El viernes 16 de junio estará lista de nómina de aspirantes que están dispuestos a pasar por un exigente cedazo para llegar al cargo de Registrador Nacional del Estado Civil. La elección del sucesor de Alexander Vega, cuyo período termina el 5 de diciembre, se producirá a más tardar en octubre próximo. El proceso será complejo e incluirá un examen de conocimientos que será auditado para librarlo se trampas y a quienes logren aprobarlo les esperará una entrevista con los tres presidentes de las altas cortes del país, dos de ellos santandereanos con fama de “cuchillas”.
Uno de los magistrados es Fernando Castillo, presidente de la Corte Suprema de Justicia y el otro Jaime Enrique Rodríguez Navas, del Consejo de Estado. Alternarán en su responsabilidad con la jurista cundinamarquesa Diana Fajardo Rivera, presidenta de la Corte Constitucional.
Los dos santandereanos hacen parte de una tripleta de coterráneos que están al frente de altas cortes. El tercero es Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, del Consejo de la Judicatura. Este último, sin embargo, no intervendrá en la elección. Los perfiles de Castillo y de Rodríguez hablan de sus méritos.
El magistrado Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema de Justicia, pertenece a una familia con tradición jurídica. Cinco de sus hermanos son abogados, mientras el séptimo es médico y se convirtió en excepción en una familia en la que estudio riguroso hizo parte de una disciplina prusiana impuesta por sus padres, Tulio Enrique Castillo Blanco y María Delia Cadena de Castillo (Q.E.P.D).
A La facultad de derecho de Derecho de la Universidad Santo Tomás, en Bucaramanga, llegó recién salido del bachillerato en el colegio San Pedro de Bucaramanga, como un estudiante aventajado y su reconocimiento en el sector académico trascendió pronto. Años más tarde, ya como magistrado, las directivas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la principal competidora de su alma mater en la región, le otorgó la distinción Sabiduría Infinita, la de mayor categoría. “Aquí lo consideramos como propio”, comentó ese día el exmagistrado Rodolfo Castillo Jácome.
Se tituló en 1995 y dos años después ya era magister en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana. Con los sacrificios a los que está acostumbrado logró pagarse los estudios de doctorado el Derecho en la Universidad Complutense, donde se graduó el 3 de octubre de 2003. Tuvo que financiarse trabajando como free lance en el Fondo de Pensiones BVBA Horizonte y luego como director y profesor del programa de maestrías de la Universidad Privada Boliviana. Su director de tesis fue Francisco Cabrillo, director del departamento de Economía Aplicada IV de la Complutense.
Desde muy joven estaba acostumbrado a faenas largas, hábito que adquirió cuando se inició en la vida laboral como mensajero de su padre en la empresa Electra Ltda. Ingeniería. Lo de disciplina prusiana en su vida no es retórica, pues debió ponerla a prueba cuando fue a prestar el servicio militar obligatorio en la Segunda División del Ejército.
Es juez laboral de origen, su principal especialidad, pero su producción académica e intelectual lo ha llevado a exploraciones que no tienen campos vedados. En 2006 escribió a cuatro manos con Carlos Andrés Uribe Piedrahíta -doctor en derecho- en un artículo sobre Derecho Económico que les valdría el premio José Ignacio de Márquez, otorgado por una fundación que lleva el mismo nombre en asoció con la Corporación Excelencia en la Justicia.
De su pasó por la cátedra en la Javeriana ha quedado, entre otros trabajos de colección, un ensayo que sigue siendo de consulta forzosa para los estudiosos de las acciones de amparo en Colombia. La incidencia de la acción de tutela en la implementación de las políticas públicas, en su título. Como laboralista sus alumnos y sus compañeros de trabajo le reconocen una visión social plasmada en obras como La pensión de vejez: una pieza en la construcción de la sociedad.
Ha escrito dos libros y editado otros producidos por el Centro de Estudios de Derecho y Economía (CEDE). Sus textos lo muestran como alguien aplicado a temáticas de seguridad social y economía constitucional.
No se sabe si ha pasado más tiempo en los despachos y estrados o en la academia. Su nombre no suena extraño en Harvard, donde ha sido uno de los muy contados colombianos que ha ido allí como profesor y como ponente. Allí llegó por recomendación precisamente de su director de tesis en Madrid. Su periplo en la cátedra ha incluido estaciones en la Universidad de los Andes y en casi todas las facultades de derechos más prestigiosas y lo ha llevado por aulas y paraninfos de España y países de América de Latina, entre ellos Bolivia, El Salvador y Guatemala.
Antes de ser elegido por el Consejo Superior de Judicatura como magistrado de la Corte, en 2016, hizo parte de la nómina de asesores jurídicos del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda en Hacienda su tema era del de pensiones y según magistrados sustanciadores de la Corte una disposición que se le escape cuando hace un análisis jurídico sobre el tema es porque simplemente no existe.
Como abogado llevó varios pleitos en el estrado laboral y alternó ese ejercicio con el de amigable componedor porque, como lo demostró cuando intervino para “separar” al presidente y al fiscal prefiere las soluciones pacíficas que aquellas que impliquen descargar el mazo para imponer autoridad y orden.
Su paisano Jaime Enrique Rodríguez Navas, presidente del Consejo de Estado, también es tomasino y hoy hace parte de la Sección Tercera del máximo tribunal de la justicia contenciosa administrativa.
Su consagración al estudio de las disciplinas jurídicas lo han llevado a convertirse en derecho administrativo, en su alma mater bumanguesa, y en derecho minero-energético de la Universidad Externado de Colombia. Es magíster en Derecho Público de la Universidad de Konstanz, en Alemania.
Antes de llegar a la alta corte hizo historia en la que algunos llaman, mitad en broma y mitad en serio, “justicia de cuello blanco” por las grandes cuantías que suelen estar en juego en los pleitos. En efecto, fue árbitro del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Según el Consejo de Estado, antes de lucir la toga de juez de la República fue asesor de varias entidades públicas nacionales y regionales y trabajó como decano de la Facultad de Derecho de la Santo Tomás, seccional Bucaramanga, de donde fue llamado a trabajar como magistrado de la Sala de Descongestión para los tribunales administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar y como conjuez del Tribunal Administrativo de Santander.
Los dos tienen fama de buenos profesores, pero por su nivel de exigencia suelen ser considerados “cuchillas”.
También le puede interesar: La llegada de Arturo Char a la Corte Suprema se le va volviendo inevitable
