Los colombianos estamos acostumbrados a los escándalos mediáticos, armados por algunos medios de comunicación superficialmente, y, en la mayoría de los casos, se quedan en las cáscaras de las denuncias sin investigaciones profundas y ponderadas sobre las anomalías. Hace poco leímos y escuchamos un escándalo sobre las entregas de alimentos para los niños en dos municipios del Chocó.
Anomalías condenables, pero todo lo que se armó fue un plan oscuro y perverso, fríamente calculado con intereses económicos y políticos de por medio, donde la columnista de El Espectador, Claudia Morales, quien fungió estar bien informada, sirvió de esquirol de los intereses torticeros de una camarilla de personajes que se dedicaron hacer una operación tortuga para provocar los daños de los alimentos y generar un escándalo mediático contra el operador que había ganado la licitación en el Chocó.
De plano otros colegas como los de la Revista Semana también cayeron en la trampa y presentaron los hechos sin análisis de fondo sobre el contexto de un problema de corrupción estructural que afecta a la niñez y a la calidad de la educación en el país. Escándalo que salpica a una institución tan respetable como la iglesia católica, porque, de una u otra manera, la Diócesis de Istmina-Tadó, se encuentra en el centro del escándalo.
De hecho, el Ministerio de Educación, mediante un convenio firmado el año pasado, le otorgó un contrato de $ 11.263 mil millones y la pregunta pertinente es ¿Con qué tipo de infraestructura operaron? Entonces, es claro que en el caso de la administración del Programa de Alimento Escolar -PAE en el Chocó, tanto el Ministerio de Educación, como el ICBF y la Diócesis de Istmina- Tadó, tienen que dar muchas explicaciones sobre su papel en el manejo de este programa en los últimos años en el Chocó.
Indudablemente que no son imputables todas las responsabilidades de las anomalías a la empresa Fundación para la Gestión y el Desarrollo Social Colombiano–Fungescol-, una empresa que fue contratada para suministrar alimentos durante 49 días del calendario escolar. Después de haber investigado sobre este polémico episodio, es evidente que algunos funcionarios de la Gobernación del Chocó, la regional del ICBF, las alcaldías, los rectores de las instituciones educativas y, desde luego, la Diócesis de Istmina-Tadó, tienen muchas responsabilidades y aspectos que deben explicar y responder en este espinoso debate. Ahora, al margen de estos hechos, igualmente existen cúmulos de acontecimientos que ameritan ser investigados sobre lo que esta pasado con el PAE en la alcaldía de Quibdó, la capital chocoana.
Todos los enfoques noticiosos fueron sobre verdades a medias, pero sin examinar que este es un problema estructural. Pocos se han detenido a examinar que lo que ocurrió en el Chocó es una cuestión casi que generalizado en el país. No es un asunto exclusivo del Chocó, sino problemas que se padece en mayor o menor escala en varios departamentos.
El meollo de la problemática del PAE es estructural de irregularidades y de corrupción en un programa que hasta hace dos años fue manejado por el ICBF y ahora por el Ministerio de Educación, dentro de un esquema descentralización de su ejecución con las entidades territoriales certificadas en educación. El cáncer de la corrupción del PAE no es nuevo. Es una plaga que esta enquistada desde hace años en lo más alto de la pirámide de la corrupción estatal. Su manejo en el ICBF no estuvo exento de irregularidades y anomalías.
Por lo tanto, lo grave ahora es que con el nuevo esquema que el Ministerio de Educación adoptó, delegó su administración a los entes territoriales. Es obvio que el cáncer de la inmoralidad con sus tentáculos se expandió.
Entonces los medios de comunicación, en lugar levantar alborotos mediáticos con enfoques superficiales, lo que deberían hacer son investigaciones más profundas y análisis con contexto histórico sobre cómo ha sido su funcionamiento y cómo opera ahora con los contratos suscritos por el Ministerio de Educación con los departamentos, municipios y distritos certificados. Lo del Chocó es un eslabón de la extensa cadena de irregularidades y desaciertos de las políticas educativas de este ministerio sobre la calidad de la educación y la atención de la niñez colombiana.
Twitter: @j15mosquera
