Este es el segundo de una serie de artículos que recopilarán el acumulado argumentativo con el que muchos compañeros han acompañado la lucha por un predial justo desde distintas partes del país y que para la actual situación requieren ser condensados para ser puestos a disposición de la resistencia civil venidera.
En esta entrega se realizará un análisis de cada una de las normas con las que se implementó el Catastro Multipropósito, las causas de las alzas y los causantes.
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Decenas de municipios en movilización
En Soacha, como primer municipio afectado, se realizaron más de 20 movilizaciones durante el último 2021, algunas con cerca de 6 mil propietarios que denunciaban alzas de hasta el 2000 %, en Gachancipá también se movilizaron el año pasado y al ver que no hubo solución de raíz, los habitantes se organizan nuevamente para hacerle frente a las alzas.
Pero esto no solo ocurrió en Cundinamarca, el 2022 inició con quema de recibos en Barbosa, municipio de Santander y Palmira en el Valle del Cauca, en el caso de Risaralda fueron cuatro los municipios que salieron a protestar, estos son Dosquebradas, que se suma a las movilizaciones en marzo.
En abril Santa Rosa de Cabal; La Virginia; Pereira. En el departamento del Meta las protestas fueron en Villavicencio, y en junio el turno fue para el departamento del Cauca, allí la ciudadanía de Popayán, buscaba intervenir en el Concejo Municipal para exponer los incrementos desmedidos.
No hay duda alguna que el Catastro Multipropósito concertado en el Acuerdo de Paz de la Habana, definido en el CONPES de Santos e Implementado a través del PND de Duque está generando injustas y desproporcionadas alzas y si el gobierno de Gustavo Petro mantiene el modelo llevará a que las protestas se generalicen en toda la nación.
Catastro Multipropósito en el Gobierno Santos: OCDE, deuda y el mercado por encima de los intereses de la ciudadanía
En el año 2015 confluyen dos hechos que determinan nuestro punto de partida, el primero es el Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos en el que se traza la política de creación de un catastro con enfoque multipropósito.
El segundo es un documento expedido por la OCDE llamado Políticas prioritarias para un desarrollo inclusivo, decenas de recomendaciones en las que, para nuestro caso, salta a relucir una que enuncia que se debe “Actualizar el sistema catastral centralizando la información de los municipios y departamentos para que pueda actualizarse cuando sea necesario. Asistir a los organismos subnacionales en la actualización del valor catastral. Vincular los aumentos de transferencias de la Administración central al crecimiento de los ingresos subnacionales”.
Dicha “recomendación” se traduce en que los municipios incrementen sus ingresos a partir del impuesto predial y que a medida que estos crezcan, puedan reducir las transferencias de la nación, todo en la vía de reducir el gasto nacional y aumentar el abandono presupuestal desde el gobierno, así la consecuencia sea el saqueo del bolsillo de la ciudadanía.
Otros dos hechos confluyen en el año 2016, en el documento final del acuerdo de paz firmado por Juan Manuel Santos se reitera la mención del catastro multipropósito, este para fomentar la Reforma Rural Integral, pero su aparición más relevante es en el documento CONPES 3859 – Política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano.
En dicho CONPES, en su capítulo de diagnóstico, refiriéndose a los avalúos catastrales y comerciales, expone el Gobierno Santos que “es necesario seguir avanzando en establecer un límite inferior que permita cerrar la brecha entre ambos avalúos”, es decir, es de suma importancia para el gobierno acabar con la diferenciación entre avalúo catastral y avalúo comercial.
Igualar el avalúo catastral al comercial implicaría atarlo a un mercado que incrementa el valor de la vivienda muy por encima del crecimiento de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía, repercutiendo que los cobros del predial sean más susceptibles de alejarse de la capacidad de pago.
Este CONPES no solo abrió la posibilidad de eliminar la diferencia entre avalúo comercial y catastral, también fue vehículo para adquirir más deuda externa.
En dicho documento definieron el catastro multipropósito como un servicio en el que para su financiación concurrirán la Nación, los municipios, los departamentos y la cooperación internacional.
Es así como los pilotos del catastro multipropósito implementados en Santa Marta (Magdalena), Lebrija (Santander), Puerto Gaitán (Meta), Topaipí (Cundinamarca), Dibulla (La Guajira), Puerto Leguizamo (Putumayo) y San Carlos (Antioquia) fueron financiados con 70 millones de dólares adquiridos a través de deuda con la Banca Multilateral[15].
Catastro Multipropósito en el gobierno Duque: al problema se le suma la privatización
Iván Duque es el materializador de las orientaciones de la OCDE y los intereses del Gobierno Santos. En sus 4 años logró hacer que la Nación se desentendiera de su responsabilidad en materia catastral, le descargó la responsabilidad a los departamentos y municipios, llevó a que la diferencia entre el avalúo catastral y comercial casi desapareciera y abrió la cabida a la privatización de los servicios catastrales, todo un cóctel que tendría como resultado el alza desproporcionada del impuesto predial.
Veamos primero el Plan Nacional de Desarrollo:
Artículo 60 PND: Define la figura de Gestor Catastral y permite que cualquier entidad pública nacional o territorial (departamentos o municipios) se convierta en gestor. Teniendo en cuenta que antes esta era una responsabilidad de orden nacional, se encuentra que este artículo materializa el desentendimiento del gobierno nacional en la labor.
También define la figura de Operador Catastral, permitiéndole a los municipios y departamentos entregar el proceso de formación, actualización y conservación catastral a privados. Se privatiza el servicio de actualización catastral y las ganancias de estos privados generará sobrecostos que incrementarán el valor del impuesto predial.
Conclusiones
El problema no es el Catastro Multipropósito, el problema fue que usaron un instrumento fundamental para la planificación nacional y territorial como excusa para meter micos que favorecieron a privados y afectaron de forma muy grave a los propietarios. Los perdedores son los propietarios de viviendas, pero los grandes ganadores son:
- La banca multilateral que en el solo piloto se lleva el negocio del préstamo de 70 millones de dólares.
- Los magnates dueños del mercado inmobiliario que logran hacer que se borre la diferencia entre avalúo catastral y comercial favoreciendo su mercado sin importar que la consecuencia fuera que se disparen los precios del predial.
- Un Gobierno Nacional que se desentiende de la financiación de los municipios y los pone a incrementar el impuesto predial para cubrir el faltante.
- Los negociantes privados que se favorecieron con la privatización de los servicios catastrales antes responsabilidad del gobierno nacional. Ese costo de la ganancia del privado lo asumió también el propietario en la factura del predial.
En los siguientes artículos, sumando escritores a este análisis, se abordará la debilidad de la normativa nacional para blindar el bolsillo de la ciudadanía ante las alzas, se desarrollará el análisis de por qué deben estar separados el avalúo catastral y el comercial, también se revisará la falta de progresividad en la definición de tarifas, la reforma rural integral del acuerdo de paz, el marchitamiento del IGAC como política de Estado para permitir acabarlo y el cierre será el análisis de si el modelo catastral en el gobierno de Gustavo Petro representa cambio o continuismo.
Todo ello nos permitirá a la ciudadanía en las calles tener la claridad suficiente para sustentar el pliego de exigencias que presentaremos al gobierno nacional en la vía de acabar con los padecimientos que se proyectan para millones de personas en todo el territorio nacional.
