El pasado 25 de noviembre, a la Corte Suprema de Justicia llegó Iván Name, senador de la Alianza Verde que está siendo investigado por presuntamente haber recibido $3.000 millones en efectivo procedentes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y particularmente del imputado exsubdirector Sneyder Pinilla en forma de soborno para que ayudara a agilizar los trámites de las reformas del gobierno durante su paso como presidente de la corporación. Caso similar al del representante a la Cámara liberal Andrés Calle, quien habría recibido $1.000 millones y quien rindió indagatoria dos días después.
Ambas diligencias se llevaron a cabo en el despacho del mismo magistrado, Francisco Javier Farfán Molina, un experimentado abogado uniandino oriundo de Valledupar que trabajó durante muchos años en la Procuraduría y que llegó a la Corte Suprema de Justicia en 2018, donde es uno de los que conforman la Sala Especial de Instrucción.
El paso de Farfán por la Corte no ha pasado desapercibido, puesto que le ha tocado asumir algunos de los casos más importantes y mediáticos que se han destapado en los últimos años en el país. Además de los de Name y Calle, a él llegaron los expedientes de la investigación contra el exsenador Arturo Char por presunta compra de votos e incluso fue el magistrado vallenato el encargado de emitir la orden de captura internacional contra el barranquillero en 2023.
Sin embargo, poco después tuvo que apartarse por cuenta de una denuncia relacionada con otro caso que le tocó investigar, el de José Alfredo Gnecco, la cual estaba motivada por una presunta filtración de información. En total, alcanzó a estar de licencia cinco meses, entre noviembre de 2023 y abril de 2024, tiempo en el que estuvo al frente Cristina Lombana.
Pero, aun habiendo regresado a la Corte, contra él seguía estando abierta una investigación en su contra en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo cual dio lugar a que en su momento se radicara una petición para que se apartara de los casos de Name y Calle, esto debido a que Wadith Manzur, también salpicado en el escándalo de la UNGRD, es justamente miembro de esa Comisión. Él siguió adelante.
Ahora y después de haber escuchado a los dos congresistas, a Farfán le corresponde seguir recopilando pruebas para determinar si efectivamente recibieron el dinero y si este fue utilizado o no para apoyar las campañas políticas de sus familiares: María Clara Name al Concejo de Bogotá y Gabriel Calle Demoya a la Alcaldía de Montelíbano.
Name y Calle son los únicos congresistas que tienen que pasar por los banquillos de la Corte
Además de los expresidentes del Senado y de la Cámara, hay otros cinco parlamentarios, más otro que renunció en febrero, que tienen encima la lupa del alto tribunal. Estos son Esther Bitar, Wadith Manzur, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz, quienes son acusados de haber sido beneficiados por contratos direccionados desde el Ministerio de Hacienda con el fin de que le aprobaran créditos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. No obstante, las investigaciones contra ellos corren por cuenta del magistrado Misael Rodríguez.
