Con la teoría de EL PLAN GLOBAL CRIMINAL, la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación inició la judicialización de las personas señaladas de haber financiado y apoyado a los grupos paramilitares en diferentes partes del país.
Los parapolíticos juzgados y condenados por su relación con estas organizaciones criminales, respondieron por el delito de Concierto para Delinquir Agravado y sus penas oscilaron entre los 7 y 9 años de prisión, sujetas a las rebajas por aceptación de cargos, buen comportamiento, trabajo y estudio, etc. Pero, a partir de ahora, los empresarios y funcionarios comprometidos en esta clase de hechos tendrán que responder no solo por el Concierto para Delinquir sino por todos y cada una de los delitos cometidos por el paramilitarismo.
Los primeros afectados son algunos empresarios bananeros recientemente capturados bajo la sindicación de haber aprobado un impuesto de 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportado, con destino a las famosas CONVIVIR. Aunque las CONVIVIR tuvieron un origen legal, lo cierto es que la fiscalía dice tener pruebas que demuestran que el dinero que recaudaban iba a parar a manos de los paramilitares. Por esta razón la Unidad de Analisis y Contexto abrió investigación contra todos aquellos que hicieron dicho tributo.
La Unidad de Análisis y Contexto fue creada con ayuda de varios gobiernos y su enorme burocracia incluye, además de los fiscales e investigadores, equipos de sicólogos, politólogos, filósofos, antropólogos, analistas, constitucionalistas y prestigiosas firmas consultoras. El Fiscal General explicó en su momento que estos equipos tienen como objetivo asesorar a los fiscales en la comprensión del contexto histórico, social, político y económico.
En principio esto resulta plausible. El problema estriba que ahora las providencias de los fiscales están plagadas de análisis históricos, políticos y sociales, pero huérfanas de valoración probatoria. Las hipótesis de los académicos y los informes de los consultores y las ONG´S reemplazaron los medios de prueba reconocidos en nuestro ordenamiento legal. El debate probatorio fue silenciado para dar lugar a intrincados discursos ideologizados que asustarían al más radical defensor del derecho penal de enemigo.
La teoría de EL PLAN GLOBAL CRIMINAL, tiene arraigo en la escuela alemana del derecho penal y se encuentra ampliamente desarrollada en la obra “Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal”, del profesor CLAUS ROXIN. Tanto el Fiscal General como el Vicefiscal son declarados cultores de la dogmática alemana, especialmente de ROXIN, pero esto no justifica que a los bananeros y ganaderos de Urabá, así como a algunos empresarios del Valle del Cauca, a quienes se atribuyen vínculos con el paramilitarismo, se les investigue y juzgue con otro rasero, endilgándoles la responsabilidad de todos los crimines perpetrados por estas organizaciones, mientras que los políticos fueron y están siendo juzgados simplemente por concierto para delinquir.
Cabe también preguntarnos si la fiscalía investigará igualmente a los financiadores, colaboradores e ideólogos de la guerrilla, aplicándoles la misma regla de EL PLAN GLOBAL CRIMINAL. De lo contrario resultaría claro que, por alguna razón desconocida hasta el momento, la fiscalía pretende que se imponga a los empresarios investigados penas hasta de 60 años de prisión, que como se sabe no le fueron impuestas a ningún paramilitar, ni siquiera a quienes cometieron los peores crímenes. Para la muestra el caso de alias EL IGUANO, quien confesó alrededor de 3000 homicidios, así como la construcción de un horno donde cremaba a sus víctimas. En los próximos meses EL IGUANO saldrá en libertad, después de haber purgado 8 años de prisión en pago de sus imperdonables delitos.
La teoría de EL PLAN GLOBAL CRIMINAL, rompe la regla democrática de igualdad ante la ley, pero sobre todo expresa el desbordamiento de la fiscalía, que comienza a trasegar peligrosamente por los senderos del abuso y la arbitrariedad.
