El 68 % de los más de 22 millones de colombianos que trabajan no tienen plena seguridad social; es decir, no están afiliados a salud, pensiones, riesgos laborales, caja de compensación o fondo de cesantías. Más de dos millones no tienen empleo. Casi la mitad de los trabajadores que no cuentan son seguridad social integral se encuentran bajo formas de contratación deslaboralizada, tales como OPS, cooperativas de trabajo asociado, fundaciones, prestación de servicios, SAS, contratos sindicales, entre muchas.
El 80 % de la población económicamente activa (PEA) gana menos de dos salarios mínimos legales vigentes; es decir, es una población trabajadora que no alcanza a comprar con su salario la canasta básica familiar. El 50 % de los trabajadores gana menos de un salario mínimo.
La sindicalización hoy es menor del 5 % y la negociación colectiva, a pesar de la realizada en el sector público, lograda después de una lucha de décadas de los sindicatos estatales, no cobija al total de los afiliados. El derecho humano a sindicalizarse, a negociar colectivamente y a ir a la huelga son letra esplendorosa en la Constitución, pero en la práctica muy pocos se benefician y las restricciones son múltiples.
La huelga ha venido teniendo profundos reveces jurídicos tanto en la OIT, como en las altas Cortes de nuestro país. Sus decisiones la restringen y la limitan cada vez más, al considerar casi todas las actividades como servicios públicos esenciales, declarando ilegales la mayoría de las huelgas.
El empresariado arremete contra el derecho de asociación, despidiendo a los organizadores de los sindicatos, impulsando los contratos sindicales y promoviendo los pactos colectivos. La inspección del trabajo es débil y contemplativa frente a las múltiples agresiones del empresariado contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Para sólo mencionar algunas, ahí está la impunidad en Ramo, Avianca, Ecopetrol, que a pesar de las múltiples quejas de los trabajadores, salen incólumes.
Como si fuera poco, a este regresivo panorama laboral, el gobierno nacional atendiendo las reiterados requerimientos del empresariado, logró hacer aprobar en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, (Ley 1706 de junio de 2015), la legalización de la tercerización laboral, en el artículo 74, que dice: “Política nacional de trabajo decente. El Gobierno Nacional bajo la coordinación del Ministerio del Trabajo, adoptará la política nacional de trabajo decente, para promover la generación de empleo, la formalización laboral y la protección de los trabajadores de los sectores público y privado. Las entidades territoriales formularán políticas de trabajo decente en sus planes de desarrollo, en concordancia con los lineamientos que expida el Ministerio del Trabajo. El Gobierno Nacional también fijará las reglas para garantizar que las empresas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización. El Gobierno Nacional deberá garantizar que las actividades permanentes de las entidades públicas sean desarrolladas por personal vinculado a plantas de personal, con excepción de los casos señalados en la ley”.
A más de todo lo anterior, el Gobierno Nacional incumple los acuerdos con los trabajadores, tal como ha ocurrido al negarse a exonerar a los pensionados del 8 % de la cotización en salud, que ya fue otorgado a los empresarios y el restablecimiento del pago nocturno, después de las 6:00 de la tarde y el 25 % de los dominicales y festivos recortados por la Ley 789 de 2002.
Finalmente, después de tres décadas de una sistemática violencia contra el sindicalismo, que ha cobrado la vida de al menos 3087 sindicalistas desde 1977, esta violencia permanece y la prometida reparación colectiva para el sindicalismo colombiano contemplada en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aun no despega.
La formalización laboral, la protección de la libertad sindical y la reparación colectiva, constituyen el centro de la agenda laboral en el país, y reclama del Estado y los empresarios respuestas coherentes y eficaces. La paz duradera que anhelamos los colombianos es con trabajo decente.
- Secretario General de la CUT
