Colombia asistió el pasado viernes 26 de julio a una de las más emotivas jornadas en la que miles de colombianos y colombianas repudiamos el exterminio y honramos la memoria de los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del gobierno de Iván Duque. Según el informe de Indepaz del 26 de julio de 2019, se alcanza la dolorosa cifra de 229 personas asesinadas, de las cuales 40 corresponde a mujeres y 189 a hombres. De esta población 66 víctimas son indígenas, 5 líderes afro descendientes y 106 corresponde a campesinos, ambientalistas, líderes comunales entre otros y finalmente 55 exguerrilleros de las Farc, firmantes de los acuerdos de paz y en proceso de reincorporación.
Nos manifestamos en defensa a la vida y garantías para el ejercicio de la actividad comunitaria de los líderes sociales, denunciamos la indolencia del gobierno frente estos crímenes, sin que haya un pronunciamiento frente a estos hechos, especialmente ante el nuevo crimen en contra de la líder social en Puerto Rico (Caquetá), Yissela Trujillo.
Con el surgimiento de las organizaciones sociales y comunitarias nacen los liderazgos de ciudadanos, hombres y mujeres, que en condiciones precarias, carentes de recursos y apoyo estatal asumen la interlocución de la población para reclamarle al Estado a nivel nacional, regional y local, atención y mayor inversión en amplias zonas en situación de vulnerabilidad, así como el cumplimiento y respeto a los derechos que tienen los ciudadanos para reclamar mejores condiciones para tener una vida digna; como el derecho a la movilización y protesta ciudadana, para expresar su inconformidad con el Estado.
La vocación de ser líder social, nace con la necesidad de trabajar por una mayor inversión social, dignificando las condiciones y calidad de vida de su población. Pero en una sociedad como la nuestra inmersa en la violencia y la intolerancia, se corre el riesgo de pagar ese liderazgo a un precio muy alto, ante la incapacidad del Estado colombiano para cumplir con sus responsabilidades constitucionales de preservar y garantizar el derecho a la vida de quienes asumen esa noble responsabilidad de representar a sus comunidades.
Con la firma de los acuerdos de paz de La Habana se consideraba que asistiríamos a la construcción de nuevos espacios democráticos para el diálogo, en los que las comunidades y sus organizaciones pudieran expresarse libremente, especialmente en temas relacionados con el desplazamiento de que fueron víctimas y el derecho a reclamar sus tierras expropiadas ilegalmente; y en la que han sido acompañados por líderes reclamantes de tierra, mucho de ellos hacen parte hoy de la larga lista de líderes sociales asesinados o desaparecidos; acallados para que no continuaran con reclamaciones y de advertencia a quienes aún persisten en ese derecho; quienes no cuentan con las garantías de seguridad suficientes para continuar con su labor.
Para el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, las acciones gubernamentales para acabar con los asesinatos de líderes sociales, no han sido suficientes y no ha alcanzado el impacto deseado, mientras no se tomen acciones para determinar y castigar a los responsables intelectuales de estos crímenes, pues son quienes dan la orden y pagan para que se cometan esos asesinatos.
Mientras el Estado no asuma esas acciones, seguiremos asistiendo al asesinato de más líderes sociales, hombres y mujeres que quedarán en la impunidad, y desde la sociedad civil continuaremos movilizándonos para honrar la memoria de nuestros líderes y lideresas víctimas de la violencia y la intolerancia, reclamando garantías de derecho a la vida y a ejercer su labor social sin ser amenazados y en la construcción de un país mejor garante de derechos y en paz.
