El 26 de septiembre del 2014 los muchachos de la escuela Normal Rural Raul Isidro Burgos de Ayotzinapa, estado de Guerrero hicieron lo que obligaba la tradición: ir a Ciudad de México a hacer presencia en una conmemoración más de la masacre de la plaza de Tlatelolco en donde 88 estudiantes fueron asesinados a sangre fría por el ejército mexicano en 1968. Campesinos, hijos de sindicalistas rurales, los normalistas eran luchadores aguerridos. Durante generaciones acostumbraron a secuestrar durante unas horas buses de transporte público para ir a México a la conmemoración anual. Ese año el clima estaba tenso.
Desde que llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto mostró su intolerancia hacia ese tipo de protestas. En un país sometido a los carteles de la mafia, el presidente entrante señalaba a las protestas estudiantiles como un foco de terrorismo. Entre el 2013 y la terrible noche de Iguala la policía había abierto fuego contra 23 estudiantes. Los muchachos esa noche sabían el peligro que corrían y aún así actuaron. En la terminal de Iguala, a menos de doscientos kilómetros de la Ciudad de México, los normalistas salieron en cinco buses: dos estrellas de oro, dos Costaline y un Estrella Roja Ecotour. La policía ya estaba informada de los movimientos y lo único que hicieron fue activar el plan preconcebido: atacar con toda la fuerza que tenían a los muchachos que iban desarmados.
A las 9:30 de la noche empezaría a desatarse el infierno sobre los estudiantes. En las esquinas de las calles Juan N. Alvarez y Periférico Norte, una camioneta estaba parada en la mitad de la avenida. Cinco estudiantes se bajaron del bus para moverla. Allí apareció la policía. Aldo Gutierrez Solano, de 18 años, uno de los jóvenes activistas con mayor proyección política dentro de la Institución, acompañado por Daniel Solís Gallardo, de 16, empezaron a pelearse con la policía municipal quien, sin mediar palabra, desenfundó sus armas y disparó sobre los muchachos. Solís Gallardo murió en el acto y Aldo Gutierrez, herido, consiguió subirse al bus. Los estudiantes alcanzaron a alertar al grupo que iba en otro bus para que los ayudaran. Un puñado alcanzó a escapar. Algunos fueron ayudados por la gente del pueblo, otros se escondieron entre los matorrales. Veinte de ellos fueron detenidos y llevados en camiones hasta la penitenciaría local. A la hora llegó el otro bus con estudiantes dispuesto a ayudar a sus compañeros. La policía los detuvo, mató a tres mas y se llevo a otros veintitres. De los 43 estudiantes que detuvieron ese día nunca más se volvió a saber nada.
Mientras se desencadenaba el horror, a unos cuantos metros del infierno, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Angeles Villa, celebraban haber llegado al final de su mandato. El 1 de enero del 2015 entregarían la alcaldía con lo que ellos consideraban había sido una gestión impecable. No sabían lo que les vendría encima. En la investigación impulsada por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, lo que después se conocería como la Historia Oficial, ellos eran los principales y únicos culpables de la desaparición de los muchachos. Según la Procuraduría de México Abarca tenía vínculos con la Banda Delincuencial Guerreros Unidos quien, en una acción programada con la Policía Municipal, habría reprimido a los muchachos que presuntamente pensaban sabotear la celebración que se realizaba en Iguala. En los primeros días de octubre fueron encontradas una serie de fosas comunes cerca a la calle donde se presentó el ataque. Eran restos calcinados a los que difícilmente se los podría hacer una prueba de ADN. La Procuraduría consiguió, a punta de tortura como después se pudo comprobar, testimonios que implicaban a Abarca y a su esposa quienes, rodeados por los rumores, se dieron a la fuga. Fueron detenidos unas semanas después. Aún están presos.
Esa versión es la que aún sostiene Peña Nieto a pesar de que las pruebas indican lo contrario. La versión oficial no era consistente y debido a la presión internacional y la de los familiares de los desaparecidos La Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, compuesto por los abogados colombianos Alejandro Valencia y Ángela Buitrago, la guatemalteca Claudia Paz y Paz, el chileno Francisco Cox y el español Carlos Beristain quienes en dos informes entregados desmontaron con facilidad la versión oficial, descubrieron que los testigos de la Produraduría habían sido torturados y no encontraron evidencia de que esos restos calcinados pertenecieran a los estudiantes. El Gobierno de Peña Nieto decidió no extender el mandato del Grupo de Expertos y tuvieron que dejar México en octubre del 2016.
Pasaron dos años hasta que Manuel Lópe Obrador reemplazó a Peña Nieto. Una de las primeras acciones que sostuvo como presidente fue reunirse con los familiares de los muchachos. Se creará una nueva comisión y no habrá tregua hasta saber la verdad. José Luis Abarca y su esposa siguen presos. Fueron condenados a veinte años de cárcel por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Entre sus delitos no aparece el de desaparición forzada. ¿Por qué Peña Nieto nunca quiso saber la verdad sobre Ayotzinapa? Este será uno de los retos que afrontará el nuevo gobierno de AMLO.
