Atraídas primero por los buenos intereses y forzadas después por presuntos paramilitares, madres comunitarias de varios pueblos de la costa atlántica invirtieron sus ahorros en un mercado de préstamos por libranza que resultó siendo un fraude masivo.
Junto a ellas cayeron cientos de pensionado, comunidades religiosas y u un total de 6.000 personas de varias ciudades.
Una red manejada por el excongresista Roberto José Herrera, capturado a comienzos de mes en Barranquilla, utilizaba a un grupo de cooperativas para captar recursos que serían invertidos a través de la firma Elite.
Lo que los clientes no sabían era que los pagarés y otras garantías que respaldaba los créditos eran duplicados, convertidos artificialmente en títulos y vendidos a más y más.
Al comienzo parecía un negocio pulpo y los réditos prometidos llegaron a los inversionistas, pero luego Herrera y su esposa, Delvis Sugey Medina, comenzaron a reportar inexplicables moras en los pagos de los préstamos que eran descontados por nómina (en eso consiste la figura de la libranza).
Mientras los inversionistas todavía esperaban pacientes, Herrera compró un un penthouse en condominio Murano Beach y se dedicó a invertir en finca raíz. Sus fiestas a bordo de yates atracados en la bahía de Santa Marta se hicieron famosas, no tanto por los asistentes sino por sus excesos.
Las primeras clientes defraudadas que anunciaron que acudirían a la justicia fueron las madres comunitarias del Cesar, pero las visitas de hombres armados hizo que permanecieran calladas por largo tiempo. Había razones para tener miedo porque el nombre de Herrera aparecía ya en expedientes que lo relacionaban con grupos paramilitares.
La vida de nuevo rico, con activos identificables que superaban los $300.000 millones, contrastaba con la información que Herrera registró en el libro de intereses privados de congresistas al retirarse de la Cámara de Representantes en 2014. “No tengo ninguna actividad económica”, escribió.
La primera autoridad que intervino fue la Superindustria de Sociedades. Al evaluar el estado financiero y las prácticas de Élite la intervino y luego dejó su liquidación en manos de la experta María Mercedes Perry.
Con datos todavía no consolidados la Fiscalía estima que el mercado de las libranzas, conectado en este caso con actividades de lavado de activos, la organización de Herrera y su esposa movió más de medio billón de pesos (500.000 millones).
Herrera y los integrantes de su red fueron capturados el pasado 9 de noviembre en Barranquilla. La Fiscalía pidió que la operación fuera apoyada por soldados de la Segunda Brigada del Ejército porque, según varios testimonios, Herrera se hacia escoltar por hombres de las autodefensas.
