El descubrimiento de chuzadas al sistema telefónico de periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y magistrados en Colombia volvió a poner sobre el tapete el peligro que reviste pensar y decir lo que se piensa, y, de otro lado, que al interior de las fuerzas militares hay quienes se prestan para hacer este tipo de seguimientos a quienes consideran enemigos del sistema. Grave a todas luces.
Las denuncias de la revista Semana sobre las verdaderas razones del retiro del general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, directamente relacionadas con el espionaje a las llamadas telefónicas de varios ciudadanos, ponen de manifiesto que todo cuanto se dice y se hace, incluso, lo que se escribe, puede estar siendo visto con el filtro de “peligrosidad” para el establecimiento. Hacia ese objetivo se ha direccionado la utilización de los equipos de última generación de que disponen algunas unidades militares.
No es algo nuevo. Hace casi diez años, el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estuvo inmerso en un escándalo por chuzadas que, igual, incluía a periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y magistrados.
Lamentable para la institucionalidad y, en particular, para el ejército, encargado de un aspecto tan relevante como la seguridad para la ciudadanía, la salvaguarda de la soberanía nacional y el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Cabe recordar que el desempeño del general Nicacio Martínez estuvo rodeado de escándalos, y deja una larga estela sobre la que difícilmente podrán echar una cortina de humo, como el pretendido atentado al presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño.
Los colombianos reclamamos investigaciones que den con los responsables, porque no son todos los militares quienes están comprometidos. Pero ese grupo reducido que violenta el derecho a la libre expresión, a través de estas chuzadas, empaña lo que están haciendo en cumplimiento de su obligación constitucional que les asiste, aun cuando el presidente Iván Duque esté empecinado en vender a nivel internacional la imagen de Colombia como un paraíso.
Interceptaciones intimidantes
Estas interceptaciones ilegales resultan intimidantes. Ninguno de quienes tenemos una opinión contraria podríamos estar exentos de que nos escuchen al otro lado de la línea. Ahora pensar distinto y aún, cuestionar al gobierno, no es un delito sino un derecho inalienable en todo país que se precia de respetar la libertad de expresión. Pero tal como luce el panorama, estoy seguro que junto conmigo, los que hacemos crítica desde nuestros escritos, no nos sentimos seguros. Tampoco los líderes sociales, sea cual fuere su expresión: desde los sindicalistas, pasando por los dirigentes campesinos, estudiantiles, comunales, hasta defensores de derechos humanos.
Estos hechos desdicen de un gobierno que sigue la ideología del hoy senador, Álvaro Uribe Vélez, en cuyos dos períodos de presidencia se presentaron desapariciones forzadas, muertes de líderes sociales, y censura al ejercicio periodístico. En ese aspecto, no es nada nuevo. Es el reflejo de lo que ya ocurrió en la historia reciente.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó esta situación y reclamó una investigación que genere resultados. Alrededor de este pronunciamiento, todos debemos cerrar filas.
No cabe menos que reclamar la solidaridad internacional de quienes escriben sobre lo que piensan, de aquellos que en la intelectualidad encuentran el ambiente propicio para proponer y generar cambios, de tal manera que lo que está ocurriendo en Colombia no pase inadvertido. Es por razones humanitarias, en un país en el cual escribir lo que se piensa, podría ser otra forma de suicidio…
