El 10 de marzo pasado, Julieta Lemaitre Ripoll y Roberto Vidal López, dos magistrados de la JEP (Justicia Especial para la Paz), viajaron a Pondores, un campamento de “capacitación y reincorporación” que el gobierno colombiano construye en La Guajira para los desmovilizados de las Farc. Pero allá los jefes del caserío les dejaron ver solo lo que ellos querían que vieran.
El que manda en el lugar es un tal Bertulfo Álvarez, alias de Juan Hermilo Cabrera, brazo derecho del terrorista prófugo Iván Márquez quien, hace apenas dos años, martirizaba esa región con el frente 59 del “bloque caribe” de las Farc. Ese paraje, considerado por ellos como “estratégico”, no está lejos de la Sierra de Perijá y, sobre todo, está en la ruta que permite el ingreso y el escape hacia y desde la frontera con Venezuela, a 18 kilómetros de allí. Tierra de nadie, esa zona boscosa es frecuentada por otras bandas narcocriminales como el ELN, las AUC, los Rastrojos y el Clan del Golfo.
Pondores está a unos 25 minutos de la ciudad guajira de Fonseca. En Pondores residen varios de los exmiembros del secretariado y del ex “estado mayor” de las Farc. Ese personal vive allí bajo la protección, aparentemente desarmada, de otros 200 exguerrilleros de las Farc, según la crónica complaciente que publicó la revista Semana de esa visita (1).
La inspección realizada por Lemaitre y Vidal, escoltados por un equipo de seguridad y un delegado de la ONU, parece haber sido el resultado de una petición de las Farc. Esta quería ambientar favorablemente la “audiencia reservada” que la JEP le iba a realizar en Riohacha a Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez, días más tarde. El mismo Toncel, junto con Bertulfo Álvarez y Abelardo Caicedo Colorado, alias Solís Almeida, recibieron y acompañaron todo el tiempo a Lemaitre y a Vidal y a los auxiliares de ambos. Gómez, Álvarez y Almeida son buscados por Estados Unidos por crímenes relacionados con el narcotráfico. Washington ofrece 2,5 millones de dólares por cada uno de ellos.
La inspección transcurrió, parece, dentro de un clima cordial y respetuoso pero, extrañamente, tres casas de Pondores permanecieron cerradas. Los magistrados no pudieron ver la guardería ni el “museo de la memoria”. Tampoco un cobertizo denominado “la biblioteca”. La explicación que dio Toncel de por qué no abrirían esos lugares es inverosímil: que no encontraron la persona que tenía las llaves respectivas. ¿Qué guardan allí Joaquín Gómez y sus hombres que los dos jueces de la JEP no debían ver? El cronista de Semana no dijo una palabra al respecto.
La magistrada Lemaitre tampoco opinó al respecto pero sí ofreció a Semana, en ese campamento, unas declaraciones imprudentes que podrían plantear problemas en el proceso de los jefes de las Farc. Presidenta de la “sala de reconocimiento” de la JEP, Lemaitre lanzó un juicio de valor muy favorable a los justiciables que encontró en ese lugar, sin tener mayores pruebas de lo que decía. “Se ve que no están haciendo la guerra y [están] teniendo una vida”. Semana cuenta que ella reiteró: “Yo los veo que están aquí, que están trabajando, que están desarmados. Hay un compromiso de los líderes de la antigua guerrilla de asumir un liderazgo y lo están haciendo. Eso es lo que uno puede ver en una breve visita.”
Sobre Iván Márquez, uno de los capos de las Farc que debía estar en Pondores, Julieta Lemaitre no hizo pregunta alguna. En todo caso, Semana no escribió ni una línea al respecto.
La inspección que los dos jueces hicieron en ese caserío fue, pues, rápida y superficial. Vieron lo que le dejaron ver y se conformaron con eso. Si la crónica de Semana es exacta, ese recorrido de un día no dio para adquirir una certidumbre de lo que allí ocurre. La ingenua anticipación pronunciada por la magistrada da mucho que pensar sobre la exigencia jurídica requerida para un tal proceso y hasta podría invalidar la actuación judicial que involucra a ese grupo de individuos.
Otro detalle “pintoresco”: ese informe de Semana se abstuvo de mostrar los polémicos murales de Pondores, hechos con dineros del Estado colombiano. El mayor cubre una superficie de tres metros de alto por nueve de largo. Son los retratos de tres chacales: Tirofijo, Jacobo Arenas y Alfonso Cano. Dos figuras más fueron pintadas sobre el muro adyacente. “Mariana Páez” y “Lucero Palmera”, dice un escrito en la parte baja de cada retrato. Nadie sabe quiénes son esas personas. Ello muestra que los artistas pro-Farc están empeñados en imponer una visión idílica de la banda mediante esas y otras “creaciones de arte”, en ese y en otros lugares. Por ejemplo, el Museo Nacional de Bogotá, y dos galerías de arte de la capital, exhiben en estos días, sin el menor sonrojo y sin la menor refutación del ministerio de Cultura, una triple exposición de pinturas destinada a “construir la memoria histórica del conflicto”.
Esas obras evaden todo pensamiento crítico y tratan, por el contrario, de convertir la mentira en verdad: los jefes de la peor maquinaria de muerte que haya conocido Colombia en toda su historia son mostrados como santos. Un cuadro de Inty Maleywa, quien espera ser vista como la Diego Rivera colombiana, muestra, por ejemplo, un árbol donde los frutos son los cabecillas muertos de las Farc, del M-19 y del EPL. Al pie, una serie de edificios llenos de presos y unas fábricas que arrojan fumarolas negras. Y, sobre todo, el mensaje mayor: tres expresidentes, sobre un blindado, disparan frenéticamente contra el pueblo. Esa ramplona caricatura, donde los agresores son los buenos y sus víctimas los malos, se repite en cada una de sus pinturas. Solo faltó un cuadrito: uno donde se ve a los expresidentes poniendo las bombas del Club El Nogal, de Bogotá.
El argumento para hacerle tragar al público semejante píldora de odio es simple: “queremos una sociedad dispuesta a coexistir en el reconocimiento de las diferencias y desacuerdos de sus habitantes”. Soportar a los violentos y callar: ese es el mensaje. La violencia de masas ejercida durante más de 50 años contra Colombia por las Farc, con los 80.000 desaparecidos que dejaron, y sus variantes más espeluznantes, es lo que esos “artistas” tratan de tapar con el rótulo de “diferencias” y “desacuerdos”. Ante ese pavoroso intento de lavado de cerebro, el Ministerio de Cultura sigue callado o lo mira como un espectáculo aceptable. ¿Cuándo va a despertar de su letargo ese ministerio? ¿Hasta cuándo va seguir la flojera política del gobierno? La soledad del pueblo colombiano ante sus verdugos comunistas es muy grande. Y eso va desde Pondores hasta Bogotá.
