Hace 12 años Luis Carlos Sarmiento Angulo entró al mercado peruano a través de Promigas, su importante empresa que cotiza en la bolsa colombiana, en el negocio del transporte y distribución de gas. Actualmente la empresa, filial de Corficolombiana, atiende 1,2 millones de usuarios mediante la participación en las distribuidoras Gas Comprimido del Perú -Gascop- de la que poseía 80 % y en abril del año pasado se hizo al 100 % a través de Corficolombiana, Cálidda y Quavii. Sarmiento le quiere seguir apostando a este negocio, y por eso entre sus planes está la inversión de USD 560 millones para la ampliación del sistema de distribución de gas natural de Lima.
Sin embargo, el primer ministro del Perú, Guido Bellido, lanzó una amenaza que hoy tiene a Sarmiento Angulo con las alarmas prendidas. Bellido anunció en su cuenta de Twitter la posible nacionalización de Camisea, el yacimiento de gas más importante y grande del Perú. Situado en la selva amazónica de la sureña región de Cusco, Camisea procesa el 92 % de la producción de gas natural de Perú, entre 43 y 48 millones de metros cúbicos de gas diarios procedentes de los bloques a cargo de la española Repsol que tiene el 10 % en la concesión de la que hacen parte además la argentina Pluspetrol , el socio mayoritario con 27 % de participación, seguido de la estadounidense Hunt Oil (25,1 %), la coreana SK Innovatión (17,6 %), la argentina Tecpetrol (10 %), y la argelina Sonatrach (10 %).
Los temores de las empresas extranjeras y locales tras las propuestas de campaña del hoy presidente Pedro Castillo revivieron con este anuncio. Y Luis Carlos Sarmiento Angulo las tiene muy presentes.
Con reservas probadas de 11 trillones de pies cúbicos y líquidos asociados de alrededor de 600 millones de barriles, empezó su operación en el 2004 no solo explotando las reservas sino transportando el gas a través de dos ductos hasta Lima y Callao. En un 90 % la distribución está a cargo de empresas filiales del Grupo de Energía Bogotá (GEB) cuyo mayor accionista es el Distrito de Bogotá y de Promigas del grupo Sarmiento a través de Corficolombiana, Cálidda y Quavii.
Cálidda, que inició operación en 2004, al tiempo con el proyecto, opera asociado con el grupo de Energía Bogotá que atiende Lima y el Callao, los centros urbanos más grandes del país. Con Quavii o Gases del Pacífico atiende la región de Trujillo -la tercera ciudad más poblada- desde 2017. Es la segunda distribuidora de gas natural en Perú, y se ha comprometido a llegar a 150.137 clientes el año entrante, un salto importante de los casi 100.000 que tenía el primer semestre de 2020. Gascop opera en el norte del país, con una planta de gas comprimido en Piura que lo suministra a más de 2.000 taxis, buses y camiones a través de estaciones de servicio de gas natural vehicular.
El grupo de Energía Bogotá a través de su filial de transporte de gas internacional –TGI- tiene a cargo la distribución del 76,5 % del gas natural del mercado. Desde 2008 constituyó Contugas, con la que distribuye y comercializa el gas en los municipios de Pisco, Chincha, Ica, Nasca y Marcona en el departamento de Ica.
El destino de Camisea marcaría un precedente en el manejo de la controversial nacionalización de empresas
Los números de Camisea explican el interés del jefe de gabinete de Castillo. Durante sus primeros 15 años de operaciones, facturó USD 30.000 millones tras una inversión de USD 5.000 millones y generó regalías para el Estado peruano por USD 8.000 millones, que equivalen a 0,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
El destino de Camisea marcaría un precedente importante en el manejo de la controversial nacionalización de empresas impulsada por el ala más radical de Perú Libre, el partido liderado por Vladimir Cerrón. “Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, trinó Bellido.
Según el diario peruano La República, al trino siguió el revuelo en el Ejecutivo, la mayoría de los ministros, con el objeto de calmar las aguas, se pronunció en línea distinta al primer ministro, reflejando las contradicciones que hay en el interior del gabinete. El propio presidente Castillo afirmó en su primer discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas: “Nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar inversiones, por el contrario, llamamos a las grandes inversiones, a los empresarios para que vayan al Perú”.
La tensión al interior del gabinete ha trascendido a tal punto que según el portal RPP hay ministros que dejaron de hablarse. Respaldan a Bellido, los de Energía, Ambiente y Defensa; en el banco opuesto están Pedro Francke de Economía, y sus colegas de Salud, Justicia, el canciller y la vicepresidente y ministra de Desarrollo, Dina Boluarte; los demás están el grupo gris de los que han perdido influencia.
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La desunión en las altas esferas del gobierno podría conducir a decisiones radicales en busca de gobernabilidad. Se habla que el presidente estaría dispuesto a marcar distancia de Perú Libre y que en los próximos días estará presentando renuncia irrevocable del partido que lo llevó al gobierno. Según un informe de Punto Final de Latina, formaría su propio partido, el Partido Magisterial y Popular (PMP), que está encabezado por miembros de la Federación Nacional de Trabajadores de Perú (Fenate), el sindicato que fundó Castillo luego de liderar la huelga nacional de maestros en el año 2017. Una decisión que coincide con una encuesta de opinión donde el 61 % cree que el presidente no tiene liderazgo, y el 72 % que Perú está “desunido”.
