La misión que se le cruzó al periodista Ricardo Ferrer cuando era jefe de prensa de Metrosalud era servir como enlace humanitario para la entrega de diez infantes de marina que habían sido secuestrados por las Farc. Para esto viajó a Vigía del Fuerte en 1997, cuando supuestamente se respiraban vientos de paz promovidos por los grandes medios de comunicación y los gobernantes de turno.
En esta zona, que convoca a los departamentos de Antioquia y Chocó por medio del río Atrato, ya se había iniciado la operación Génesis, una campaña de la Brigada XVII del Ejército contra las organizaciones guerrilleras en la cual hubo intensos combates: de un lado, las Fuerzas Armadas y las AUC. Del otro bando, las Farc. Ningún actor armado respetó a la población civil, que eran campesinos, afrodescendientes e indígenas.
“En la época en que documenté las masacres no lo sabía en ese momento: Vigía del Fuerte era la gran base paramilitar en el Atrato y Murindó era el gran campamento de las Farc. Lo que yo relato en el río es que yo pretendía ir de Vigía a Murindó, que era zona limítrofe entre dos ejércitos que se odiaban y se mataban entre ellos, pero había mucha baja civil. Yo vengo a saber esto después del exilio mío, por eso la gran cantidad de cuerpos que bajaban por el río”, relata el periodista.
Cuando denunció lo que pasa en el Atrato, Ferrer esperaba un impacto judicial, pero nada de esto ocurrió. Responsabiliza a los funcionarios del momento, como lo eran: el alcalde de Vigía del Fuerte, al gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, de la Brigada XVII del Ejército del general Rito Alejo del Río Rojas, a la infantería de marina porque la población describía que bajaban cerca de 10 a 12 cuerpos por el río diariamente (había prohibición de recoger los cuerpos) y la pregunta que le sigue martillando es: ¿por qué la infantería que patrullaba el río todos los días no veía los muertos?
Lo comienzan a amenazar todos los días, a las once de la noche y a las tres de la mañana lo despertaba el repiqueteado del teléfono. Lo llamaban y le decían dónde había estado en el día, como por ejemplo en la carrera 78, no era una amenaza explícita de que lo iban a asesinar, pero con eso sabía que había un trabajo de seguimiento. Años después confirmaría que el autor de esto era Santoyo, quien había arrasado a la familia Quintero de Yarumal, la arrasaron los paramilitares porque un miembro de esta familia era de las Farc. Al este atacar una propiedad de Álvaro Uribe Vélez, todos sus familiares la pagaron por tener parentesco con este insurgente; así como mataron al juez que llevaba el caso. El juez tenía grabaciones del Gaula de lo que hacían cerca del Aeropuerto Olaya Herrera, lo que le deja la certeza de que Santoyo era una máquina de guerra que lo afectó directamente por su labor como periodista.
“Cuando veo que la información que suministré a la Fiscalía la tienen los paramilitares, asumo que yo no puedo confiar en la Fiscalía. A partir de eso dejo de aportarle información a esta entidad. Quien me recibió información fue un funcionario judicial, uno de los investigadores que más sabe de lo que pasó en el Atrato, porque él vio las fosas comunes. Él fue con esas comisiones y vio los cuerpos, pero esa zona estaba controlada por los paras, constató la información como testigo también. A él como a su esposa también le tocó salir exiliado del país”, cuenta el periodista.
En diciembre de 1997, como jefe de prensa en Metrosalud, era el colega más querido de Medellín cuando les aportaba a sus colegas pauta publicitaria, pero inmediatamente inician las amenazas, todos lo dejan solo y nadie regresó a su oficina. Solo los verdaderos colegas resultan en las situaciones difíciles y así un fotógrafo que le ayudó a emigrar del país en 1998.
“¿Cuál es el tema de la geopolítica para analizar el Atrato? Cuando ocurre esto en 1997, ellos hacen un recorrido desde las bases militares y paramilitares de Turbo, el primer recorrido de esas masacres es río Atrato-Truandó. Truandó tributa sus aguas al Pacífico y el Atrato, al Atlántico. En teoría, si van a implementar un proyecto deben llamar a todas las personas a negociar. En vez de pagarles la indemnización como corresponde, pero decidieron arrasar con los pobladores y 'limpiar' la tierra. ¿Cuál es el maldito delito de los notarios en Antioquia, Valle y Chocó? Es que los notarios aceptaron normales escrituras sobre territorios que eran colectivos, incluso en muchas escrituras aparece tradición de varios años y aparecieron 'compradores buena fe'. Pero todo eso es un fraude aceptado por los notarios. El notariado de Colombia debería ser incluido en toda la investigación de los crímenes de lesa humanidad, porque los notarios fueron la vía de legalización, por eso el tema tan importante de las notarías que se repartían en el Congrego, porque es un eslabón clave de la cadena. Es una información clave que el país no la conoce y debe conocerla, solo sabemos de los falsos positivos o del campesino que asesinaron y nada más. Una de las confesiones importantes de los paramilitares, es que había cajas enteras de cédulas de ciudadanía que servían para los trámites notariales, la descripción era que un campesino lo mataron en Apartadó, lo presentaban como baja guerrillera, su cédula aparecía en el Meta y con ella se hacía un negocio de venta y compra de tierras. Esta cédula que no había sido bajada del sistema electoral y la Registraduría, con ella se hacían los negocios; los notarios en Colombia son criminales de guerra, así no lo contó Piedad Córdoba con el Movice en España”, advierte el periodista.
En 2010 publicó su libro Nos matan y no es noticia, en el que describe todo lo que tuvo que vivir. Cuando Ricardo Ferrer regresa a Colombia en 2011 tras 13 años de exilio, viene a juntar información, en un retorno sin garantías.
De esta información se debieron surgir expedientes contra las autoridades públicas y también contra la parte paramilitar. Margarita Pulgarín, que fue la fiscal que recibió todo el cuestionario, sí obró y posteriormente también fue asesinada. Luego el comunicador hace una petición de reparación directa porque perdió su cargo de carrera administrativa, ese era su territorio y lo que le daba el sustento y la calidad de vida. El sueldo suyo era cinco veces que el que podía ganar un periodista de radio para la época, ganó el cargo como jefe de prensa de Metrosalud por aprobar el examen al que se presentaron 35 periodistas. Con el puntaje más alto, no tenía que agradecerle nada a ningún político.
Observa de nuevo el expediente y asegura: “Yo veo todo lo que pasó y digo, aquí no hay nada sobre los funcionarios públicos. Pido eso a Fiscalía y dicen que eso está desaparecido, la Fiscalía 80 especializada de Bogotá. Toda la parte que tenía que investigar la Fiscalía sobre los funcionarios, toda esa parte la desaparecieron”, afirma Ferrer, aunque parte de sus declaraciones fueron tomadas en cuenta para la condena del general Rito Alejo del Río por sus crímenes de lesa humanidad y la connivencia paramilitar, militar, policial y de la infantería de marina.
No le quedó la menor duda de que la jugada del Estado fue decir que a él lo desplazaron esos bandidos paramilitares, pero no tuvieron en cuenta nada contra los funcionarios públicos cuando son exactamente el mismo pañal y la misma mierda, como lo resalta.
En su análisis del panorama reconoce que el desplazamiento inicia en los despachos del BID y del Banco Mundial. Hay dos siglas tenebrosas a tener en cuenta, IIRSA y PPP. Iniciativa de Integración de Infraestructuras para Sudamérica y Plan Puebla Panamá. Ganancias para las multinacionales, violencia para los naturales. En nombre del progreso, campesinos inocentes y sus familias han muerto o han sido desplazados para codicia de las empresas y sus megaproyectos.
Incluso, en el periodo de la gran incursión paramilitar sobre Atrato-Truandó, el presidente Samper estaba hablando de hacer el canal interocéanico, todo el proyecto lo reviven durante su gobierno y luego vuelve a encarpetar. Una de las versiones dice que, por el cambio climático, el proyecto de canal se cae, dado que se puede ir por la ruta del polo y pasan por el norte del Atlántico al Pacífico.
“Cacarica, Jiguamandó, Curvaradó, San José, todo eso es batolito mandé. Esta comunidad está en un punto del afloramiento minero. En el libro Los perros de la guerra Frederick Forsyth cuenta que el platino es mineral estratégico para toda la electrónica de hoy, se usa en la construcción de cada satélite porque es buen conductor y aguanta altas temperaturas. Los países que más se enriquecieron con esto fueron Sudáfrica, Canadá y Rusia. Hoy el platino se saca del Chocó, pero en Colombia no valoramos lo que tenemos y nos importa un pepino porque somos ignorantes militantes y hemos sido indiferentes ante esto. Detrás de todo esto están los paramilitares, detrás de todas estas guerras están ellos. Ellos explotan los minerales, eso financia toda la actividad paramilitar y política, unido a empresarios formales, políticos y la fuerza militar. En una zona pequeña confluyen demasiados proyectos con ese otro aliciente, esa veta minera de batolito mandé. Con lo que produzca esto todos los colombianos deberíamos vivir como reyes saudíes. Los grupos que hoy ocupan el territorio no están tributando al Estado, esto está quedando en manos de la delincuencia”, concluye el periodista Ricardo Ferrer.
Aunque contactamos al grupo de prensa de la Fiscalía de Medellín para conocer sobre el expediente en el que desaparece la información sobre los funcionarios públicos y la versión desde su perspectiva de los hechos, al momento de publicar esta historia no fue posible hallar una respuesta.
Libro completo: Nos matan y no es noticia: PDF
