En este escrito tratamos de reunir la información recopilada en las visitas de trabajo en dos meses a los municipios del sur del Meta. Se pretende responder la siguiente pregunta: ¿cómo están actuando las bacrim en el sur del Meta para capturar el poder local en las próximas elecciones?
En estas elecciones el interés fundamental no es robarse el presupuesto del municipio, sino que alcalde y concejales colaboren con el grupo de las bacrim. Los concejales ayudan con motos, camionetas. Logística en general.
La estrategia indirecta es mandar a la fuerza pública a otras zonas donde operan bandas rivales. El “jefe urbano” es el encargado de las relaciones públicas. Ellos exploran quién puede ser el candidato que se pueda prestar para sus intereses y hacen acuerdos. De hecho, las bacrim no solo financian la campaña sino que además ofrecen los votos. Si hay algún candidato que no facilite los intereses, pasa a engrosar la lista de políticos amenazados y asesinados. Luego, según los relatos de los propios integrantes de esas organizaciones, el “patrón” de la bacrim, envía la orden de por quién votar. La orden llega a todo el mundo en determinado territorio. Se refuerza con las sumas de dinero en efectivo que circulan los tres días antes de las elecciones, para asegurar por esa vía que el candidato que puede prestarse a dichos intereses, sea el que gane.
Pero la orden no es suficiente. Las bacrim buscan mayor seguridad para que sus propósitos no fracasen. Por eso, además de insinuar la votación y, por qué no, pagar por los votos, también buscan la colaboración de los jurados. “Las bacrim tienen infiltradas las mesas de votación”, en varios municipios del Meta (no olviden hasta en Villavicencio). “El gran eslabón perdido en el sistema electoral son los jurados de votación”.
La información reunida en dos meses de trabajo de campo señala que las bacrim y la guerrilla de la Farc pueden hablar el mismo idioma. La prueba son los casos en que se ha comprobado esa especie de uniones temporales entre estos grupos ilegales.
Estas “uniones temporales” tienen control del comercio en determinados municipios, para “blindar” el lavado de activos, ofrecen seguridad y se ganan la confianza de la población en lugares donde actúan. En campaña, deciden quién puede recorrer las calles, constriñen a los electores, y en algunos casos tienen el control del transporte municipal. La principal conclusión de esta indagación es que “la democracia colombiana está sitiada”.
El propio gobierno lo admite, sin embargo, para las instituciones del Estado las bandas criminales son organizaciones de delincuencia común, asociadas con el negocio del narcotráfico, la extorsión y el secuestro, pero que no tienen motivaciones políticas. Pero en el sur del Meta, no sólo que las bacrim son herederos del paramilitarismo, sino que llevan años diseñando su estrategia ilegal para capturar el poder local en las zonas del departamento donde ejercen su influencia. Ahora no importan solo los municipios petroleros o con grandes proyectos, sino aquellos que estratégicamente pueden servir de corredores para el tráfico de droga y armas, entre ellos el sur del Meta y el Guaviare.
La indagación, se sustenta en versiones de varios miembros de las bacrim, que demuestran que la realidad es una y las intenciones de los ilegales son otras. Si el gobierno dice que hoy son siete las bandas criminales, y que no superan los tres mil hombres, otra parece ser la realidad.
Estos grupos no tienen campos de entrenamiento, están en sus casas y solo se agrupan a la hora de recibir la orden del “jefe” de la bacrim. Es una estrategia propia de la guerra de guerrillas. Las bacrim prestan servicios de seguridad a terceros, principalmente a los narcotraficantes que necesitan proteger todos los eslabones del negocio, rutas y corredores de movilidad, y a otro tipo de negocios conexos como el tráfico de armas. Además, el control territorial les permite explorar en la extorsión y el lavado de activos, otras fuentes de financiación, especialmente aquellas que se denominan como de “caja menor”. Se opina que de Acacias para abajo todos los propietarios de tienda, distribuidor de combustible, propietario de negocio grande o pequeño, distribuidor de cualquier cosa y productor del agro o de cualquier menjurje, como en el juego de la pirinola, todos ponen.
El vínculo de las bacrim con el narcotráfico no es más que la oferta del control territorial. A los narcos les interesa blindar su negocio y deciden financiar a la bacrim, pagar su nómina, que en promedio tiene un “salario base” de un millón de pesos. Por eso, las conclusiones permiten afirmar que las elecciones de octubre son determinantes para las bacrim en el Meta. En consecuencia, necesitan de políticos que ayuden a “mantener a raya” a las instituciones del Estado, es decir a la misma ley. Por eso, a las bacrim les conviene un alcalde que no denuncie, que insista en que todo está en orden con el único propósito de no atraer la atención del gobierno central ni departamental.
Pero los alcaldes —como máxima autoridad policial del municipio— también les convienen a las bacrim para mantener controlada la Policía. Y de paso afectar las principales obras públicas de desarrollo. “Si el alcalde quiere hacer una vía no se hace porque eso trae a la ley, a veces se hace el contrato pero no la obra y la verificación no se hace porque se mantiene el control. Les interesa que no haya desarrollo para facilitar su negocio, que no haya carreteras, que no haya medios de comunicación para su control territorial”.
Para el gobierno, las previsiones están tomadas. Se va a implementar en determinados lugares la identificación biométrica de los electores. Pero serán los resultados y el tiempo los que determinarán si el sistema electoral ha quedado blindado o si la estrategia del Estado aún no consigue unas elecciones transparentes.
