El discurso anticorrupción ha sido un factor transversal y permanente en las campañas presidenciales 2022-2026, hasta el punto de ser una de las principales propuestas de los candidatos presidenciales que pasan a segunda vuelta. Más allá de la contienda electoral, es necesario recordar por qué la causa anticorrupción genera un alto interés en la ciudadanía y, principalmente, la responsabilidad que implica el uso de este discurso por parte de los candidatos a la Presidencia de la República.
El interés por enfrentar la corrupción responde a una situación más amplia que el contexto electoral que vivimos actualmente: el llamado ciudadano en contra de la corrupción y el descontento con la forma como se ha gobernado al país. Desde hace más de una década, distintas encuestas e indicadores muestran la profunda preocupación que la corrupción genera en la ciudadanía.
En 2018, la importante votación que obtuvo la Consulta Popular Anticorrupción unió a una sociedad en un llamado público a actuar de manera decidida en contra el abuso del poder. Recientemente, las movilizaciones sociales entre 2019 y 2021 han sido claras en expresar ese sentimiento de estancamiento y frustración ciudadana ante la falta de resultados efectivos. Es claro que como país queremos y necesitamos hacer más para pasar del discurso anticorrupción a una mayor conexión con la realidad.
Luchar contra la corrupción implica el fortalecimiento y el respeto por la democracia, los derechos humanos, la equidad, el medioambiente y el progreso económico, es decir, la defensa del bien común. En varios países el discurso anticorrupción favoreció el triunfo de candidatos no vinculados a poderes tradicionales, y su uso equivocado ha justificado la afectación derechos fundamentales y garantías democráticas. Debemos evitar esa falsedad. La lucha contra la corrupción no puede ser usada para debilitar la institucionalidad democrática.
Transparencia por Colombia hace un llamado a las candidaturas presidenciales a asumir una alta responsabilidad al usar el discurso anticorrupción, y a la ciudadanía a tener presente esa misma responsabilidad al momento de decidir. El próximo presidente de la República tiene la gran tarea de superar una década de estancamiento en el avance de la lucha contra la corrupción, y de responder a una gran expectativa por parte de una ciudadanía que está exigiendo resultados, pero siempre en el marco del respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos.
Desde la sociedad civil, en alianza con múltiples sectores, seguiremos velando por una lucha contra la corrupción genuina y orientada a la defensa del bien común, más allá de las coyunturas electorales, y a mantener el llamado a la responsabilidad para que las promesas de campaña lleguen a resultados concretos.
