En diciembre del año pasado, luego de varios años de investigación por parte de la justicia brasileña, la constructora Camargo Correa, fundada en 1939 en Sao Paulo, admitió prácticas anticompetitivas y ajuste irregular de precios en obras para construcción y ampliación de líneas del Metro en el Distrito Federal y otros siete estados del país durante 16 años. Se trata de al menos 21 licitaciones en las que ocurrieron ajustes y prácticas anticompetitivas. La firma brasileña forma parte del consorcio CC Ituango, donde esta participa con el 55 %, en compañía de Conconcreto (con un 35 %) y Coinsa Ramon H (con el 10%), proyecto que le fue asignado en agosto de 2012 durante la alcaldía en Medellín de Anibal Gaviria Correa.
Hasta principios del 2017 Camargo Correa publicaba avisos negando el pago de sobornos en Perú y Brasil, finalmente negoció un acuerdo con el Ministerio Público de Brasil para que 40 directivos se acogieran al programa de “delación premiada” y descubrieran a 200 políticos que recibieron $ 15 millones de dólares en sobornos de la empresa, entre el actual presidente de Brasil, Michel Temer.
El Grupo Camargo Correa es un conglomerado de empresas brasileras de capital cerrado y control familiar con sede en Sao Paulo, fundado en 1939; uno de sus miembros se encuentra entre los directivos acogidos al programa de “delación premiada”. Según las investigaciones realizadas en Brasil, tanto en la Operación Castillo de Arena como Lava Jato, Camargo Correa era una de las 23 constructoras que operaban en forma de cartel para quedarse con la mayoría de las licitaciones en es país, manipulando pliegos y sobornando a funcionarios entre otras prácticas.
En marzo de 2009, la Policía Federal (PF) desarrolló la operación Castillo de Arena, que investigó indicios de fraude financiero de la constructora y actos de corrupción activa y pasiva en los casos del anillo vial metropolitano de Sao Paulo Rodoanel Mario Covas y la Linea 4 del Metro de Sao Paulo. Las investigaciones de la PF apuntaron hacia donaciones ilegales a siete partidos políticos, aunque posteriormente fueron desautorizadas por legalismos que impedían que los documentos incautados pudieran ser llevados a juicio, el acuerdo actual con la justicia incluye volver sobre esta información, donde aparecen diversos pagos entre 2005 y 2008, durante el gobierno de Alejandro Toledo y Alan García.
En noviembre del año pasado, la Fiscalía de Perú anunció que tenía documentación sobre el pago de un soborno de al menos $ 3,9 millones de dólares al expresidente peruano Alejandro Toledo a través de empresas “offshore” del empresario israelí Yosef Maiman, supuesto testaferro del exmandatario. El pago ilícito se realizó a cambio de favorecer a la constructora en la adjudicación del tramo IV de la carretera interoceánica del sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta su frontera con Brasil. Se estima que la cantidad recibida por Toledo en esta operación puede alcanzar los $ 5,4 millones de dólares, equivalentes al 5 % del contrato para la construcción de la carretera.
Las revelaciones del informe de la Policía Federal relacionados con la Interoceánica no solo están relacionados a los últimos días de Toledo en el poder, también comprenden los años del gobierno de Alán García que es el período en que se dieron los incrementos de inversión en la carretera. Uno de los documentos detalla pagos mensuales de $ 175 mil dólares durante este período.
Pero la carretera Interoceánica del Sur no es el único caso en el Perú. La fiscalía peruana también comprobó un depósito de USD 55 mil en una cuenta en el Ocean Bank, en La Florida, Estados Unidos, a nombre de Enrique Saco Jaramillo, relacionado con Enrique Sarmiento Soto, el fallecido ex ministro de Vivienda y Construcción, en el segundo gobierno de García, que sería un soborno por la adjudicación de Planta de Tratamiento de Agua de Huachipa. Se dice que los diversos cuadros de pagos entregados, incluyen el pago a varios funcionarios por más de $ 2.750,000. La obra se adjudicó al consorcio integrado por Camargo Correa de Brasil y OTV de Francia, en el segundo gobierno de Alan García.
Bolivia también está en la mira. Según la Policía Brasileña, Camargo Correa distribuyó $ 4,3 millones de dólares en sobornos en Bolivia en relación al a autopista Roboré-El Carmen, dineros entregados en 2009. El proyecto que costó $ 118,93 millones de dólares y financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), fue adjudicado en el gobierno de Carlos Meza época en que se detallan pagos 550 mil dólares, firmado por el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé y la obra supervisada y completada en la presidencia de Evo Morales.
En Hidroituango, proyecto sobre el cual EPM asumió en agosto de 2010 la financiación, operación, construcción y mantenimiento, las obras de construcción de la presa, central de máquina y demás obras asociadas, le fueron asignadas al consorcio CCC Ituango, quién realizó la oferta más económica, por $ 1 billón 884 mil millones. La mayor crítica al proceso de adjudicación, se centró en el supuesto favorecimiento al consorcio ganador. Jairo Hoyos Gómez, uno de los miembros de la junta directiva de la firma Coninsa Ramón H. entre 2001 y 2011 había sido nombrado presidente de Integral en julio de 2009, empresa que tuvo a cargo los diseños de Hidroituango. EPM tenía la posibilidad de eliminar al consorcio CCC Ituango por esta condición, pero prefirió solo preguntar si Hoyos Gómez había participado directamente en los diseños, ante una negativa, EPM permitió que CCC continuara. Otra observación, tuvo que ver con la modificación del pliego de condiciones cinco días antes de cerrarse la licitación. El cambio se hizo sobre la experiencia de los proponentes, lo que afectó al segundo en competencia, la Unión Temporal Aoco.
La Fiscalía esta investigando estas y otras denuncias, así como posibles pagos irregulares en la contratación de la central hidroeléctrica, y que hasta el momento hay tres líneas de investigación por parte de la Fiscalía, que incluye la fase precontractual de la adjudicación del proyecto y en la celebración de los contratos. Miller Soares Rufino Pereira, el gerente de Camargo Correa en Colombia, ha indicado que el consorcio CCC cumplió todas las exigencias de los pliegos, y es el consorcio el responsable de la ejecución de Hidroituango, no la constructora.
No es la primera vez que EPM se asocia en distintos proyectos con la brasilera que tiene presencia en Colombia desde hace 20 años. Ha construido la planta de aguas residuales de San Fernando, en Itagüí, y la central hidroeléctrica Porce III (Nordeste Antioqueña).
