La exorbitante cifra de $250 mil millones es lo que está reclamando la Contraloría General como compensación por el detrimento patrimonial que se le causó al Estado al no adjudicar el tercer canal de televisión en el 2008 durante el segundo gobierno de Alvaro Uribe. La Contraloría le embargó sus salarios, cuentas corrientes y algunas propiedades a los excomisionados de la Comisión Nacional de Televisión: María Carolina Hoyos Turbay, viceministra de las Tics, a Ricardo Galán asesor de comunicaciones del Presidente Uribe, Fernando Álvarez, Alberto Guzmán, y Juan Andrés Carreño. La información la dio en primicia La W radio sin que la Contraloría la confirmara oficialmente por formar parte de una medida cautelar de la investigación en curso.
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