La Contraloría General de la República denunció que los recursos destinados en los últimos diez años a la Política Pública de Víctimas por $146 billones han resultado insuficientes para asistir a las más de nueve millones de víctimas reconocidas en el país. Se estima que se requeriría a 2031 un presupuesto aproximado de $301 billones.
“Teníamos nuestros recursos para vivir, gente que teníamos nuestra generación de ingresos y lamentablemente quedamos de un momento a otro con las manos limpias”, denunció María Eugenia Blanco, víctima del conflicto armado.
Señaló asimismo el enfoque que desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011, solo se han indemnizado el 12% de la población quedando pendientes 8.813.711 millones de víctimas. En cuanto a la indemnización colectiva de los pueblos étnicos, se resalta que pese a las inversiones de $19 mil millones en los últimos diez años, solo se ha logrado indemnizar al 12% de las comunidades indígenas y al 9% de las comunidades afrocolombianas.
Agrego en ese sentido el organismo de control que un informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a los Decretos Leyes Étnicos, afirma que los $1.7 billones ejecutados en los últimos cinco años resultan insuficientes para la reparación de las víctimas individuales y colectivas de los pueblos étnicos, resaltando con preocupación que solo el 1% del presupuesto para víctimas indígenas se dirige a las medidas de protección y prevención, y para los pueblos negros y afrocolombianos no se evidencian recursos para estas medidas.
Por otra parte, la Contraloría le hizo un llamado al Gobierno a mejorar el acceso a la vivienda digna para los hogares de víctimas de desplazamiento forzado, pues se ha identificado que más del 80% de estas no gozan del derecho. Frente a proyectos de vivienda urbana, desarrollados entre 2012 y 2021, se encontró un rezago en la entrega de 14.010 viviendas urbanas, y para vivienda rural un atraso de 21.599 sin terminar.
Finalmente, el ente de control fiscal indicó que pese a los avances en las acciones adelantadas para la implementación del Programa de Prevención de las Violencias Sexuales en el Conflicto Armado, se identifican barreras en esta materia, pues las metas anuales planteadas en los indicadores del Gobierno resultan insuficientes para la reparación integral de las mujeres víctimas del conflicto y para el cierre de brechas de género.
