Contexto internacional y nacional
La oleada de protestas en Colombia tiene relación con el desbarajuste que en la vida cotidiana y la economía mundial causó la cuarentena adoptada en la mayoría de países para controlar la expansión del coronavirus, al frenar la producción y movilidad desencadenando la quiebra de numerosas empresas y aumento del desempleo.
También se encadena con la crisis del modelo neoliberal experimentado en la dictadura de Pinochet desde mediados de los 80, antes de generalizarlo en la economía mundial y que se fundamenta en el desmonte del papel regulador del Estado en el manejo de la economía y control y prestación de servicios públicos esenciales como la salud, educación, seguridad social, entre otros, que fueron entregados al sector privado y fondos de inversión que los convirtieron en rentables negocios.
Tiene que ver con las grandes movilizaciones de los “chalecos verdes” en Francia, desde 2018, contra el desmonte de la seguridad social y la privatización de servicios públicos y reformas laborales que perjudican a los pensionados y trabajadores, aplicadas por el presidente Macron, siguiendo las políticas neoliberales en boga, al igual que las multitudinarias marchas del 2019 y 2020 en Chile, contra la privatización de la educación y por el cambio de la Constitución de Pinochet, y en el Ecuador en 2019, rechazando alzas en los combustibles presionadas por el Fondo Monetario Internacional, FMI.
Fueron campanazos de alerta ante descontento masivo contra el manejo de la economía mundial a favor de poderosos grupos financieros que tienen a los países endeudados y sujetos a rígidas cuotas para amortizarles las deudas y obligados a reformas tributarias que afectan a la mayoría de población sobre la que recargan impuestos, mientras se los exoneran a la minoría de los más ricos.
En Colombia el sacudón se expresó antes de la cuarentena, el 21 de noviembre de 2019, cuando después de grandes manifestaciones en las principales ciudades, el gobierno propuso conversaciones, pero sin negociar puntos concretos, buscando adormecer la movilización que de nuevo fue convocada para abril de 2020 y que obligatoriamente quedó confinada después que el presidente Duque decretó cuarentena obligatoria para prevenir la difusión del COVID-19 y de refilón las marchas anunciadas.
En medio del encierro y el gobierno por decreto y sin control del Congreso, el descontento de la población siguió cocinándose a fuego lento hasta que en septiembre de 2020 explotó, a raíz del asesinato de Javier Ordóñez, golpeado en un CAI en Bogotá, desencadenando represión desbordada de escuadrones del Esmad y uniformados que por primera vez dispararon indiscriminadamente contra la población, inaugurando una tendencia replicada en futuras movilizaciones y diferentes ciudades, estimulada por el silencio cómplice del presidente Duque y declaraciones atizadoras de su sombra Álvaro Uribe y varios dirigentes del Centro Democrático, partidarios de imponer “la ley y el orden” a sangre y fuego, y que en el Congreso presentaron un proyecto de ley para autorizar el porte de armas para los autoproclamados “ciudadanos de bien”.
El 28 de abril de 2021, provocada por el proyecto de reforma tributaria, la magnitud de la protesta desbordó a los organizadores del paro nacional y su pliego de peticiones, pues como en una tormenta perfecta alimentada por diversas fuentes, esta vez se juntaron los efectos del coronavirus con el estado de ánimo pesimista y la crítica situación desencadenada en la población y juventud por la pandemia, junto a las medidas restrictivas a la movilidad cotidiana y de comparendos, ejercida por la Policía. Al descontento contribuyó el congelamiento de la producción y comercio formal e informal, agravando el desempleo tradicional, femenino y juvenil, la quiebra de pequeñas y medianas empresas y numerosos emprendimientos, el empobrecimiento de la clase media y sectores populares y la demora en el inicio de la vacunación, sin olvidar pliegos de peticiones concretos y pendientes de negociar desde años atrás con comunidades, campesinas, indígenas y cultivadores de coca, entre otros.
No fue iniciativa indígena
En el departamento del Cauca y Popayán estábamos acostumbrados a que los prolongados bloqueos a la Panamericana los hicieran las comunidades movilizadas por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y en el más reciente por la minga, que no fue recibida por el presidente Duque, y se integró a organizaciones campesinas y populares como el CIMA, del macizo colombiano y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACOINC, conformados por la población afrodescendiente.
Pero en el paro nacional iniciado el 28 de abril, el descontento y la movilización contra la reforma tributaria y el gobierno se amplió a otros sectores de la población y todas las regiones de Colombia, coordinado desde Bogotá por los principales sindicatos y organizaciones estudiantiles y populares del país, mientras la minga indígena del Cauca esta vez no se concentró cerca de Popayán para obstaculizar la vía hacía Cali, como tiene acostumbrado a hacerlo, desplazándose a la sede de la universidad del Valle, en Meléndez, Cali, para participar en la organización de bloqueos al sur de la ciudad, antes de regresar a El Pital, Caldono, después de ser atacada por civiles acompañados de policías uniformados, que no hicieron nada por evitarlo y detenerlos.
La posición de los indígenas del Cauca con respecto al actual paro nacional podemos entenderla de acuerdo a lo publicado por La Silla Vacía.
“El movimiento indígena no es vertical. Lo que dice la ONIC no cubre todas las posturas regionales”, dice Katherine Duque, de la Universidad Javeriana.
Esto es incluso más claro en el caso de los indígenas del Cauca, quienes como CRIC decidieron no participar en la negociación con el gobierno nacional y dijeron el 11 de mayo que el comité de paro “no representa, ni recoge la movilización popular”.
Esta postura fue matizada en un comunicado conjunto el martes (18), en el que la ONIC, el CRIC y el comité invitaron a las marchas. Sin embargo, el CRIC sigue por fuera de las negociaciones con el gobierno.
“Vamos a negociar cuando el gobierno de garantías de cuidado de la vida y los derechos humanos. Antes no”, le dijo a La Silla, Giovani Yule, del CRIC.
Yule explicó que, aunque coinciden con las peticiones del Comité (en el que está la Onic), como el rechazo a la tributaria o a la reforma a la salud, su propuesta va más allá. “La minga está tejiendo la posibilidad de transformar el modelo de gobernabilidad, para avanzar en las autonomías locales y regionales”, dijo”.
En esta tónica el CRIC participa en el Comité de Paro del Cauca.
El paro en el suroccidente
Esta vez la participación en las manifestaciones y bloqueos a las vías principales y secundarias tuvo como epicentro a Cali y se extendió hasta el departamento de Nariño.
En el departamento del Cauca se amplió a Santander de Quilichao, Villarrica, Puerto Tejada y otros municipios donde instalaron varios retenes impidiendo el tráfico por la Panamericana hacia Cali; la vía Villarrica-Puerto Tejada-Palmira; la carretera Bolivariana entre Santander de Quilichao- Calóto-Corinto- Miranda-Florida-Pradera- Cali, afectando sensiblemente la movilidad en la región y hacía y desde los parques industriales ubicados en los municipios nortecaucanos, donde trabajan cerca de 30.000 personas que no pudieron contar con sus plantas de personal y producir, distribuir sus productos e importar materias primas.
En el caso de Popayán, aunque ha sido notoria la presencia de indígenas en las manifestaciones programadas, la audiencia creció con la participación de asociaciones de viviendistas que ocupan varios terrenos en la periferia, cultivadores de coca del sur occidente del departamento, camioneros, sindicatos de trabajadores y empleados del sector público y privado, educadores, grupos feministas, LGTBI, y “gente del común” marchando multitudinariamente en familia y respaldando a sus hijos estudiantes, que en gran cantidad y con grupos de música, danza y teatro le pusieron colorido a las marchas.
La mayoría de movilizaciones han sido pacíficas, antes que provocadores infiltrados lanzaran las primeras piedras, como sucedió en Popayán, el 28 de abril, cuando atacaron la sede de la alcaldía provocando la inmediata reacción del Esmad; el viernes 17 de mayo, cuando una multitud enardecida se reunió frente a la sede de la URI de la Fiscalía y un pequeño grupo procedió a saquearla e incendiarla, al igual que el edificio de Medicina Legal, después de conocerse el suicido de la adolescente Alison Meléndez y previo mensaje publicado en su cuenta de Facebook, denunciando el maltrato y el manoseo, “hasta el alma”, por cuatro Policías que manifestaron sus ganas de violarla antes de trasladarla a la URI de la Fiscalía, al descubrir que era hija de un Policía.
Durante estas protestas fue asesinado el estudiante del Colegio Mayor, Sebastián Quintero Múnera y varios jóvenes fueron atropellados por la tanqueta del Esmad y otros perdieron uno de sus ojos, al ser impactados por proyectiles disparados por la policía.
En la manifestación del 19 de mayo todo transcurrió en orden hasta después de las cinco de la tarde, cuando realizaban varios actos culturales y un pequeño grupo de encapuchados y saqueadores atacó el parqueadero de motos retenidas por la Policía y varios locales comerciales del centro Comercial La Estación y del barrio Bolívar, con el propósito de saquearlos, siendo rechazados por estudiantes y manifestantes y posteriormente por el Esmad, que intervino en el enfrentamiento que se desencadenó, lanzando gases que afectaron todo el sector incluido el hospital San José, donde un grupo de funcionarios de la institución y la comunidad establecieron un cerco humano en la carrera 6ª, para evitar que los choques se extendieran hasta el centro asistencial.
Corredores humanitarios y empresarios
Para afrontar la progresiva escasez de alimentos las plazas de mercado tradicionales y las improvisadas en parques públicos con productos frescos de fincas campesinas, han paliado la crisis, aunque con ligero incremento en los precios.
Con relación a paros y bloqueos anteriores este año los coordinadores del movimiento han autorizado corredores humanitarios a lo largo de la carretera Panamericana para facilitar el flujo de insumos médicos, pacientes, de combustibles y alimentos.
El de 72 horas que se abrió desde las 6 de la mañana del jueves 20 de mayo hasta el domingo 23, amplió el abastecimiento desde Pasto hasta Cali con productos como papa, cebolla, hortalizas, frutas y desde Cali con el ingreso de combustibles, gas, oxígeno y otros alimentos.
En la coordinación de estos corredores han intervenido los organizadores del paro, el gobierno departamental, la unidad de riesgos y los alcaldes de los municipios.
Sector industrial
Los directivos de los gremios empresariales no han sido invitados a participar en el Puesto de Mando Unificado, PUM, para organizar los corredores humanitarios, según expresó en el noticiero matinal de radio1040, Héctor Garcés, dirigente del Comité de Ganaderos del Cauca. También expresó que otros empresarios han solicitado ingresar al PMU buscando alternativas para que puedan circular productos como la leche, huevos, carne, frutas e insumos agropecuarios, pero sus propuestas no han sido atendidas. Se quejó de que solo les ofrecen comercializar en plazas de mercado y pierden 16.000 millones diarios, aunque les ofrecen créditos en pequeñas cuantías. Tampoco pueden atender grandes mercados nacionales e internacionales perdiendo clientes fijos.
Carlos López del sector cafetero y del Consejo Gremial, dice han suspendido mercadeo de sus productos en el país y exterior sin poder aprovechar los buenos precios del café. Tampoco han sido aceptados en el Puesto de Mando Unificado para coordinar corredores humanitarios y medidas para aliviar daños del bloqueo. Propuso mesas conjuntas para buscar soluciones a problemas del Cauca. Construir escenarios de soluciones colectivas incluyendo a los gremios del sector productivo. Unirse, construir consensos con trabajadores, empresarios, comunidades campesinas e indígenas, y afros. Reunirse todos para intercambiar ideas y propuestas. Garantizar abastecimiento para todos
A la gobernación del Cauca les han propuesto participar en soluciones temporales para los corredores humanitarios. Considera que la participación debe ser de todos y el Cauca tiene condiciones especiales que atinan a mirada especial y de fondo del gobierno nacional, que demuestra poco interés cuando en 23 días de paro solo ha venido un ministro.
Héctor Garcés, del Comité de Ganaderos del Cauca, dijo que han presentado varias propuestas para involucrar a productores pequeños en cadenas que permitan comercializar productos nacional e internacionalmente, pero con los paros prolongados estos procesos son afectados gravemente. Señaló, que “hay contradicciones en pliegos de peticiones que rechazan importación de alimentos, pero que con bloqueos quiebran a pequeños productores de leche del Cauca, y de paso favorecen las importaciones de leche en polvo”.
El Estado colombiano no va a ser capaz de generar todos los ingresos que necesitan el país y los habitantes del departamento, urge entre todos acordar un modelo de desarrollo productivo que permita convivencia de diferentes sectores productivos conviviendo en el departamento.
Consideran que deber garantizarse el derecho a la protesta, pero rechazan los bloqueos prolongados afectando al sector productivo y a quienes no participan en el paro.
Yolanda Garcés Mazorra, directora de la ANDI-Cauca, mostró preocupación por la parálisis de cerca de 90 grandes empresas ubicadas en los parques industriales del norte del Cauca, donde generan aproximadamente 30.000 empleos directos y muchos indirectos que peligran en caso de que sea crónica la interrupción de cadenas productivas establecidas desde tiempo atrás con medianas y pequeñas empresas de la región que no pueden cumplir con los pedidos en el país y el exterior. Además se corre el riesgo de que numerosas empresas trasladen sus líneas de producción a plantas ubicadas en otras regiones, lo que causaría la pérdida de empleos permanentes. Varias industrias han recortado su planta de personal.
De persistir los bloqueos serían golpeados numerosos programas de beneficio social adelantados en las comunidades de municipios vecinos a las plantas industriales, por varias fundaciones creadas por varias empresas.
De los 3 billones de pérdidas causadas en el Cauca como consecuencia de los bloqueos, según Yolanda Garcés, el 70% corresponde a los parques industriales ubicados en el norte del departamento.
Comisión de paz del Senado y acceso a parques industriales.
Mientras en Bogotá avanzan lentamente las negociaciones entre las organizaciones del comité de paro y el gobierno nacional, la Comisión accidental de Paz y Posconflicto del Senado de la República, visitó a Popayán, reuniéndose con directivos del Comité de Paro, representantes de gremios empresariales y de la fuerza pública.
En prolongada reunión con el Comité de paro, celebrada en la tarde del domingo 23 de mayo, en la Casa de la Moneda de Popayán, asistieron delegados de la ANUC, el CRIC, comunidades afrodescendientes, estudiantes universitarios, maestros, entre otros.
En sus exposiciones de tres minutos resaltaron la unidad predominante entre todos los sectores movilizados y rechazaron la violencia desmedida utilizada por la fuerza pública para reprimir las movilizaciones pacíficas, denunciando la persecución por parte de la fuerza pública y organismos de seguridad del Estado que han desatado acosado a los líderes hasta en sus viviendas, y exigieron respeto a los derechos humanos y que el gobierno intervenga con programas que mejoren las difíciles condiciones de vida de la mayoría de la población.
La reunión fue coordinada por el senador Roy Barreras, con la presencia de varios senadores integrantes de la Comisión de Paz, entre ellos los caucanos Luis Fernando Velasco Chávez y Temístocles Ortega Narváez
También estuvieron el alcalde de Popayán Juan Carlos López Castrillón, quien junto al gobernador del Cauca ha privilegiado el dialogo a las medidas de fuerza ordenadas por la presidencia, y concejales de Popayán, diputados de la Asamblea del Cauca y funcionarios del gobierno departamental, delegados por el gobernador Elías Larrahondo Carabalí, quien no pudo asistir al estar en Puerto Tejada ultimando detalles para lograr un acuerdo con los participantes en los bloqueos, que permitió despejar las vías de acceso a este municipio y a los parques industriales, facilitando el desplazamiento de los trabajadores y empleados de numerosas empresas y el flujo de víveres, alimentos, insumos, combustibles y equipos médicos.
Al final de la reunión en la Casa de la Moneda, de Popayán, después de más de cuatro horas de intervenciones de los voceros de las organizaciones participantes en el Comité de Paro, el senador Roy Barreras leyó las siguientes conclusiones:
La Defensoría y la Procuraduría con acompañamiento de la OEA y Naciones Unidas aceptaron propuesta de Comisión de Paz para establecer por separado un Puesto de Mando exclusivamente para verificación de denuncias de Derechos Humanos y seguimiento a victimización o revictimización.
Recibimos todas las voces que reconocen y la Comisión de Paz así lo hace, el espíritu dialogante ejemplar de los gobernantes civiles locales del Cauca y Popayán, el camino del diálogo y de la comprensión que aquí se ha demostrado es el camino que esperamos se imponga.
Se solicita al gobierno nacional que derive urgentes recursos líquidos que permitan generar planes de empleo de emergencia para los jóvenes, en las ciudades que han expresado su protesta, que son casi todas.
La comisión acompañó la exigencia de rectificación del gobierno nacional por la estigmatización de los jóvenes líderes sociales que fueron denunciados públicamente y sin fórmula de juicio, poniendo en riesgo su vida.
La comisión recogió el interés de hacer seguimiento a los casos de abuso sexual o de delitos contra la integridad sexual de la mujer y de dos casos específicos que serán revisados junto con las abogadas y los juristas que le hacen ese seguimiento a esos procesos.
La comisión considera indispensable empoderar a los mandatarios locales y regionales de Colombia para que tengan recursos e instrumentos para dar respuesta social y no represiva a las demandas que persisten y que persistirán.
Se recogieron recomendaciones jurídicas de diferentes vocerías, y se asegurará el desarrollo de diferentes normas legislativas, de proyectos de ley que deben ser aprobados, de acuerdos como el de Escazú que debe ser aprobado, y otros que al contrario, deben ser derogados porque son nocivos.
“En la reunión sostenida en Puerto Tejada, entre líderes del Comité Municipal de Paro, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, (ACONC), la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía Municipal, la Gobernación del Cauca y el sector empresarial, se logró determinar en un lapso de 15 días, abrir los puntos de bloqueo para el corredor empresarial y comunidad en general mientras se avanza en el cumplimiento del pliego de condiciones expresado por los líderes y lideresas del paro, en el marco de empleabilidad, responsabilidad social-empresarial, garantías laborales, medio ambiente y derechos humanos”, según informa Proclama del Cauca.
Con las mesas de concertación se busca llegar a acuerdos contundentes para evitar más bloqueos”.
La senadora Paloma Valencia denunció que varios senadores, entre ellos los caucanos Luis Fernando Velasco y Temístocles Ortega, impidieron que representantes de los gremios empresariales del departamento fueran escuchados en la reunión convocada en Popayán por la Comisión de Paz del Senado.
Ver: Acuerdan desbloquear vías en Puerto Tejada
Yolanda Garcés, directora de la ANDI-Cauca, informó que aunque el domingo 23 se acordó despejar la vía, en la mañana del lunes 24 de mayo, persiste el bloqueo entre Villarrica y Puerto Tejada. También en el sector de El Hormiguero, que comunica con Cali. Los asentados en este sitio anunciaron que ellos no dependen de la coordinación del paro en el Cauca sino de la del Valle. Igualmente en la carretera a Candelaria, cerca al corregimiento El Ortigal, del municipio de Miranda, persiste un taponamiento adelantado por comunidades campesinas e indígenas. Para afrontar esta situación tendrán que coordinar entre los representantes del gobierno nacional, de los empresarios, los gobernadores del Cauca y Valle y alcaldes de los municipios fronterizos.
El martes 25 por el centro de Popayán desfilaron cerca de 300 personas protestando por los bloqueos a las vías de acceso, mientras para el 26 está programada otra movilización nacional organizada para las capitales de departamento por los organizadores del paro nacional.
En la noche del martes, la estación de Policía de población de Timbio, a 30 minutos de Popayán, fue atacada por un grupo armado de las disidencias de las Farc, causando zozobra entre los habitantes que hace muchos años no experimentaban situación similar, mientras en el sector rural del municipio de Suárez fueron asesinadas tres personas.
