Tras cinco años de negociaciones en La Habana, y la incertidumbre generada por el rechazo del pueblo colombiano a los Acuerdos de paz, la solución del conflicto entre el estado colombiano y las FARC parecía encarrilada en noviembre de 2016 con el refrendo del Congreso de la República. La situación un año después no puede ser peor.
En el último año más de 140 líderes campesinos, sociales y comunitarios han sido asesinados y, desde que las FARC entregara las armas a mediados de agosto, alrededor de 40 exguerrilleros y familiares han sido liquidados por parte de la fuerza pública y de los paramilitares. En este ambiente de desconfianza e incertidumbre, el pasado 25 de octubre se ponía en marcha un paro campesino -llamada “minga nacional”- que ha sacado a más de 100.000 personas a la calle en 24 departamentos del país exigiendo el cumplimiento de lo acordado en La Habana en materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de desarrollo de sus comunidades.
Pero el foco mediático hace tiempo que ha abandonado a Colombia. Los asesinatos y las protestas campesinas están poniendo de manifiesto la violencia estructural existente en Colombia. Hechos que demuestran que la paz no viene dada con la firma de un texto si los actores responsables del conflicto no se comprometen a cumplir lo acordado. Esta es una de las cuestiones que viene denunciando la reconvertida FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), quien pide la liberación de los cerca de 1.000 guerrilleros que aún quedan en la cárcel -según lo estipulado en los Acuerdos de paz- y la implementación de las medidas más urgentes que caducan a finales de este mes de noviembre.
De todo ello, charlamos con Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, y una de las figuras fundamentales para la consecución del (esperemos) acuerdo definitivo de paz que cierre las heridas todavía abiertas en el país cafetero.
La FARC acusa al Gobierno de estar contraviniendo lo estipulado en los acuerdos de paz. ¿Qué está ocurriendo con lo pactado en La Habana?
Que se está incumpliendo el acuerdo es algo que están poniendo de manifiesto la propia misión de Naciones Unidas, el mecanismo de monitoreo y verificación y todos los observadores y organismos encargados de hacer la revisión del cumplimiento del acuerdo. El acuerdo contiene un periodo de ejecución de 10 años y una obligación de cumplimiento por parte de todas las autoridades colombianas de 12 años. En uno de los apartados se contemplaban las medidas más urgentes que debían ser implementadas en el primer año desde la firma del acuerdo. Nos quedan 20 días para que concluya el mes de noviembre, que es cuando se cumplirá el primer año, y de esas medidas que se contemplaban no se ha implementado más que un 20%.
¿Cuáles son esas medidas que se tenían que cumplir en el primer año?
Lo más preocupante es que no se han implementado medidas esenciales que atañen a las causas del conflicto. No se ha implementado nada respecto a la reforma rural y los programas de sustitución de cultivos ilícitos, todos sabemos que el conflicto surge por un problema de acceso de tierra de los campesinos y la acumulación de tierras en muy pocas manos. Respecto al programa de participación política y de erradicación de la violencia de la política, en Colombia cualquier fuerza alternativa que ha surgido en el último siglo ha sido exterminada en el momento en el que ha pasado a tener un apoyo popular importante. Es el caso más reciente de la Unión Patriótica que fue exterminada con más de 3.500 asesinados, incluyendo la gran mayoría de representantes públicos. Esta ha sido la tónica habitual y por ello era urgente la erradicación de la violencia de la política y la reforma del sistema electoral.
¿El Estado no está en condiciones de poder garantizar la participación política de la FARC sin violencia?
Una de las medidas fundamentales era la creación de instituciones que acabaran con el paramilitarismo, que es un problema estructural en Colombia. Las FARC hicieron una propuesta al Estado básica, como era que se prohibiera el paramilitarismo, porque Colombia no había una norma que prohibiera este terrorismo. Finalmente se ha acabado acordando con rango constitucional, pero no se han hecho los desarrollos en el Código Penal. La justicia ordinaria se ha mostrado completamente inoperante, tiene 15.000 casos sobre paramilitarismo y estas investigaciones no se están llevando a cabo. Es algo fundamental que está directamente relacionado con el encallamiento del acuerdo.
El conflicto por el acceso a la tierra fue uno de los factores determinantes para el inicio de las FARC. ¿Por qué el Gobierno no da prioridad a una de las causas históricas de conflicto?
Partíamos de la premisa de que los seis millones de hectáreas que habían sido robadas violentamente a los campesinos, usurpadas por terratenientes usando grupos paramilitares, iban a ser de imposible recuperación. Por ello, el Estado se comprometía a poner a disposición de los campesinos que se quedaron sin tierra 10 millones de hectáreas. No hay por el momento ni una sola norma aprobada para garantizar este punto ni las destinadas a la sustitución de cultivos ilícitos. Hay que tener en cuenta que las zonas donde los campesinos cultivan hoja de coca son zonas abandonadas por el Estado dónde únicamente acuden a comprar las organizaciones mafiosas que se dedican al tráfico de estupefacientes. Este es un problema que afecta a cientos de miles de campesinos en Colombia, que ni mucho menos se enriquecen ni obtienen un precio equiparable al que se produce con la comercialización de la hoja de coca.
Uno de los puntos que ha suscitado mayor rechazo e intentos de modificación ha sido la llamada “justicia especial para la paz”, porque se consideraba que garantizaba la impunidad para los guerrilleros.
El acuerdo establece la amnistía para todos los guerrilleros por aquellos delitos que son políticos, no de sangre. Eso no es ninguna ocurrencia de las FARC, es la aplicación estricta del derecho internacional y de las Convenciones de Ginebra, que dice que a la finalización de un conflicto armado interno se otorgará la amnistía más amplia posible a todos actores del conflicto. Se están incluyendo modificaciones que tienen como finalidad garantizar la impunidad de los que siempre han disfrutado de ella, que son los civiles que siempre han estado beneficiados del conflicto, y que solo se conozcan las responsabilidades derivadas de la guerrilla. El acuerdo era para resolver la responsabilidad de todos los actores del conflicto teniendo en cuenta que, según dice la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o los propios datos de la Fiscalía General de la Nación, quienes no ha disfrutado de impunidad en Colombia son precisamente los grupos guerrilleros. Es el único actor del conflicto que el Estado se ha encargado de perseguir intensamente y ha obviado los crímenes cometidos por la fuerza pública y el paramilitarismo.
¿Quiénes son esos civiles que se han aprovechado del conflicto?
Las empresas multinacionales que se dedican a grandes proyectos agroindustriales o extractivos se han enriquecido con la guerra y no les interesa que acabe la guerra porque, mientras ha existido, han ocupado las tierras violentamente y han expulsado a los campesinos. Es obvio que estos sectores son los que están poniendo más impedimentos porque se resisten a perder los privilegios que han tenido y los mecanismos de acumulación de riqueza. En Colombia está acreditado que empresas como la United Fruit o Coca-Cola han tenido a su disposición grupos armados paramilitares para proteger sus intereses exterminando a los líderes sindicales y desplazando a las poblaciones de aquellas tierras que ambicionaban para sus proyectos económicos. Ese no es ningún secreto, de hecho, en Estados Unidos hay varios procedimientos abiertos contra estas empresas exigiéndolas responsabilidad civil.
¿Se acuerdan estos tribunales especiales por la desconfianza hacia los tribunales ordinarios colombianos?
Como hay un absoluto recelo de funcionamiento del aparato de justicia y su parcialidad respecto a la actuación de los guerrilleros, se estableció que quedarían en libertad condicional a disposición de la nueva jurisdicción especial para la paz para que esta revisara sus delitos. Antes de finalizar la dejación de armas tenían que haber sido excarcelados todos los guerrilleros y, a día de hoy, quedan 1.000 guerrilleros presos. Ha habido un incumplimiento sistemático por parte de los jueces colombianos hacia esta ley, incluso han dicho que no veían con buenos ojos esa ley porque iba contra sus decisiones judiciales. Esto es una actuación muy preocupante que habla de arbitrariedad judicial y de unos jueces que se niegan a cumplir la ley. Que unos jueces digan que no están dispuestos a cumplir la ley es prácticamente sedicioso.
Entonces, ¿la justicia en Colombia es totalmente arbitraria y no tiene intención de esclarecer la verdad del conflicto?
Es el punto de vista no solo de las FARC, sino de organizaciones de derechos humanos y de víctimas en Colombia. La justicia es arbitraria y no es objetiva, pero sobre todo es ineficaz. En Colombia hay una impunidad judicial respecto a delitos comunes de un 90%, es decir, la gran mayoría de las actividades delictivas que se cometen en el país no llegan nunca a los tribunales.
¿Qué garantías contemplaba de acuerdo en este primer año si no se cumplía lo estipulado?
El acuerdo es el más completo firmado en el mundo en cuanto a mecanismos jurídicos de obligado cumplimiento, porque intuíamos lo que podía pasar. El Estado realiza una declaración unilateral de obligado cumplimiento, que es una figura que existe en el derecho internacional en el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, ante las Naciones Unidas y se pidió que para mayor garantía se incluyera el texto total en un documento del Consejo de Seguridad, el único organismo que tiene competencias ejecutivas. Además, se hizo una reforma constitucional que obliga a cumplir el acuerdo a todas las autoridades colombianas en los tres próximos periodos electorales sin modificaciones. Al final este es un acuerdo político y la única garantía de cumplimiento es que haya una voluntad política de cumplirlo y de acabar con el conflicto.
¿El presidente Santos está en condiciones de cumplir los acuerdos de paz antes de que finalice su mandato en 2018?
El presidente Santos tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del acuerdo. Todo parece indicar que no se va a garantizar y que su implementación va a quedar al albur de la mayoría parlamentaria que salga de las legislativas del próximo mes de marzo, y de quien sea nuevo presidente en el mes de mayo con las presidenciales.
¿Se está corriendo el riesgo de volver a una confrontación violenta?
Esta situación no es novedosa. El Gobierno ha firmado acuerdos a lo largo de la historia que luego incumple. ¿Y cuál es el resultado?, como no se han garantizado las medidas que estaban destinadas a acabar con el conflicto este se ha reproducido. Obviamente las FARC no van a volver a alzarse en armas porque han cumplido sus obligaciones estrictamente: han desactivado todas sus estructuras y han entregado hasta la última arma a Naciones Unidas. Eso no es garantía en la historia de Colombia porque cuando desaparecen unas organizaciones surgen otras, en la medida en que el Estado es incapaz de solventar los problemas de inequidad y miseria. Es evidente que el incumplimiento sistemático del Estado va a estimular más disidencias. En estas últimas semanas estamos asistiendo a la detención indiscriminada de exmiembros de las FARC con el argumento de que, a pesar de que han sido amnistiados, todavía no se han incluido en las bases de datos de la justicia y de la Policía las órdenes de amnistía. Ese no es un mensaje muy constructivo para aquellos que acaban de dejar las armas.
¿La inscripción como partido político con las mismas siglas de la guerrilla puede suponer un escollo mayor a la hora de la confrontación electoral?
Hay una actitud contradictoria por parte del Estado. Durante el acuerdo venían reiterando que nadie quería a las FARC, pero pretendían limitar su participación en política. Siguiendo esa premisa, que no se molesten en limitar su participación política porque nadie les votará. Las últimas encuestas ponen de manifiesto que las FARC tienen un importante rechazo social, pero a su vez las mismas encuestas establecen que los partidos políticos tradicionales tienen un rechazo aún mayor.El partido político más valorado en los últimos barómetros publicados con un índice muy bajo es el partido que ha surgido de las FARC, curiosamente. La FARC está en la misma situación que el resto de partidos políticos tradicionales o mejor.
*Retomado de Publico.es
