Esta es una historia verdadera ocurrida en Pasto, en donde el funcionario de un Centro de Depósitos Judiciales, hizo desaparecer setenta (70) vehículos que habían sido aprehendidos por la Policía o por Tránsito con una orden judicial.
Los hechos de la denuncia de uno de estos casos que cursa bajo el No. SPOA 520016099032 2021 54183, comenzaron en la mañana del 4 de agosto de 2016, cuando unidades de la Policía Metropolitana de Pasto —con una orden vieja del Juzgado 1 Municipal de Cali— aprehendieron e inmovilizaron el vehículo QGZ-012, que aparecía como de propiedad de Gloria Mojica, demandada en el proceso ejecutivo No. 2012-00025.
El rodante había sido comprado con traspaso abierto por un ciudadano pastuso quien inició un costoso viacrucis para recuperarlo. El automotor fue llevado por los patrulleros apenas el 8 de marzo de 2017 (siete meses después de la inmovilización) al Centro de Depósitos Judiciales, ubicado en el Lote 2 del corregimiento de Catambuco, donde lo recibe Darío Alejandro Rosero Chaná, quien suscribe el "acta de entrega" como responsable del lugar debidamente autorizado por la Rama Judicial.
Mientras tanto, el agobiado propietario del automotor bregaba, a través de su apoderado, ante el Juzgado 3o. de Ejecución de Cali para su entrega, pues el proceso termina por pago total de la obligación. Por fin, el 1 de marzo de 2021, el Juzgado 3 emite la orden de entrega del automotor a su incansable reclamante poseedor quien recibe los oficios dirigidos a la Policía Nacional (Sección Automotores) a la Secretaría de Transportes de Cali para cancelar la orden de aprehensión y, finalmente, al Centro de depósitos judiciales de Pasto (Oficio CYN/003/685/2021) para que le entreguen su añorado vehículo, un Mazda sedán, color negro, con rines de lujo y full equipo de sonido.
Muy temprano, el 5 de abril, el paisano llega en taxi acompañado de un mecánico que lleva una batería bien cargada, ufano y sonriente al parqueadero de Catambuco, en plan de prender y retirar su vehículo, previo pago de la tarifa que le habían dicho podría superar el millón de pesos, pues se sabía extraoficialmente que cobraban diez mil pesos por cada día. Ahí recibe la extraña noticia de que ese parqueadero había sido cerrado pero que los carros habían sido llevados al Parqueadero Judicial Nissi S.A.S. que opera en el sector más alto del barrio La Minga, de Pasto.
Sin perder la fe, con el oficio en la mano, el paisano y el mecánico arriban al encumbrado parqueadero de La Minga, timbran y son atendidos por el señor Fabián Lagos, responsable del establecimiento, a quien le entregan la orden y él les dice que esperen, pues efectivamente confirma que había recibido unos vehículos del Centro de Depósitos Judiciales de Catambuco.
Tras minutos eternos, reaparece en la puerta del inmenso garaje el encargado y con voz glacial les dice: -Lamento informarles que ese carro no está en la relación que me pasaron del Centro de Depósitos Judiciales de Catambuco. Asombrados averiguan por más detalles: Solo sé —dice el encargado— que de cien carros que había ahí, desaparecieron setenta y aquí solamente trajeron treinta y el suyo no está entre éstos.
La triste conclusión es que 70 automotores inmovilizados por la Policía o el Tránsito Municipal de Pasto, que fueron llevados a un depósito que se dice oficial —con registro ante la Cámara de Comercio y la DIAN y seguramente inscrito ante el Ministerio de Justicia o la Rama Judicial— desaparecieron como por arte de magia y nadie da razón de nada.
¿Habrá alguien que responda por estos hechos? ¿Quién controla estos parqueaderos? ¿La SIJIN habrá logrado recuperar algunos de esos vehículos? ¿Se habrá iniciado alguna investigación seria por estos hechos? ¿Son confiables estos parqueaderos que se llaman oficiales? ¿Sus tarifas han sido autorizadas? ¿Es responsable patrimonialmente el Estado por estos hechos?
¡Muchas preguntas, pocas respuestas...!
