frente al Presidente es conocido por la opinión pública: Santos respondió de manera despectiva frente a los cuestionamientos y censuró la libre expresión de sus opositores, tal como sistemáticamente lo ha hecho durante los últimos 5 años con los reclamos de los estudiantes y con otras expresiones sociales que lo han llamado al debate.
Sustentado en un dogma, Santos lleva 25 años insistiendo en que el país saldrá adelante mediante la especialización en la explotación petrolera y minera, en perjuicio de la producción nacional agraria e industrial. Hoy la realidad se encarga de contradecirlo. Tras la caída de los precios internacionales de los commodities Colombia sufrió un fuerte desbalance comercial y fiscal, además de un déficit en la cuenta corriente de 7,7% del PIB ¡El más alto del mundo! La crisis que será imposible de resolver en el marco de este modelo económico.
El banco JP Morgan ha clasificado a Colombia como una de las cinco economías más frágiles de los denominados “países emergentes”. Ello se debe a la alta dependencia del país a los hidrocarburos y minerales, y a la decisión de haber concentrado la renta minera en pocas manos, principalmente extranjeras, antes que trasladarla a sectores productores de valor agregado como la marchita industria nacional, la quebrada agricultura o la inexistente producción tecnológica.
Por su parte, Standard & Poor´s bajó la calificación crediticia del país, de estable a negativa. Para esta calificadora de riesgo, Colombia vive con dinero prestado que su economía es incapaz de producir, acrecentando el riesgo al retorno de la rentabilidad del capital. Mientras se cierne un oscuro panorama en la economía, Santos vendió un activo fijo de la nación, como lo era Isagen y planea desmantelar otras empresas de sectores estratégicos como Ecopetrol. Además, se anuncia una reforma tributaria hecha a la medida de los acreedores del país pero que aprieta, aún más, el cinturón a los colombianos.
La oposición a la política económica y social del Gobierno no se debe malinterpretar con la posición que se asume frente a la paz. En ese orden de ideas, estoy de acuerdo con los diálogos de paz, cuando llegue el momento votaré sí para garantizar su materialización. Pero lo anterior no significa que con ello se resuelvan todos los problemas del país o que debamos guardar silencio frente a la pésima forma de gobernar de Santos en materia económica y social.
Si la crisis económica es grave, peor es que se la pretenda seguir ocultando a los colombianos, más si se emplea la censura para dicho fin. Los estudiantes de la educación superior tenemos el derecho de disentir, pero sobre todo, a plantear el debate sobre el futuro de nuestro país. El rechazo a las medidas del gobierno crece entre jóvenes de colegios y universidades públicas y privadas, empleados y desempleados. Invito a que sea ésta la generación de jóvenes, hombres y mujeres, de distintos estratos, regiones y afinidades políticas, a que se tome en serio el respeto por la democracia y la tarea de construir un país mejor.
