El Grupo de Lima es un bloque regional conformado por 14 países de la región. Fue fundado en el año 2017 como instancia multilateral, con el objeto de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis política en la República Bolivariana de Venezuela, el restablecimiento de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la entrega de plenas garantías a los sectores políticos de oposición, así como también al restablecimiento del orden institucional y apoyo a la crisis humanitaria que se ha generado en consecuencia del desplazamiento hacia otros países de más de 2 millones de venezolanos, quienes buscan mejores condiciones económicas para mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias.
Tanto el gobierno de Maduro, como los defensores del régimen chavista, le atribuyen la crisis a “la derecha venezolana” y a los vecinos, a quienes señalan de estar recibiendo “órdenes del Departamento de Estado de los EE. UU.” con el fin de orquestar una “intervención militar en ese país”, colocando un manto de duda sobre las verdaderas razones que han generado la crisis. Estas razones son la hiperinflación y devaluación de la moneda y la caída del precio del petróleo las cuales despilfarran las rentas petroleras para destinarlas a financiar las Fuerzas Armadas, para garantizar su apoyo sosteniendo la dictadura reinante.
A diferencia de Cuba, que pese al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los EE. UU. por más de 60 años, se ha destacado por los importantes logros alcanzados en materia de educación, salud y seguridad alimentaria, con una tasa de alfabetización que, según datos de la Unicef (el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), alcanza el 99.8% con un sistema de salud que se ha convertido en uno de los más reconocidos por la comunidad internacional, y con una tasa de mortalidad que la coloca como una de las más bajas en la región, pues en el año 2017, fue de 4,0 por cada mil recién nacidos, reflejando una mayor atención materno infantil por parte del Estado.
Contrario a lo que ocurre en la Isla de Cuba, el pueblo venezolano pese a contar con una economía fuerte, basada principalmente en la actividad económica para la explotación y refinación del petróleo para su exportación, pasa por una crisis económica y social que es cada vez más dramática con una inflación que, para el año 2019, está proyectada en 10.000.000% con una reducción del PIB de un 5% y con una proyección económica que caerá este año en un 18%. Esta crisis generará un mayor desplazamiento de venezolanos agobiados por la crisis, sumado a la falta de garantías políticas y de respeto a los derechos humanos de los ciudadanos que se oponen a ese régimen.
Como demócratas, sin pretender interferir en los asuntos internos de Venezuela, no podemos ser ajenos a la crisis humanitaria y social que afronta ese país hermano ni a la responsabilidad que le corresponde al gobierno venezolano, en cabeza de Nicolás Maduro, por el deterioro de la situación económica que prepondera y a la falta de soluciones que les permite superar la crisis política y social, reconociendo la necesidad de que este conflicto interno sea solucionado por el mismo pueblo venezolano en el marco del respeto al derecho del ciudadano a expresarse libremente, y la restauración de la democracia en ese país.
Pese a que esa instancia de coordinación se conformó para buscar solución al tema de Venezuela, a los colombianos nos debe asistir el derecho a exigirle a los organismos internacionales que en Colombia se le solicite al gobierno del presidente Iván Duque asumir la protección de los líderes sociales, quienes hoy corren riesgo y han sido asesinados a lo largo del mes de enero del presente año, cobrando la vida de 8 líderes caídos bajo las balas de los grupos criminales al margen de la ley, la impotencia de las organizaciones sociales y de derechos humanos que buscan la terminación de estas masacres, y ante la indolencia y falta de compromiso del Estado. Así mismo, se le debe exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados en La Habana, para garantizar la seguridad e implementación de los proyectos productivos acordados con los desmovilizados de las Farc, y un mayor compromiso en la lucha contra la corrupción que hoy permea las instancias del Estado, especialmente la Fiscalía General de la Nación, con un jefe incapaz de la conducción de este órgano que tiene como fin impartir justicia en el país.
