El Plan de Desarrollo “Todos por un nuevo país” avanza como una aplanadora por encima de asuntos cruciales para el país como el sector rural, medio ambiente y víctimas. Oxfam convocó a un foro para llamar la atención sobre el tema de tierras en el que los funcionarios responsables, el director de planeación Simón Gaviria y el ministro de agricultura Aurelio Irragorri no dieron la cara. Estos fueron los cuestionamientos.
1. Megaproyectos: ¿con licencia para desplazar y evitar la restitución?
Los Pines o proyectos de interés nacional y estratégico es el nuevo nombre a algunos de los proyectos que en el cuatrienio pasado hacían parte de las llamadas “locomotoras”, y pueden estar en el sector minero, energético, de infraestructura u otros. El quid del asunto es que el Plan les da un estatus imbatible frente a cualquier persona que se oponga, pues los declara de “utilidad pública e interés social”.
En de los Pines, el gobierno puede quedar eximido de restituir tierras a las víctimas o de adjudicar tierras baldías a los campesinos o comunidades étnicas. Tienen finalmente la misma protección de los recursos naturales o de la diversidad cultural con lo cual cualquier interés particular queda supeditado con la posibilidad de llegar a decisiones de expropiación de propiedades en aras al interés prioritario.
2. ¿Una mimetizada reforma al Código de Minas?
A través del Plan el gobierno quiere reformar el código minero después del fallido intentó del 2010 que tumbó la Corte Constitucional por ausencia de consulta previa con las comunidades étnicas. Establece la posibilidad de formalizar a los pequeños mineros es a través de subcontratos con grandes empresas mineras. Comunidades que han realizado minería tradicional podrían perder autonomía y quedar subordinadas en al mando, arbitrio e interés de las grandes.
El Plan también establece la creación de “zonas estratégicas mineras indefinidas” en donde escogerá empresas para hacer explotaciones mineras, pero no define cómo resolver posibles conflictos si estas áreas son usadas por las comunidades con otros fines. Además, hace reformas en temas como integración de áreas mineras, cánones de arrendamiento, cierre de minas y sanciones.
Para el experto Luis Jorge Garay existe una marcada incongruencia entre las intenciones ambientales del plan en su enunciado y formalización en el articulado, dándole super poderes al Ministerio de Minas. Garay rescata que el PND plantee planes de cierre de las minas para que las empresas tengan que responder por los daños causados.
3. La minería ilegal, al margen del Plan
En algunas regiones del país circulan estos “dragones”, máquinas gigantes de minería ilegal.
A la minería ilegal no la toca el Plan a sabiendas de que “hoy tiene una rentabilidad equiparable o mayor que la del narcotráfico”, según Garay. El plan no habla sobre la explotación criminal que hacen organizaciones transnacionales y grupos armados además de las repercusiones ambientales que afectan las comunidades.
4. Patentes
El Plan de Desarrollo permite que el gobierno regale las patentes fruto de proyectos de investigación financiados por él mismo. Aunque esto se presenta como un estímulo a la innovación, también despierta grandes interrogantes: ¿quiénes serán los beneficiarios?, ¿podrán caer en esta lista empresas multinacionales? Puede ser una oportunidad para las multinacionales farmacéuticas y su interés en aprovecha la rica biodiversidad colombiana y su interés en apropiarse de conocimientos ancestrales de indígenas, comunidades afrocolombianas y campesinos sobre sus usos para la salud.
5. Las víctimas sin peso en el Plan
En las zonas Pines pueden no cumplirse con procesos de restitución de tierras a las víctimas. Y algo más grave aún. Las metas para su atención son irrisorias, al punto de que incluso la Procuraduría dio la voz de alerta. En el 2018 habrán sido reparadas solo 920.000 víctimas, el 14% de los 7 millones identificadas y no de forma integral. La mitad de éstas habrán recibido atención psicosocial, 23 mil tendrán solución de vivienda mientras que habrá restitución de tierras para un grupo de 15 mil personas.
6. Los baldíos no serán para los campesinos...
La Constitución les concede a los campesinos el derecho a acceder progresivamente a la tierra, de allí que los baldíos, que son del Estado, están reservados para éstos. A pesar del fallido intento de permitir acumulación de tierras a empresarios que frenó la Corte Constitucional, el Plan de desarrollo intenta nuevamente abrirles la puerta. Permite la creación de reservas sobre baldíos para que “trabajadores agrarios” puedan hacer proyectos según las líneas del gobierno, con la tierra como activo. Para muchos analistas, la expresión trabajador agrario no se limita a campesinos y puede expandirse a empresas incluso multinacionales. La Comisión Colombiana de Juristas considera que el gobierno con la facultad para hacer la regulación de estas “reservas de baldíos” estaría haciendo una “mini reforma agraria” de un tema que por su importancia, debería tratarse en el Congreso.
Para el experto Absalón Machado, las reservas de baldíos para campesinos es una forma de volver realidad las polémicas Zidres, las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Estratégica que intentaron incorporar en la ley de baldíos que no logró hacer trámite en el Congreso el año pasado. Se establece que en la Altillanura, los baldíos podrán ser arrendados o concesionados para grandes proyectos.
Para Aurelio Suárez, lo que hay detrás es el derecho de superficie, que en otras palabras significa que no se transfiere a grandes empresas la propiedad del suelo, sino el derecho a usar la superficie a cambio de un canon de arrendamiento con lo cual “se le entrega al capital, tierra a costo cero”. Con eso, Colombia se alinea con la OCDE para generar rentas sobre el territorio, con lo cual se terminarían generando múltiples enclaves de empresas extranjeras, recordando ejemplos del pasado como el de a United Fruit Company en la zona bananera y la casa Arana de explotación de caucho en Amazonas y Putumayo.
Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo le pide al gobierno facultades extraordinarias para cambiar la institucionalidad rural con lo cual el Congreso quedaría por fuera del debate de un tema crucial.
7. Licencias ambientales express
Marta Chivatá, de la Vereda La Esmeralda en Acacías, Meta, protesta por el agua que hay en sus aljibes sale contaminada por la explotación petrolera.
Las licencias ambientales tendrán un manejo preferencial. Los tiempos para otorgarlas quedaron reducidos en una cuarta parte y se podrá acceder a otros mecanismos a través de los Pimes. Para el analista Luis Jorge Garay, es necesario leer estos cambios en la perspectiva de la magnitud de los proyectos que avanzan en Colombia, como el de la Colosa en el Tolima. Ante riesgos impredecibles, por ejemplo sobre el agua, ¿bastará este tiempo para prevenirlos?
8. Desprotección a páramos, humedales y áreas protegidas
Colombia tiene la mitad de los páramos que hay en el mundo. Son, literalmente, nuestras fábricas de agua
Los páramos quedan protegidos de actividades mineras y agrícolas. Es una decisión complicada, como lo contó Las2Orillas, porque coloca a los agricultores pequeños y grandes en contra de la delimitación de los páramos. El resultado es que se delimiten páramos muy pequeños y se dejen por fuera áreas que ecológicamente sí lo son, como en el caso de Santurbán. Además, los proyectos mineros que están en desarrollo pueden continuar su curso independiente del efecto dañino de sus actividades.
No prohíbe minería en los humedales, ni los cuerpos de agua como lagunas, pantanos, ciénagas y otros de los que dependen los ciclos hídricos y evitan las inundaciones. Se limita a darle directrices a las autoridades ambientales para restringir actividades de alto impacto, a sabiendas de que éstas tienen las manos maniatadas para decidir sobre minería y menos de cara a los nuevos Pines. Finalmente se abre un boquete para que se construyan vías en parques y zonas protegidas, donde hoy está prohibido hacerlo.
9. ¿Consulta adecuada a pueblos étnicos?
Este Plan surtió un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas. Sin embargo, sobre varios puntos álgidos no hubo acuerdo: minería, cambio climático y consulta previa. Se repitió la situación del anterior plan de desarrollo cuando las organizaciones indígenas tuvieron que dejar constancia de que las políticas que más podían afectarlos no habían quedado dentro de los acuerdos.
Para el dirigente indígena Feliciano Valencia se excluye la visión que tienen los pueblos indígenas, los negros y los campesinos del campo: “nosotros como pueblos indígenas no vemos políticas serias para atender problemática de producción agraria Problemas del campo, la pobreza, la exclusión, la oferta de alternativas ilegales, la minería criminal, el asistencialismo, que nada solucionan de NBI, los procesos de intervención de enormes intereses corporativos multinacionales, saqueo de biodiversidad, acceso a la tierra, sobre todo, los procesos de intervención para solucionar problemas del campo.”
El pueblo afro, que también sería afectado por varias disposiciones del Plan no fue consultado. Un comportamiento que puede ser causal de inconstitucionalidad, como ocurrió con la Ley Forestal, la reforma al Código de Minas y el Estatuto de Desarrollo Rural y las políticas y programas del Plan de desarrollo de Alvaro Uribe que afectarían a pueblos étnicos.
10. ¿Un Plan para la paz?
Este Plan formulado en medio de las conversaciones en La Habana tiene en cuenta la premisa de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, pero intenta allanar un camino hacia la paz. Carlos Salgado, de Planeta Paz considera que éste tiene “una visión mínima de la paz”, con una definición simplista de la paz que contrapone a la violencia. Considera que excluye importantes actores y espacios con los que el gobierno ha venido conversando en el último cuatrienio, como la Cumbre agraria, La Asociación nacional de zonas de reserva campesina, la Mesa de organizaciones sociales del Putumayo y otras.
Al dejar por fuera a estos actores, se excluye la mirada de la gente que habita el campo. Según Feliciano Valencia, “para los indígenas la paz que soñamos empieza en la tierra, el territorio y la satisfacción de las necesidades básicas desde la mirada de cada pueblo para vivir en equilibrio.” Para Oscar Gutiérrez, de Dignidades Agropecuarias, el Plan deja por fuera a los campesinos, a los que responden por el 60% de la alimentación colombiana: “sigan ahí produciendo y quebrándose, porque vamos a seguir importando alimentos”, dice.
Lea aquí algunas ponencias de los exponentes en el foro:
Comentarios sobre la institucionalidad rural del Plan Nacional de Desarrollo por Absalón Machado
Crédito rural en el Plan de Desarrollo 2014-2018 por Cecilia López
Le encrucijada del TLC con Estados Unidos para la agricultura, por Fernando Barberi
La minería en el Plan de Desarrollo, por Jorge Luis Garay
Agro, competitividad y Plan Nacional de Desarrollo, por Oscar Gutiérrez
