Hace 25 años el M-19 firmó la paz con el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990). Por supuesto que siempre rondarán preguntas muy justificadas acerca de la responsabilidad individual de algunos líderes del M-19 en diversos acontecimientos históricos — y no sólo en lo que respecta al turbulento asalto al Palacio de Justicia—, interrogantes angustiosos que apenas ilusoriamente quedaron enterrados aquel 8 de marzo de 1990 con la entrega de armas en el campamento de Santo Domingo, en el Cauca.
A pesar de ello, debemos reconocer que durante estos últimos cinco lustros ese grupo guerrillero le cumplió al país.
Tengo la opinión de que el proceso de paz que se adelanta actualmente en Cuba le interesa mucho menos al electorado colombiano de lo que sus héroes e intérpretes están dispuestos a admitir. La razón por la cual no interesa (u ofende, incluso) al electorado es porque existe el sentir inequívoco en los ciudadanos de que esas Farc encontraron un modo de vida en mentir y maltratar a la opinión pública, y que, además, ese sentir no les importa en absoluto.
Dice Antonio Navarro, a propósito de la efeméride, que “si los guerrilleros no se ganan el respaldo de la sociedad, la paz negociada y su papel en el posconflicto no perdurará”. Palabras sabias verdaderamente. Preguntémonos, ¿cuál respaldo han procurado estos señores del chantaje y la brutalidad? Juzgue el lector.
No obstante lo anterior, tiene razón el presidente Santos al afirmar que el proceso con el Eme es la mejor muestra de que en Colombia sí es posible una paz negociada. El jefe de Estado desde luego les estaba enviando un mensaje a los delegados de las Farc en La Habana. Pero una cosa es el M-19 y otra muy distinta son las Farc.
Pese a las atrocidades cometidas en 1985 y pese a robos, asesinatos, tomas y secuestros, el Eme ha pedido perdón en cantidad de oportunidades. Eso se le abona y por eso personajes como Antonio Navarro y Gustavo Petro se han ganado en franca lid el voto de los ciudadanos y hasta se dieron el lujo de conseguir una de las posiciones de elección popular más codiciadas del país: la Alcaldía de Bogotá.
Las Farc, en cambio, no aceptan crímenes. Todo lo quieren confundir con su disparatada jerga de palabras: que no son secuestrados sino retenidos; que ellos, los guerrilleros, en realidad, han sido víctimas; que nunca han traficado con drogas; que la verdad es que a los menores de edad los adoptan porque son campesinos desguarnecidos; que no fueron ellos los responsables del atentado terrorista al Club El Nogal pese a que la justicia les ha demostrado lo contrario y ha condenado a varios guerrilleros por los 36 muertos y los más de 200 heridos.
Así no se puede. Mientras Navarro y Petro se sometieron a las reglas de la democracia —y con ñapa, porque el establecimiento ha tolerado incluso que Petro se burle de la Procuraduría—; mientras ellos se sometieron, repito, las Farc no ceden un centímetro y, por el contrario, se vienen lanza en ristre contra todo aquel que los critique.
Por supuesto que en Colombia todos queremos la paz, pero no a cualquier precio. Que los guerrilleros no cumplan las penas que deberían, aunque difícil de digerir, es algo relativamente comprensible en un proceso de negociación, y dentro de ciertos límites. Pero lo que el país reclama es que desaparezca tanta soberbia y que reconozcan las cientos de miles de desgracias ocasionadas a Colombia.
Un ejemplo no más: en febrero de 2012 las Farc anunciaron que proscribían de todos sus frentes la práctica del secuestro con fines extorsivos. Sin embargo, la semana pasada País Libre publicó un informe que daba cuenta de que de los 288 secuestros perpetrados en Colombia el año pasado, las Farc habrían participado en más de 30 (lo que, por otra parte, da una idea de lo que podría ser el aclamado posconflicto).
Eso no es serio ni con el país ni con la comunidad internacional, que, a través de instituciones como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ha reclamado para Colombia paz pero sin impunidad para delitos de lesa humanidad. Y el secuestro lo es, y también el reclutamiento de menores, así sean de 17 años.
Buen ejemplo da el M-19 en las actuales circunstancias, ciertamente. Pero: ¿cuál paz puede llegar sin ganarse el favor de los colombianos? Y digo adrede “el favor”, porque el corazón lo dudo mucho. El papel no aguanta todo.
