Desde que en mayo se debatió en Blu Radio la venta de Cafesalud al grupo Prestasalud, se sembraron muchas dudas sobre la factibilidad económica y la eficacia de esa transacción. Se iban a ver severamente afectadas tanto la estructura financiera de la liquidación como la prestación del servicio a los 5,6 millones de usuarios que en ese momento estaban afiliados a dicha EPS.
Las razones para cuestionar “el negocio” son abundantes: por un lado, de los $1,4 billones ofrecidos y aceptados por el proponente Prestasalud y los agentes liquidadores y la Supersalud, más de $400 mil millones constituyen un canje entre las deudas de Cafesalud y algunas de las IPS que conformaron el consorcio comprador, entre ellas, el Grupo San José, Fundación Saint, Fundación Esensa, Servicio Aéreo Medicalizado y Fundamental MedicalFly, Medplus Medicina Prepagada (de exsocios de Carlos Palacino), Medilaser y Centro Nacional de Oncología, varias vinculadas por presuntos actos de corrupción en el sector.
El resto podrá ser pagado en cuotas por cinco años. Es decir, nada entrará como efectivo inmediato para atender las acreencias pendientes y el saldo será alimentado en parte por el pago a futuro de cada uno de los 5,6 millones de afiliados que quedaron bajo su tutela, pago hecho por el mismo gobierno –en el régimen subsidiado– y por los usuarios del contributivo.
Cuenta además la revista Semana que fue necesario para este cambalache que Prestasalud creara otra sociedad compradora y, a la vez, Cafesalud se escindiera en dos, a saber: Newscos y la IPS Esimed. Al final, si se divide el monto total de la compra, de $1,4 billones, por el número de asignados, 5,6 millones, el negocio se hizo del modo más mercantil: un equivalente de entre 85 y 90 dólares por cada cabeza, como clientes de un supermercado.
Los reparos de la Procuraduría y demás entidades de control sobre la verdadera palanca financiera para ese “nuevo modelo de negocio” en salud tuvieron como respuesta que el grupo español Ribera, del cual es propietario en un 50 % la compañía norteamericana Centene Group, se comprometiera a capitalizar la operación: que adquiriría el 80 % de una de las dos nuevas sociedades y el 20 % en la otra.
Al indagar sobre Ribera, “líder en concesiones administrativas sanitarias en España”, como se llama a sí misma, se descubre que su sistema de gestión ha recibido cuestionamientos, pues como gestor privado –APP en salud– se lucra de la infraestructura y de los recursos públicos. Ha reconocido además que recibe comisiones por comprarles medicamentos a los mismos laboratorios que los suministran a sus hospitales concesionados. Ya está también en Perú y Chile y es la cabeza de playa de Centene en América Latina.
https://www.elespanol.com/espana/politica/20161115/170983550_0.html
No es extraño entonces que, como fruto de tanto cambalache, en los primeros dos meses de atención al público se haya suscitado una oleada de diez mil quejas y, aún más grave, se denunciara el insólito abandono de niños pacientes con cáncer en Bucaramanga y en Cali, desafuero que no pudiera explicar el gerente al aire en Blu Radio. Tantas anomalías juntas impelieron a la Procuraduría a solicitar a la Supersalud la intervención de Medimás, el nombre que Prestasalud le puso a su EPS.
Finalmente, en un blog de Alberto Donadío en El Espectador se ha denunciado que en Medimás “decidieron anular los casi 2 millones de autorizaciones de servicios de salud que Cafesalud tiene pendientes, obligando a millones de colombianos a tener que ir (…) para solicitar (…) de nuevo el servicio que no les fue prestado”.
Si la Procuraduría cumple con velar por la vida y la salud de los colombianos, no se entiende por qué no disciplina a quienes, en vez de resolver en Cafesalud los desmanes de Saludcoop, terminaron empeorándolos. Y que después buscaron cómo deshacerse de ella en lugar de mejorar la muy ruin atención que se brinda a los colombianos, millones de los cuales consideran la falta de salud como su mayor problema.
*Artículo publicado originalmente el 20 de septiembre del 2017.
