Para nadie es un secreto que desde hace muchos años las ventas de aguardiente vienen en franca, y posiblemente irreversible caída. Un análisis estadístico realizado por la Asociación Colombiana de Importadores de Licores (Acodil) muestra que el año pasado el consumo de esta bebida disminuyó en un 32,7 % con relación al 2014, al pasar de 7.331.735 cajas (cada una de 12 botellas de 750 cc) vendidas a 4.929.571 cajas. Y si se mira un poco hacia atrás, se advierte que el descenso llega al 40,5 % en solo cuatro años, pues en el 2012 fueron 8.298.388 cajas expendidas.
¿Por qué es tan determinante la caída en ventas del ‘guaro’? El aguardiente es la principal bebida embriagante en el mercado colombiano y de sus impuestos y las ganancias de las compañías productoras permitían la supervivencia de unas pocas licoreras. Hoy, con el marcado declive de las ventas de aguardiente, la supervivencia de estas entidades está en tela de juicio.
Hagamos un breve recuento del monopolio departamental del licor: según el Artículo 336 de la Constitución, los monopolios solo pueden establecerse como arbitrio rentístico, con fines de interés público y social. Las rentas obtenidas por el monopolio de licores están destinadas, preferentemente, a los servicios de salud y educación. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en mala hora, confirmó este monopolio de los licores que implica la exclusión de los derechos de libertad de empresa e iniciativa privada, y se fundamenta en la restricción constitucional de los derechos de la libre concurrencia en función del bien común.
Lo que asombra a este columnista, y seguramente a muchos lectores, es que nuestros iluminados constituyentes hayan considerado en su inicio, y hayan ratificado el error en 1991, que la fabricación exclusiva de bebidas embriagantes por parte de los departamentos redunda en “el bien común”. Tamaña sandez, el que embriagar a unos cuantos redunde en el “bien común”, no debe tener parangones en la historia de las naciones.
El consumo de “guaro” disminuyó 40,5 % en solo cuatro años
mientras la cerveza representa
el 67 % de la cantidad de alcohol en el mercado
La verdad es que la historia de este monopolio, que de alguna manera convirtió a la nación en un ‘Estado Cantinero’, es vergonzante. Es vergonzante porque la mayoría de las licoreras, por no decir la totalidad, se convirtieron en la caja menor de la casta política. Cuando no se robaban la plata directamente, atornillaban a sus recomendados y fichas políticas en la nómina, y sustraían el licor físico para animar sus festines políticos. Una a una las licoreras fueron quebrando cuando les fue imposible esconder las cuantiosas pérdidas que al final del día terminábamos sufragando los contribuyentes. Otras fueron cerradas por las autoridades ambientales cansadas de que las licoreras siguieran envenenando las fuentes hídricas.
Las pocas licoreras que siguen vivas, como se menciona al principio de este artículo, enfrentan serias dificultades. Según los entendidos, seis ‘dardos’ recaen sobre esta industria: “la desaceleración del consumo por cuenta del freno en la economía; la caída de la industria; la competencia desigual en materia tributaria con la cerveza, que tiene derecho a descontar el IVA; el incremento del contrabando, y la incursión de nuevos productos en la categoría de bebidas alcohólicas.” Adicionalmente, han entrado otros actores a la categoría, como vinos, whisky importado, la misma cerveza, que representa el 67 % de la cantidad de alcohol que hay en el mercado.
La verdad que es buena hora para desmontar el odioso monopolio del licor que tantos sinsabores le ha causado al país y que se está derrumbando por si solo a causa de la codicia de las castas políticas de los departamentos. Si en su día estas entidades territoriales hubieran diseñado un sistema de tributos racional y eficiente, los recursos que las regiones destinan a deporte, salud y educación serían bastante más altos de lo que son ahora. Siendo el precio de la codicia impagable, redunda en el “bien común” que el fin de este repugnante monopolio llegue pronto.
