Un día como hoy 03 de diciembre, pero de hace 20 años, me tocó cubrir la noticia del execrable asesinato de una persona noble, responsable y profesional, pero que ejercía uno de los cargos más peligrosos en esos tiempos en que mandaban los paramilitares en el país.
Me refiero al abogado Javier Cotes Laurens, quien se desempeñaba como Juez de Ejecuciones de Penas en el edificio Benavides Maceas de Santa Marta, en donde funcionaban todos los juzgados de la ciudad.
Todos los días, en mi labor como reportero de judiciales para ese entonces, en los medios de comunicación Radio Galeón y El Informador, me tropezaba con él, por cuanto visitaba su despacho para preguntarle sobre sentencias falladas.
Días antes de su vil crimen me habló de una sentencia que estaba a punto de fallar, pero que él sentía en esa ocasión que el sindicado, un reconocido paramilitar con un prontuario de crímenes atroces, no era culpable del delito que le endilgaban en el caso que llevaba. Poco después se supo que ese mismo paramilitar por el que el juez presintió que no era culpable de un delito atroz, ejecutó su asesinato el 03 de diciembre de 2001 en la puerta de su casa del barrio Santa Helena de Santa Marta.
Cotes Laurens, muy comedido con las palabras, característico en él, me confesó esa vez que, a pesar de su corazonada, debía condenarlo jurídicamente, ya que las pruebas en contra del indiciado ni siquiera habían sido refutadas, por cuanto estaba siendo procesado como reo ausente.
Me reafirmó que él creía que al paramilitar le estaban echando la culpa de unos muertos ajenos, pero tenía que condenarlo por las razones referidas. Sin duda, con esa confesión, el juez Javier Cotes, a quien le solía decir primo por el apellido en común que compartíamos, me demostró una vez más su profesionalidad ante todo y el legado de que la Justicia debe ser ciega, por cuanto la objetividad debe ser impuesta sin miedo ni favoritismos, independientemente de la identidad, el dinero, el poder o debilidad.
No obstante, en este país, para ese entonces en que mandaban los paramilitares, producto de una mala, salvaje y criminal determinación de unos cuantos políticos que creyeron que la única solución de acabar con la guerrilla era crear a esos grupos ilegales, ser un juez íntegro e imparcial, a veces, se pagaba con un precio muy alto, perder la vida y ni siquiera el Estado te protegía del fenómeno criminal que se había generado por su omisión descarada.
Sin embargo, muchos años después, el 18 de abril del presente año, se conocería otra noticia bomba sobre su crimen, acerca de que Eduardo Dávila habría sido el autor intelectual de su asesinato.
Todo el mundo sabía quienes cometieron el asesinato, dos sicarios al servicio del grupo paramilitar que mandaba y sembraba el terror desde la Sierra Nevada, pero hasta ese día 18 de abril del presente año no se sabía de algún autor intelectual.
Según la información, el dueño del Unión Magdalena habría ordenado en ese entonces acabar con la vida del juez Cotes, quien lo condenó a 10 años de cárcel por tráfico de estupefacientes y se había metido con su posesión más preciada: sus propiedades en Bahía Concha.
"Dávila logró mantenerse en la impunidad y veinte años después, en septiembre del 2020, la Sociedad de Activos Especiales decretó extinción de dominio sobre las doce hectáreas del samario en Villa Concha. La extinción de dominio no estuvo relacionada con el homicidio del juez sino por las condiciones de la propiedad localizada en una reserva natural que forma parte del sistema del Parque Natural Tayrona. Bajo la extinción de dominio también cayeron otros predios de Dávila: un hostal de 223 hectáreas y una bodega", comentó la referida publicación.
