En el mes de septiembre la administración distrital entregó al Concejo de Bogotá el borrador del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) “Bogotá Reverdece 2022-2035”. En el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de la legislación vigente, el Concejo dio inicio a los 90 días asignados para tomar una decisión sobre este instrumento.
Un paso inicial fue la implementación de cabildos participativos en diferentes lugares de la ciudad para escuchar las preocupaciones y las propuestas de los ciudadanos. Asimismo, al interior de la Corporación se designaron tres concejales encargados de elaborar las respectivas ponencias. Todo estaba listo para un debate favorable a la propuesta de la alcaldía.
Sin embargo, a medida que ha avanzado el trámite legislativo, el panorama del POT cambió, entró en un estado de cuidados intensivos; no recibió la atención necesaria y se le acabó el oxígeno. De hecho, este 8 de diciembre a medianoche venció el plazo para que pueda ser discutido y aprobado o rechazado en el Concejo. Ahora, la administración distrital tiene la facultad de expedirlo por decreto. Esta en realidad, es la misma historia de los últimos gobiernos.
En la administración Petro, no se logró una decisión y se aprobó por decreto. Luego en los estrados judiciales se declaró ilegal. Con Peñalosa sucedió algo parecido, en medio de disputas y peleas políticas se hundió y ahora, se repite la historia.
Más allá del hecho puntual, la ciudadanía cada vez más se pregunta ¿Cómo se llegó a este escenario? Varios son los problemas acumulados. En primer lugar, una vez más los partidos políticos le han fallado a la ciudad. No fue solamente la pelea interna del Partido Verde por la decisión de las mayorías de someter a la Ley de bancadas la discusión del articulado del Plan.
Además, están las incomodidades expresadas por otras bancadas, sobre la falta de garantías para participar en el debate. Mientras tanto, en medio de denuncias que van y vienen, de mensajes en redes sociales y de comunicados en uno u otro sentido; el análisis argumentado del POT, el intercambio de propuestas y la expresión de las comunidades recogidas en los cabildos locales quedó relegado al olvido.
La alcaldía también tiene algo de responsabilidad. No se entiende el bajo perfil de la Secretaría de Planeación en el Concejo, siendo la entidad que lideró la formulación de este instrumento. El problema le quedó al Secretario de Gobierno que no logró ni siquiera aglutinar al partido de gobierno y se enfrascó en disputas y denuncias judiciales con algunos concejales.
Tampoco se sintió el liderazgo de la alcaldesa para recomponer las relaciones con el cabildo distrital, hacer un llamado a la calma y convocar a todas las bancadas a un diálogo para encontrar una ruta conjunta que sacara del limbo al POT.
Como si fuera poco, Claudia López, no consiguió disminuir la tensión en su propia colectividad y nuevamente, sin aprender de los errores del pasado, volvió a echarle más leña al fuego por cuenta de su pelea con la Coalición Colombia Humana. Esta vez, en razón de las recusaciones presentadas a los concejales y la moción de censura al Secretario de Gobierno.
En tercer lugar, ni la alcaldía ni el Concejo lograron prever que las inconformidades de sectores y grupos ciudadanos con la formulación del POT se iban a trasladar a esta corporación, a pesar de que esto ya se había dado en los gobiernos anteriores. Se actuó de manera reactiva cuando ya se contaban al menos 60 recusaciones y cerca de cuatro decisiones judiciales.
También queda en evidencia las debilidades en la participación ciudadana. Si bien la administración distrital implementó espacios de concertación y de propuestas, se omitieron las advertencias de concejales que hablaban de la necesidad urgente de darle mayor tiempo a discusiones con sectores sociales, ambientales, universidades y organizaciones para tratar de llegar a acuerdos sobre los temas de mayor debate en la propuesta entregada por la alcaldía, a pesar de reconocer la imposibilidad de llegar a un consenso pleno.
Finalmente, queda claro que ganaron sectores y actores que defienden intereses particulares sobre el interés colectivo de la ciudadanía. Ante este escenario, varios concejales le han solicitado a la alcaldesa Claudia López que no apruebe el POT por decreto y que lo vuelva a presentar en las primeras sesiones del 2022 para avanzar en un consenso sobre el tema.
Algo difícil de lograr dado que la administración distrital tiene la meta de aprobar este instrumento en lo que queda del 2021 y que, el otro año, en medio del debate electoral, es muy difícil que los partidos políticos se interesen por un tema que levanta tantas discusiones y desencuentros.
Bogotá no merece lo que está pasando. Es inconcebible en casi doce años de lecciones aprendidas la ciudad no tenga la posibilidad de contar con un POT discutido, concertado y aprobado por el Concejo, que privilegie los principios de participación, equidad e inclusión, que contemple las realidades territoriales, y en especial, como lo señaló la alcaldesa, que proteja el medio ambiente y disminuya el impacto del cambio climático en Bogotá.
Es un momento en el cual organizaciones sociales pueden jugar un rol clave de cómo buscarle salidas a este escenario. El Concejo y la Alcaldía deben escuchar a la ciudadanía y definir un compromiso conjunto para salir de esta situación, que vaya más allá de una fecha o una meta y una intención política. El POT requiere legitimidad para que cumpla su función como principal herramienta de planeación y de ordenamiento de la ciudad del siglo XXI.
El Capítulo Región Central de la Fundación Foro Nacional por Colombia, surge en septiembre de 2017 como una necesidad de generar estrategias para el fortalecimiento de la presencia institucional de la Fundación Foro Nacional por Colombia en la región central: Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Meta y Santander.
El Capítulo en su objetivo misional busca “mediante actividades de investigación, promoción, asesoría, formación, intervención social y publicaciones, la promoción de la participación y de valores y prácticas democráticas que garanticen la paz y la convivencia de los colombianos y las colombianas en diversos ámbitos de su vida".
