Poco más de un año después de asumir la dirección del Ministerio de Hacienda, el economista de la Universidad Nacional, Ricardo Bonilla González, quedó entre la espada y la pared. Todo por cuenta de las declaraciones que le dio Olmedo López a la Corte Suprema de Justicia y que fueron reveladas por Noticias Caracol, algo que se llevó por delante al magistrado Héctor Alarcón.
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Según el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministro habría estado presente en cónclaves realizados en la Casa de Nariño y habría ordenado direccionar contratos de la entidad para comprar congresistas, la mayoría pertenecientes a las comisiones encargadas de los temas económicos. Esto lo puso inmediatamente en el ojo de la Fiscalía General de la Nación, que le abrió una investigación preliminar a él, al Exmininterior Luis Fernando Velasco, al director nacional de Inteligencia Carlos Ramón González y a la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz.
Ya Bonilla pidió ser escuchado por la Fiscalía
El economista bogotano corrió entonces para preparar su defensa y rápidamente radicó una solicitud para dar una declaración juramentada, a la cual se le van a sumar una serie de documentos con los que se busca demostrar que no hubo ningún tipo de irregularidad dentro del Ministerio. Detrás de esta estrategia está Javier Torres, un joven abogado que terminó su pregrado recién en 2017 y que fue el escogido para ser el apoderado de Bonilla.
Torres cuenta con experiencia en el Consejo Superior de la Judicatura y en la Comisión Nacional del Servicio Civil; sin embargo, su llegada a este importante caso se da gracias a su labor en MPa, el bufete de abogados del poderoso Mauricio Pava, penalista cercano al gobierno y que defiende los intereses del presidente Gustavo Petro, donde trabaja desde febrero de 2018 en la Unidad de Litigios.
Según Torres, los tres contratos de los que habló Olmedo López en El Carmen de Bolívar, Cotorra y Saravena, que suman $92 mil millones y que son el centro de la polémica con el Minhacienda, correspondieron a solicitudes expresas de los congresistas ante la afectación por el Fenómeno del Niño que sufrieron las comunidades de esas regiones y siguieron los procedimientos legales.
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