Cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia en agosto de 2022, una de las primeras decisiones que tuvo que tomar fue la de mantener o reemplazar a las cabezas de las 10 Superintendencias que había dejado nombrados Iván Duque, su predecesor. Entre esas entidades había un cambio que estaba más que cantado, el de la de Salud y más teniendo en cuenta las diferencias que ya tenía el Presidente con Fabio Aristizabal Ángel. Entonces, el elegido para ocupar el cargo fue Ulahy Beltrán, quien llegó recién arrancado el gobierno.
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El barranquillero es médico cirujano de profesión y cuenta con una extensa formación que incluye una Especialización en Gerencia de Servicios de Salud otra en Seguridad Social. Esto, sumado con su experiencia como asesor de la Contraloría y como gerente de hospitales públicos dejaba entrever que su perfil podía ser idóneo para el cargo. Sin embargo, había un lunar en su pasado que lo persiguió desde su nombramiento hasta su salida del Gobierno e incluso ahora, cuatro meses después.
Antes de llegar a ser Superintendente, cargo al que llegó como recomendado de Armando Benedetti y del clan Torres, Beltrán había sido gerente del Hospital Universitario CARI E.S.E. en Barranquilla, paso que fue cuestionado por presuntos actos de corrupción que lo dejaron con procesos abiertos en la Contraloría y en la Procuraduría.
Estas investigaciones no fueron impedimentos para que Petro cumpliera un compromiso de campaña al nombrarlo, pero sí terminaron dictando su salida en febrero de 2024, fecha en la que presentó su renuncia dándole lugar al también médico cirujano Luis Carlos Leal.
El contrato que tiene al Ex Supersalud con la soga al cuello
Ahora, ya fuera del Gobierno, el barranquillero finalmente tendrá que responder por el escándalo que lo lleva persiguiendo tres años. La Procuraduría, hoy dirigida por su paisana Margarita Cabello, cerró su investigación y concluyó que cuando Beltrán era gerente del hospital suscribió un contrato bilateral con el consorcio gestor hospitalario del caribe por aproximadamente $12 mil millones y lo hizo sin contar con la autorización de la Junta Directiva, infringiendo las normas del hospital.
Por este motivo, el ente de control decidió en primera instancia sancionarlo obligándolo a pagar lo correspondiente a ocho meses de su sueldo de esa época, es decir, $101.852.864 millones.
