En el 2023 tenemos un escenario con fuerte debate de las reformas sociales y territoriales en el contexto del Congreso de la República; serán objeto de proyectos de ley especialmente, el sistema de salud y de pensiones, el régimen laboral y de protección; todos ellos asuntos asociados al clamor de mayorías ciudadanas respecto a las reglas de justicia social y a la frontera y relación entre Estado y mercado; será complejo porque nuestras situaciones estratégicas de país en términos de recursos y de entendimiento político son polémicas; hemos persistido por siglos en atizar la llama de los conflictos, en naturalizar exclusiones y desigualdades, al punto que es difícil ponernos de acuerdo para caminar hacia propósitos comunes, en medio de las diferencias, las desconfianzas y las miradas e intereses particulares.
En ese contexto legislativo, comienza febrero de 2023 y el gobierno nacional entregará al Congreso de la República el primer articulado del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026; tendremos una etapa de debate político en el cual las líneas programáticas ya presentadas se tejen con las posibilidades financieras, legales y técnicas de gestión del cambio, desde las ejecutorias de Estado; es decir, vinculando el cruce de propósitos entre el gobierno, la sociedad y el mercado, con nuestras capacidades materiales de respuesta. En esta nueva etapa de discusión se requieren más esfuerzos aún para hacer del Plan una ruta de paz, de convergencia, de transición, de democratización y esto implica afinar y aterrizar la estrategia de país, teniendo en cuenta las realidades regionales.
El PND será la principal tarea pública en el primer semestre del año, de cara a hacer lo más pertinente como respuesta a las demandas y los anhelos de la población en términos de disminuir desigualdades y superar injusticias, haciendo la tarea de recuperar la planeación pública como clave estratégica para potenciar la visión de un país de regiones que tome una ruta compartida.
Los lineamientos que se movilizan en este momento tienen un buen sabor narrativo que genera grandes expectativas. Recordemos brevemente las principales transformaciones que se buscan construir: 1. Ordenar el territorio en torno al agua, lo cual implicará retomar las bases de sostenibilidad, encontrando equilibrios entre los procesos productivos y las demandas ecológicas, 2. Seguridad humana y justicia social, que se orienta a la convivencia, a la construcción de paz total con un sentido integral de realización de los derechos sociales y ambientales, 3. Derecho humano a la alimentación, con una dedicación estratégica al sector agropecuario, como factor de soberanía alimentaria, 4. Internacionalización económica productiva para la vida y la acción climática que implicará una transición energética con procesos de reconversión industrial y democratización económica, 5. Convergencia regional, visualizando las nuevas relaciones rurales- urbanas, para generar vínculos de comunicación y movilidad entre diversos hábitat, subregiones y macro regiones.
El debate del Plan Nacional de Desarrollo está articulado al espíritu de las reformas que se han planteado, en el sentido en que históricamente venimos de una operación desarticulada del Estado, sin mayor criterio de planeación estratégica y en la mayoría de los casos cedida a redes de operación delegada, en la cual los derechos se vuelven respuestas unilaterales e individualizadas, especialmente ligadas a precarios sistemas subsidiarios que sirven más a los intereses de los operadores que a la población demandante de servicios y oportunidades. En términos generales estamos desprovistos de una institucionalidad que responda por la gestión; es decir, tenemos una institucionalidad social que va a tientas, escasamente suscribiendo contratos; por un lado, pesada y llena de formatos, tramites y formalismos, y por otro lado, muy etérea al momento de responder a los problemas concretos, de transformar realidades.
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En el Congreso la discusión del Plan implicará el aterrizaje de las estrategias en proyectos e inversiones que determinarán como se distribuyen $ 1040 billones en inversión los próximos cuatro años
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En el Congreso la discusión del Plan implicará el aterrizaje de las estrategias en proyectos e inversiones que determinarán como se distribuyen aproximadamente 1040 billones de pesos en inversión para los próximos cuatro años; estamos hablando solamente del presupuesto de inversión y los recursos son pocos para las urgencias, las necesidades y las expectativas poblacionales, sectoriales, territoriales; se necesita una estrategia práctica que permita respuestas integrales, entendiendo que concretar los derechos sociales y ambientales, como es el espíritu de las reformas planteadas, requiere de una sociedad productiva y en paz que genere y distribuya recursos con sentido de equidad y sostenibilidad. El plan demanda entonces un balance preciso entre necesidades evidentes y respuestas con vocación de cambios plausibles y aterrizajes inteligentes que se puedan sentir pronto en la vida cotidiana del país.
En el momento de hacer balances se esperaría que uno de los factores de ponderación de las decisiones del Plan es que se busque superar los centralismos en la inversión que implica salir, no sólo de Bogotá como capital, si no de la carga centralista de las ciudades capitales y en las capitales de ciertos territorios que marcan diferencia y privilegios, respecto a las mayorías orilladas del acceso a condiciones de vida. Se necesita que los congresistas del país animen la discusión de las prioridades e inversiones del Plan en las regiones, a la vez que se da el debate técnico de la reformas sociales, ambientales y territoriales. Es el momento del Congreso en diálogo con el gobierno y las ciudadanías, para que los anuncios de más y mejor educación, salud, alimentación sana, fructifiquen al lado de la transición energética, la protección ambiental, el cuidado del agua, la reconversión productiva con oportunidades, etc. Es el momento de definir las respuestas. Hay que estar atentos al debate.
