Han transcurrido 9 meses desde la aprobación, mediante la Ley 2294 de mayo del 2023, del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la Vida” y existe gran expectativa y preocupación sobre su implementación y concreción en todos los temas incluidos en esta importante herramienta de política pública del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Su elaboración implicó un amplio trabajo social y político apoyado en las Bases fundamentales que recogieron el Programa de gobierno del candidato presidencial Gustavo Petro, ganador en las elecciones del 2022 al triunfar sobre la candidatura del bloque reaccionario que encabezó el señor Rodolfo Hernández.
Programa que asumió la Agenda de Transición democrática: otra Colombia es Posible, que bajo la coordinación de Pedro Santana aportó múltiples de propuestas e iniciativas asociadas con las reformas demandadas por el movimiento social y popular colombiano a lo largo de varias décadas.
Antes de su aprobación y legalización, se desarrolló un importante proceso de consultas y diálogos regionales que permitieron recoger diversas iniciativas y propuestas, muchas de las cuales fueron incluidas en el texto final y en el Plan Plurianual de Inversiones. En el liderazgo de toda esta actividad se colocó al economista y sociología Jorge Iván Gonzales, quien realizo una encomiable labor de sistematización e interpretación para alcanzar un producto que reflejó el consenso y la coincidencia de diversos sectores del campo político nacional, regional y local.
El Plan de Desarrollo se estructuró alrededor de unos ejes centrales relacionados con el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua y la Justicia Ambiental; la Seguridad Humana y la Justicia Social; el Derecho Humano a la Alimentación; la Transformación Productiva, la Internacionalización y la Acción Climática; y la Convergencia Regional.
En esencia, en el Plan de desarrollo están encadenados tres planos fundamentales para propiciar la transición hacia la paz, la justicia social y la justicia ambiental. Estos son, primero, el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua; segundo, la transformación de las estructuras productivas, de tal manera que las economías limpias y biodiversas reemplacen la producción intensiva en el uso del carbono; y, tercero, la sostenibilidad, que tiene que estar acompañada de la equidad y la inclusión.
El Plan, también contempla la estrategia de la Paz total e integral; los actores o las subjetividades diferenciales para el cambio que dinamizan las reformas populares en función de sus derechos fundamentales y de su protagonismo público en la disputa con los sectores del poder oligárquico organizados en enclaves estratégicos de dominación al interior del Estado, la economía y la cultura; y un Programa de estabilidad Macroeconómica que permita los ingresos y las rentas del Estado como el sustento de los gastos e inversiones de la administración en sus diversas competencias sectoriales.
Los 9 meses desde la aprobación del Plan no han tenido la celeridad o agilidad requerida desde las expectativas y demandas sociales. Tal vez, la explicación de tal rezago se pueda encontrar en la paquidermia burocrática del Departamento Nacional de Planeación bajo la tutela de una tecnocracia asociada con la herencia del uribismo y el neoliberalismo.
El nuevo Plan de desarrollo, por supuesto, implica una fuerte ruptura con todo el modelo económico y social vigente durante décadas que favoreció las poderosas castas de la oligarquía vigentes en todos los ámbitos de la nación.
Por primera vez en más de 200 años, Colombia se orienta por un proyecto y un programa anti oligárquico, posneoliberal y popular que tiene grandes desafíos y retos para lograr consolidarse en el conjunto de la sociedad.
Para destrabar la ejecución del Plan, bloqueado por la estéril y neoliberal tecnocracia del DNP, el presidente Petro ha nombrado como nuevo director de esa entidad al ex senador Alexander López, un líder social y sindical con amplia trayectoria y compromiso con los derechos de las madres comunitarias y los trabajadores de las empresas de servicios públicos en Cali y el Valle del Cauca.
Se trata de un gran acierto en los términos de lo que es la construcción de una hegemonía popular progresista que desplace el dispositivo violento y autoritario vigente a lo largo de muchas décadas en el Estado y la sociedad.
La designación de Alexander López ha desatado la ira y el señalamiento estigmatizante de la gran prensa y de los “doctrineros y agitadores profesionales/Agipro” del establecimiento quienes han pasado a pronosticar el colapso y el apocalipsis del paraíso del mercado.
Por supuesto que López tiene por delante una descomunal tarea, pues se trata de reactivar el movimiento social desde el compromiso con cada uno de los ejes del Plan de desarrollo que al ser aterrizados con políticas sociales concretas estimulan la energía popular y la vinculación efectiva como multitud consciente de mujeres, de indígenas, de comunidades, de pequeños y medianos empresarios, de jóvenes, de campesinos y de los afrodescendientes.
El Plan de desarrollo debe ser, en su expresión viva y dinámica, la base de la nueva hegemonía popular anti oligárquica que dio un salto con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la república. Es el referente de la disputa con el bloque reaccionario que maniobra para impedir el cambio y promover la regresión del viejo poder de las castas violentas colombianas.
