“No me digan lo que ya sé: estoy aquí solo ante la justicia; y mis amigos, si es que alguna vez los tuve, fueron los primeros en irse” (Autor anónimo).
Para llegar a la génesis de la actual crisis política que tiene de nuevo el nombre de El Bagre como revolando en cuadros por todo el país, nos ubicamos en el punto exacto en que nuestros honorables concejales aprobaron una seguidilla de proyectos de acuerdo, como el 018 del 3 de junio del 2016, lleno de todas las arbitrariedades posibles y madre de todo lo que se vino después, cuyas raíces oscuras hacían presagiar que la pequeña criatura no sería más que otro engendro jurídico, fruto del ánimo codicioso de sus autores y de sus cómplices en la corporación edilicia, quienes animados por cuestiones hasta ahora desconocidas, se llevaron de calle cualquier cosa que para ellos significara la palabra vergüenza.
Y cuando apenas cumplía sus treinta y cuatro meses y quince días de haber jurado sobre una Biblia, y con el pueblo por testigo de que cumpliría con los mandatos de la Constitución y la ley, agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, enviados desde Bogotá, capturaron en su despacho —como cosa rara, porque era el sitio que menos frecuentaba— al alcalde de El Bagre, Antioquia, el administrador hospitalario, egresado de la Universidad de Santiago de Guayaquil de Ecuador, Ángel Mesa Castro, nacido en el municipio de Magangué, Bolívar, quien llegó a ese cargo de elección popular avalado por el partido Opción Ciudadana con los votos de 10.993 electores (un pequeño paréntesis para decir que en las elecciones del 30 de octubre del 2011 obtuvo apenas 2.471 tarjetones con las banderas del Partido Verde y ocupó el tercer lugar).
Pues bien, antes de que la justicia diga la última palabra sobre la inocencia o culpabilidad del acusado, hay que recordar que el funcionario deberá responder por los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, además de los que se derivan de la firma de un contrato de concesión del servicio del alumbrado público en esa cabecera municipal, cuyo valor fue tasado en $5.441.146.638 pesos, con un plazo de ejecución de 20 años, la cual estaba en cabeza del señor Fernando Antonio González Pacheco, quien en su momento era la persona visible de algo que llamaron Unión Temporal Iluminando a El Bagre. Frente a este hecho en particular, el Ministerio Público también involucró en su momento a los asesores del municipio: Carlos Uribe Arboleda, Óscar Jair Diruggiero Romero, Milton Zabaleta Oquendo y Hamilton Alejandro González Palacio, para determinar si incurrieron en falta disciplinaria dentro de los hechos mencionados y si pudieron causar perjuicio a la administración pública. Del proceso de licitación y adjudicación estuvieron al frente Roimir Durán Maury, en su calidad de Secretario de Planeación; José Castro Castro, Director de Contratación y Charles Stiven Cano Ochoa, Secretario de Obras Públicas. Habrá que recordar que el malhadado contrato no solo comprometía vigencias futuras, sino que era portador del germen de la desfachatez, además de ser a todas luces leonino, si recordamos que contenía sobrecostos superiores al 300 %, tanto para el sector residencial como el del comercio, cuyo impacto se comenzó a sufrir en las facturas mensuales, hecho que llevó a que algunas empresas como Edatel, Mineros S.A. y Comcel Comunicación Celular, tomaran cartas en el asunto a través de una queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos y el mismísimo senador en campaña, Álvaro Uribe Vélez, se mostró dispuesto a respaldar a los demandantes de aquel mamarracho sancionado por el alcalde en mención. Que al “eterno” se le haya olvidado seguir con el trámite de la queja es otra cosa.
En aquella oportunidad, la única voz que se alzó para defender la iniciativa lo hizo invocando al legendario héroe inglés medieval que habitó en el Bosque de Sherwood, conocido como Robin Hood, el que le quitaba a los ricos para darle a los pobres, sólo que aquí lo aplicaron al revés, y ese personaje es quien hoy debe responder ante la justicia. Todavía quedamos muchos sin entender cómo era posible que un contrato como estos hacía posible desequilibrar la balanza en favor de los más pobres, cuando los primeros en alzar su voz de protesta fueron los que podían cancelar las facturas a tiempo. Bruto que es uno.
Y es aquí donde llama la atención el poder real que puede cumplir una veeduría ciudadana, que, alejada de cualquier manto de politiquería salió en defensa de los intereses de la comunidad, cuando debieron ser los concejales los llamados a ejercer el “control político”, pero como ya se dijo, fueron ellos los que le dieron vía libre a la barbaridad, puesto que en esos días andaban, de seguro, en alguna capacitación y los entiendo. En honor a la verdad hay que decir que los primeros que se apersonaron del caso y le pusieron todas las ganas a lo que muchos daban como una causa perdida, o cuando menos corrían el riesgo de ser el blanco de ataques de parte de algunos funcionarios de la administración municipal, fueron los de la veeduría ciudadana, quienes en primera instancia llamaron a una protesta cívica con el apoyo de ciudadanos indignados ante semejante oprobio y llevaron sus quejas a donde se deben llevar en un Estado social de derecho como el nuestro: a las entidades de control (Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría) para que emitieran sus veredictos, y por ahora nos ha tapado la boca a los que decimos que “la justicia cojea, pero llega”. Y por ahora parece que llegó para quedarse.
Y mientras en los estrados judiciales se desarrollan las cosas para tratar de desenredar el ovillo, la decisión para designar un alcalde encargado quedó en las manos y el bolígrafo de su majestad el señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez, situación que no será tan fácil porque resulta que el movimiento o partido que avaló al personaje, Opción Ciudadana, cuya historia se remonta al mes florido de mayo del 2013, quedó sin Personería Jurídica, esto es, no existe en el mundo político. Ahora que mencionamos a tan distinguido partido hay que decir que para el año 2013 los dirigentes del Partido de Integración Nacional convocaron su Convención Nacional con un solo propósito: limpiar su reputación y refundar el movimiento. Durante años eran considerados el partido ‘leproso’, el que nadie quería tocar; otros lo llamaban el partido “tinieblo”, porque mientras los gobiernos de turno lo rechazaban en público, en privado deseaban sus votos. Era el precio de un estigma, en buena medida merecido. Este movimiento se convirtió en el escampadero de políticos cuestionados, en su mayoría herederos de uno de los mayores escándalos de la política nacional, la parapolítica. En ese entonces Ángel Alirio Moreno, un exconcejal de Barbosa (Santander), era el presidente del PIN que había anunciado con bombos y platillos un acto de contrición público para esa convención. El partido le pediría perdón al país por haber avalado a dirigentes políticos que terminaron condenados por vínculos con grupos paramilitares. En total, tres senadores y dos representantes de este movimiento terminaron tras las rejas. Fue así como el PIN dio paso a Opción Ciudadana. Sin embargo, detrás de la nueva fachada, las viejas prácticas políticas parecían mantenerse intactas. En marzo del 2014, Opción Ciudadana se estrenó en las urnas. En las elecciones parlamentarias alcanzaron cinco curules en el Senado. Mauricio Aguilar Barrera, hijo del coronel retirado Hugo Heliodoro Aguilar, famoso por haber dado de baja en un tejado en el barrio Laureles, en Medellín, a Pablo Emilio Escobar, y condenado por vínculos con paramilitares, fue el gran elector del partido, con 100.159 votos.
Pero su hora llegada fue en las pasadas elecciones del mes de marzo, cuando sus pobres resultados llevaron a que el Consejo Nacional Electoral emitiera una resolución en donde confirmó que el partido santandereano Opción Ciudadana, creado y liderado por el exsenador Luis Alberto Gil Castillo, condenado por parapolítica, no alcanzó el umbral en esos comicios, razón por la cual perdió su personería jurídica. Según la resolución del CNE, el antiguo PIN en los pasados comicios solo alcanzó 346.398 votos al Senado, mientras que el umbral fue de 458.019 votos, es decir, la colectividad santandereana estuvo 111.621 sufragios del corte contemplado por la Ley. Por si lo anterior fuera poco, la decisión del CNE le significa perder el derecho a que el Estado lo financie como partido político y en consecuencia pierde la posibilidad de entregar avales y que todos los que estuvieron en representación de Opción Ciudadana quedan en libertad de buscar otro partido o movimiento que los arrope en las nuevas elecciones del 2019. Habrá que recordar que en las votaciones del mes de marzo Opción Ciudadana solo obtuvo dos curules en la Cámara de Representantes, en tanto que en el Senado ese partido no logró conseguir ni una sola credencial por no alcanzar el umbral.
Si nosotros en El Bagre fuéramos de verdad serios, incluidos los ciudadanos de a pie y los llamados “dirigentes políticos”, pondríamos nuestras barbas a remojar y en un acto de contrición nos veríamos las caras para saber hasta dónde hemos tenido la culpa —sin que ello signifique pedir justicia por el hecho actual— de elegir a personas que estaban preparadas para otras cosas, menos para el difícil arte de gobernar; que no es otra cosa que trabajar para buscarle soluciones a las comunidades; o si se quiere, a darle un cumplimiento a las promesas de campaña, que en este caso fue el de hacer una transformación social en donde la honestidad y los actos públicos no tuvieran que ver con las ganas de quedarse con los recursos que son de todos. Uno mira las calles de El Bagre y parece que el tiempo se hubiera detenido porque desde la rimbombante oficina de Planeación, desde donde hicieron anuncios de ejecutar obras que jamás se hayan visto en ese municipio, cuando ahora lo que hay es una verdadera colcha de retazos con pavimenticos aquí y allá y sin un verdadero norte que nos diga para dónde es que vamos, carajo.
Lo de los concejales merece un capítulo aparte, más cuando muchos de ellos ni siquiera se han sentido comprometidos en los desmanes cometidos por la actual administración y más bien se preparan a participar en las campañas del 2019, con la certeza de que obtendrán el respaldo de los mismos de siempre. Por eso es que nos va como nos va, y después nos quejamos. Al frente vemos la elección de un nuevo alcalde, su equipo y un Concejo que recupere la dignidad por lo menos, y de paso hacer el esfuerzo para llevar a otros cargos de elección popular, dígase a la Asamblea de Antioquia, a personas que hayan sido probadas en su trabajo y que no carguen cuentas pendientes con algún organismo de control que tenga que ver con el robo de los dineros públicos. Esa es la lección que nos puede dejar el penoso hecho de tener un alcalde tras las rejas, a la espera de un juicio de donde saldrá inocente o culpable.
Y como lo dice Juan en las palabras sagradas 8:31-38: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.
