Estamos atravesando una verdadera partida de ajedrez, donde una jugada improcedente o precipitada puede llevarnos a un jaque mate. Lo que ha venido ocurriendo en este primer año de gobierno de Uribe y de su presidente Duque tiene que llevar a pensar seriamente en la salida de la encrucijada en que estamos incursos, so pena de acabar con las instituciones y en vez de caminar hacia una democracia avanzada nos estemos precipitando todos los días en una sociedad inviable, en medio de un capitalismo salvaje donde rige la ley de sálvese quien pueda.
Tres elementos sobresalen de manera relevante: primero, el debate sobre la corrupción adelantado por el senador Robledo, quien con argumentos irrebatibles demostró hasta la saciedad la responsabilidad insoslayable de la clase dirigente colombiana, hundida hasta el cuello en un mar de corrupción indecible. No solamente la constructora Odebrecht, sino también, y de qué manera, el Grupo Aval y su dirigente, el banquero mayor Luis Carlos Sarmiento Angulo; y por supuesto, el exfiscal Luis Humberto Martínez Neira, quienes todos a una como en Fuenteovejuna utilizaron al gobierno para incrementar sus privilegios personales, y multiplicar sus ganancias utilizando la palanca del Estado, sembrando el desconcierto, la indolencia y la apatía en las mayorías dispersas y abstencionistas de este país.
Parece mentira que después de 12 millones de votos en la consulta contra la corrupción, desde el gobierno y el Congreso de la República hubieran hundido el afán de la ciudadanía por ponerle fin a la corruptela y, todo lo contrario, lo que queda hoy en amplios sectores de opinión, es que el mecanismo de la consulta haya sido utilizado como un instrumento electoral para conquistar altos cargos de elección popular.
Odebrecht, el Grupo Aval, Reficar, Medimás, Saludcoop, los magistrados de la toga, Hidroituango, Electricaribe, y pare de contar, mientras los niños de La Guajira y del Chocó se mueren de hambre porque los contratistas se roban la plata para su alimentación en las escuelas. La corrupción, la evasión, el contrabando, y los gobiernos “impotentes” ante semejante engendro de la violencia y de la guerra. Parece como si definitivamente esta sociedad no tuviera salvación, e irremediablemente la estirpe de los Buendía no tuviera una nueva oportunidad sobre la tierra.
A esto tenemos que agregar la triste historia de la violencia, persecución y asesinato de los líderes sociales, dirigentes de oposición democrática, indígenas, afros, campesinos, defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, como si una maldición eterna hubiera caído en Colombia desde el mismo día del descubrimiento de América. Es el teatro infernal de la guerra de las grandes mafias de la coca en el Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Catatumbo, y el Bajo Cauca Antioqueño, donde el desplazamiento de familias enteras huyendo de la violencia han elegido la diáspora por falta de alternativas para emprender los programas rentables que les permitan vivir con dignidad.
Ahora llaman a declarar en la Corte Suprema de Justicia al comandante mayor del Centro Democrático, el día 8 de octubre, a 20 días de las elecciones regionales y locales, con la gran expectativa de las consecuencias que podría acarrear en la opinión democrática, a favor o en contra de la construcción de una democracia avanzada, es decir, si este hecho no pasa de ser una farsa más para crear un héroe alrededor del “mesías”, o, por el contrario, la opinión pública democrática se pellizca y acude presurosa a las mesas de votación el 27 de Octubre.
Y, como si lo anterior fuera poco, después de un proceso de paz accidentado y complicado, cuando pensábamos que estábamos entrando en tierra derecha en la construcción del posacuerdo, cuatro dirigentes mayores del partido de la Rosa deciden volver a las armas con el argumento del incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno de Uribe y de su presidente Duque, en una acción que objetivamente hoy en día le sirve en bandeja de plata como justificación a los pregoneros de la guerra.
Y para terminar estas reflexiones, el gobierno se nos viene con la presentación del proyecto de presupuesto nacional para la vigencia del 2020, de conformidad con el artículo 346 del Constitución Nacional, donde aparece con un monto de 271.7 billones de pesos, con un aumento del 5% con respecto al presupuesto del año 2019; un proyecto de presupuesto que seguramente será aprobado sin mayores traumatismos habida cuenta la falta de iniciativa económica del Congreso, dentro de los límites y restricciones que impone el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que impide que se modifique el monto del mismo, las fuentes y los principio que lo rigen, y en donde solo hay espacio para las adiciones, recortes y traslados dentro del margen de maniobra que le permite la actual situación económica del país, que seguramente afectarán diferentes políticas públicas a costa de los programas sociales.
Además tenemos que tener en cuenta los compromisos contraídos por el gobierno con los acuerdos de La Habana, con los maestros, con los estudiantes, con las marchas campesinas e indígenas en el sur del país, con el paro cívico de Buenaventura y del Chocó, con los diferentes gremios empresariales, con los organismos internacionales, con el cumplimiento de la regla fiscal, con el cumplimiento de la defensa del medio ambiente en el amazonas, y además con los recursos públicos que tendrá que invertir para cancelar la deuda a 7 bancos, 4 de ellos del Grupo Aval, suma superior a 1.4 billones de pesos por los créditos otorgados a Odebrecht que se han perdido como producto de la corrupción.
En esta situación, a los sectores progresistas en el congreso solo les queda la posibilidad de hacer el seguimiento de la ejecución presupuestal, lo mismo que elevar las denuncias por los desvíos y las violaciones al Estatuto Orgánico del Presupuesto; y a las organizaciones sociales democráticas, adelantar las veedurías, acciones populares, derechos de petición, y demás herramientas que brinda la Constitución para exigir el cumplimiento del ejercicio presupuestal y para que los diferentes proyectos y programas que se adelanten se cumplan de acuerdo a las normas legales vigentes.
Como podemos ver, el palo no está para cucharas: solo con la unidad popular, con la construcción de un frente amplio democrático, podemos salir del laberinto en que nos ha metido la oligarquía dominante; por eso en las próximas elecciones locales y regionales podemos avanzar en la construcción de poder popular, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales del 2022.
