Solo hay que recordar la cantidad de casillas, números, emblemas y colores del tarjetón electoral pasado, para entender el predicamento y la enorme responsabilidad del elector a la hora de enfrentar la guerra mediática, la de desinformación, la influencia de una oferta electoral enorme y la realidad de un país lleno de violencia.
No se puede negar, este país de la belleza es cada vez más realismo mágico puro y duro cuando se revisan, por ejemplo, las cifras de los ciudadanos que buscan hacer carrera política para tener respeto y plata como dignos herederos de la Mamá grande. Por ejemplo, los candidatos al Concejo en Bogotá fueron 507, en Villeta Cundinamarca fueron 234 aspirantes, en Chía 335, en Facatativá 396, en Fusagasugá 353, en Soacha 339, en Villavicencio 363 y qué tal los 152 inscritos en el tarjetón para el concejo de Ciénaga de Oro.
Es difícil ser elector en estos tiempos con una propuesta electoral tan nutrida para elegir cuerpos colegiados, - ediles, Concejo y Asamblea -, con un tarjetón lleno de matices, partidos independientes, coaliciones y promesas, casi que se debe ser alquimista para ver si podemos convertir las palabras de latón de los candidatos en oro para la democracia.
Para completar, desde que entró en vigor el estatuto de la oposición, ahora, los ciudadanos debemos hacer ejercicios de prospectiva política o en el peor de los casos de adivinación, pues cuando se elige gobierno nacional, departamental o municipal, - presidente, gobernador, alcalde -, no solo se vota por el candidato, también se vota por la oposición.
Por qué y para qué esta facultad de los ciudadanos en las elecciones, esto es algo que tiene una gran respuesta, se trata de garantizar el derecho a disentir, el derecho a no estar de acuerdo y en tener que soportar a la vez y en silencio, un gobierno que no se eligió por la minoría. Esas eran las antiguas reglas de la democracia imperfecta que obligaban a que la mayoría decida por la minoría, sin embargo, en Colombia, el derecho a ser oposición reconoce la legitimidad del que pierde y así se previene la violencia que produce una imposición de la mayoría que ganó.
En Colombia, el derecho a ser oposición reconoce la legitimidad del que pierde y así se previene la violencia que produce una imposición de la mayoría que ganó
En Bogotá, por ejemplo, Carlos Fernando Galán “era inalcanzable”, pero si ello se sabía, ¿por qué decidió lanzarse a la campaña Gustavo Bolívar? La razón surge traslúcida, pues todos en esa campaña, supongo, sabían que no tendrían fácil conseguir las llaves del Palacio Liévano; en cambio, sí aspiraban a tener la posición de oposición en el mapa político y esa calidad es estratégica no solo para buscar los balcones de la Alcaldía, sino, para empujar las próximas elecciones presidenciales.
Al respecto, recuerdan…, durante el gobierno de Iván Duque, el entonces senador Petro se consolidó como un poderoso opositor que con inteligencia capitalizó cada error de quien le había ganado las elecciones y terminó convirtiendo el periodo legislativo de cuatro años, en cuatro años de campaña sin tregua gracias a los derechos que otorga el estatuto de la oposición.
Volviendo a Bogotá, todo falló para el progresismo: ni burgomaestre, ni concejal de oposición. Los electores desenfundaron su poder en las urnas y adoptaron un candidato fenomenal, para que fuera el concejal líder de la oposición. Él, Juan Daniel Oviedo, sin mayores cálculos políticos aparentemente, pretende impulsar el liderazgo del Concejo para convertirlo en un cuerpo que propone y ejecuta. Una disrupción completa, pero en la que tiene toda la razón, pues el concejo de Bogotá no pertenece a la rama legislativa, pertenece a la rama ejecutiva, es decir, desde la rama ejecutiva municipal, se hará oposición al primer mandatario municipal.
No olvidemos que esta mejora a nuestro sistema democrático, me refiero al estatuto de oposición, no llegó de la nada, estábamos en mora desde la Constitución del 91, pero solo en noviembre de 2016, con el acuerdo final para la terminación del conflicto firmado por el Estado colombiano y las Farc-EP, nació la ley 1909 en 2018 y con ella, está “apertura democrática”, que le acaba de hacer perder la opción de ejercer control de oposición natural a la izquierda del país. Porque los segundos puestos en las elecciones a las alcaldías de Medellín, Bogotá, Cali y Villavicencio, entre otros territorios, no quedaron a su merced. Gracias al acuerdo con la guerrilla, se logró un estatuto de oposición que no podrá ser ejercido por la izquierda porque perdieron las elecciones, algo que resulta paradójico.
Hablando del poder del elector, no deja de asombrarme lo sucedido en Tuluá, pues un grupo multicrimen se tomó el gobierno Municipal y cómo si fuera una dictadura, prohibió la campaña a candidatos que no fueran avalados por ellos, al punto que, asesinaron a un parapentista que desde los cielos volaba con un mensaje de libertad a sus espaldas.
El valiente alcalde electo de Tuluá, Gustavo Veléz, no hizo campaña pública, lo hizo desde su casa de forma silenciosa, impulsando una verdadera insubordinación en contra de la barbarie y el terror. Por su parte los electores, más de cuarenta mil, con miedo y en silencio, en la intimidad de su cubículo, finalmente desenfundaron sus esferos y votaron por un estado Social de Derecho y en contra de la “oficina” de Tuluá, sus sicarios y su corrupción.
En estas elecciones que apenas pasan, como ven, se probó lo complejo pero eficaz que es, ejercer los nuevos y viejos superpoderes del elector, si seguimos así, tal vez en el futuro podamos ser el “antiveneno” de la corrupción y podamos garantizar la “paz perpetua” para “las estirpes condenadas a 100 años de soledad”.
@HombreJurista
