El ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde radicó en el Congreso este proyecto de Ley para reformar el régimen de formalización de baldíos cuya aplicación permitió acaparamientos y abusos por grandes empresarios, que le costaron el cargo como embajador en Washington a Carlos Urrutia, expresidente de la firma de abogados Brigard & Urrutia.
El contenido del proyecto suscitó debates y cuestionamientos entre distintos sectores de la opinión pública y el presidente Santos pidió que fuera retirado, a pesar de que el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, afirmó que este surtiría su trámite respectivo. El proyecto según los críticos, abría la puerta para legalizar irregularidades cometidas en el pasado, razón por la cual Santos a través de su cuenta de twitter, confirmó su decisión.
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